martes, noviembre 19, 2019
política

Por qué la ley de extinción de dominio pone en peligro la propiedad privada

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Por: David Ross y Andrea C. Salazar*

La Ley de extinción de dominio establece que el gobierno podrá incautar tus propiedades hasta 6 meses antes de juicio y venderlos aún cuando se te dictamine como inocente.

“No hay nada que nos toque tan cerca como nuestra reputación y nada de lo que nuestra reputación dependa tanto como nuestra conducta con respecto a la propiedad ajena” (David Hume)

La ley fue aprobada el primero de julio de 2019 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del mismo año. Aquí te contamos todas las consecuencias que puede traer.

¿Qué es la ley de extinción de dominio?

La ley de extinción de dominio es la confiscación de bienes de parte del gobierno por haberse visto involucrados directa o indirectamente en la ejecución de determinados delitos o la pertenencia a alguna persona acusada de cometerlo.

De acuerdo con la norma mexicana, será posible incautar bienes relacionados con los delitos de  corrupción, robo de hidrocarburos o huachicoleo, delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, trata de personas, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículo, lavado de dinero y/o extorsión. 

Las propiedades  relacionadas con el crimen serán sujetas a ser embargadas como medida cautelar  ya sean aquellas en posesión criminales, o las pertenecientes a terceros, sin importar si ellos no tuvieron relación directa con el delito.

¿Qué consecuencias tendrá?

En primer lugar, será posible asegurar bienes mediante embargo, hasta 6 meses previo al juicio. El ministerio público podrá solicitar el aseguramiento de propiedades incluso antes de haber presentado una demanda formal y estos quedarán fuera del alcance de su dueño 4 meses antes del juicio con una posible extensión de otros dos meses si se solicitara una prórroga.

Además, los bienes incautados podrán ser vendidos aún cuando aquellos a quienes se les confiscaron sean declarados inocentes o incluso antes de la sentencia definitiva. Es importante destacar que si la acción fuera declarada improcedente en la sentencia dictada por el juez, el gobierno podrá realizar una venta anticipada de los bienes, cuyos ingresos serán depositados en la cuenta especial del gabinete social de la presidencia, el cual determinará su uso a discreción.

En este sentido, todas las ganancias que se obtengan de la venta de propiedades relacionadas con esta ley no serán añadidas al presupuesto ni recibirán aprobación del congreso para su uso como en la mayoría de los casos, sino que irán a parar de forma directa a manos del poder ejecutivo.

¿Por qué se la ha calificado de arcaica?

A pesar de que en otros países del mundo la tendencia es un proceso judicial publicista en el cual se presuma la inocencia, esta ley utiliza procesos inquisitoriales similares a los de la Edad Media, ya que los órganos de justicia asumen a los acusados como culpables y dejan en ellos la responsabilidad de probar lo contrario. Cabe destacar que este proceso inquisitorial es un rasgo característico de los gobiernos totalitarios.

Además,  permite romper el secreto bancario y la confidencialidad inclusive cuando no exista una vinculación a proceso. Es decir: el gobierno puede comenzar a investigar asuntos confidenciales antes de que los afectados sepan que hay un proceso en su contra, dejando en clara desventaja la defensa de las personas, rompiendo el principio de igualdad de las partes.

¿Alguien se atreverá a decir que esto es para el bien común? Si el bien común nace de la certeza de que nadie será despojado de sus propiedades, pero es el gobierno quien despoja, ¿qué se puede esperar? 

Las observaciones anteriores hacen evidente que las leyes de extinción de dominio son completamente nocivas porque interfieren con el intercambio de información voluntario dentro de la sociedad; la propiedad debe ser estable y fijada por reglas generales y aunque el público sea la víctima, ese daño momentáneo se encuentra ampliamente compensado por la continua validez de la regla y por la paz y orden que establecen esta tradición en la sociedad. 

* Andrea C. Salazar: Estudiante de Ciencias de la Comunicación. Amante de la economía y la lingüística.
David Ross: Libertario. Estudiante de Derecho con interés en filosofía y economía.


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