El viernes pasado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, suscribió un acuerdo que entrega, “de manera extraordinaria”, a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública del país.
Es una militarización del Estado, de hecho y de Derecho: No sólo durante el gobierno de López Obrador se han asignado al Ejército servicios públicos como la construcción del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía y la prestación de servicios de salud por covid-19, sino que además ahora militariza la seguridad pública, apoyado presuntamente en la Constitución.
Recordemos, al margen, que México es uno de los pocos países en la región que no cuenta con un ministro de las Fuerzas Armadas que sea civil, y que el gobierno no ha establecido mecanismos para garantizar el control civil total sobre los militares (en realidad, el principal y casi único papel de supervisión del Congreso mexicano sobre el Ejército es aprobar su presupuesto), y ni siquiera es posible someterlos al aparato de justicia civil.
El acuerdo de López Obrador es una repetición de las estrategias fallidas de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que no redujeron la violencia (más bien al contrario) y provocaron gravísimas y reiteradas violaciones a los derechos humanos. Así, por ejemplo, desde 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 10 mil quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. Adicionalmente, entre 2007 y junio de 2017, la CNDH emitió 148 recomendaciones dirigidas a las Fuerzas Armadas de México por violaciones graves a los derechos humanos, incluidos casos documentados de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegal de la fuerza, entre otras.
Tendremos ahora una repetición, con el agravante de que López Obrador tardó año y medio, un cuarto de su administración, en darse cuenta del fracaso de su estrategia de combatir con “besos y abrazos” a los carteles del crimen organizado, y de crear una Guardia Nacional que no ha rendido resultados, más allá de la vergüenza de videos que muestran la corrupción de sus integrantes o como éstos son apaleados por vecinos soliviantados.
El acuerdo presidencial simula cumplir con la Constitución, pero no señala cómo acatar las obligaciones de fiscalización, regulación y subordinación sobre el Ejército en estas nuevas tareas, obligaciones que la misma Constitución establece. De esa manera, tendremos un Ejército metido en las calles, deteniendo a civiles y combatiendo a los carteles del crimen, pero sin fiscalización, ni regulación ni mando civil: el escenario ideal para la violación sistemática e impune de los derechos individuales.
Ahora bien: ante el incontenible clima de violencia en el país (con cifras alucinantes como un homicidio cada 15 minutos en promedio), ¿fue esta la mejor decisión que se podía tomar? Probablemente no había otra. Pero también reconozcamos que ni este gobierno ni los anteriores se preocuparon por construir una nueva y mejor solución. Incluso, en campaña, el propio López Obrador e integrantes importantes de su partido, hoy miembros prominentes de su gobierno, del Congreso o de los programas de comunicación oficialistas, criticaron las estrategias de militarización de los anteriores gobiernos, marcharon contra ellas y hasta las impugnaron ante la Justicia; López Obrador incluso prometió regresar a los militares a su cuartel en seis meses. A cambio, en estos 17 meses de gobierno, no presentó ninguna nueva idea o plan. Todo fue engaño y mero oportunismo político para atacar a los adversarios.
Esto demuestra que a López Obrador y su gente realmente no les molestaba la conducción del país ni las decisiones por parte de Calderón o Peña Nieto y sus equipos. Lo único que querían era ocupar sus puestos y disfrutar sus privilegios.
Al final, la traición política del presidente a sus electores, establece una mayor centralización de las labores de seguridad pública en el Ejército, un nuevo y poco auspicioso arreglo civil-militar en el país, y una inédita concepción del entramado de seguridad nacional, en donde el factor castrense será el eje principal de una renovada visión de poder y control, sin contrapesos. Similar a tantos países que cayeron en el llamado Socialismo del Siglo XXI.
En este escenario, el recargado empoderamiento castrense será clave para fortalecer y retroalimentar el autoritarismo de López Obrador, el cual es cada vez más y más palpable. De ese modo, una mayor concentración de poder en la persona de López Obrador, ahora con las Fuerzas Armadas como su clientela política, podría servir para imponer fácilmente en México un régimen dictatorial en el mediano plazo, si el presidente quisiera. Y para muchos mexicanos, eso es precisamente lo que López Obrador quiere y hacia allá tiende, sin tregua ni descanso.
*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.
Hay tres hechos que los liberales
necesitamos comprender y difundir ante los estados de excepción que lógicamente
asumen –principalmente porque en demasiados casos han sido tanto tardíos
como mal orientados– los Estados en
la pandemia que sufre hoy el mundo.
La primera y principal es que todo poder
gobernante –desde mucho antes del Estado moderno que emerge recientemente en la
historia con la paz Westfaliana en 1648, y no ha dejado de extenderse fuera de
sus límites naturales– únicamente puede enfrentar amenazas extraordinarias y
temporales a la paz y seguridad públicas, mediante estados de excepción que
restringen parcial y temporalmente ciertas libertades civiles. La guerra, la
conmoción civil y las epidemias son los ejemplos más obvios de tan desagradable
necesidad.
Pero es un hecho que un Estado limitado,
ideal del liberalismo clásico, está tan o más capacitado que cualquier fórmula
de gobierno excedida y sobre-exigida desde antes de la emergencia, de una parte el concentrarse en sus funciones
propias, seguridad, defensa y orden público, su capacidad de respuesta es más
rápida por sus concentrados recursos y capacidades. De otra parte, porque las
sociedades con Estados limitados, son democracias republicanas y economías de
mercado, lo que significa un estado de Derecho que garantiza la libertad de
prensa, de opinión y en general de información, indispensable en una emergencia
sanitaria. Y por que en tales sociedades se crea y ahorra más riqueza –más
ampliamente distribuida que en cualquiera otra– y se fomenta la responsabilidad
individual, factores indispensable para la rápida respuesta individual
responsable y la solidaridad racional.
Los estados de excepción para ser efectivos
deben limitarse, única y exclusivamente, a restringir parcialmente las pocas
libertades que el tipo de emergencia exija. Si se restringe la información se
amplían los rumores y se genera más desconfianza de la información oficial. Si
se controlan los precios se generan más escasez y mercados negros. Entendemos los liberales, que aunque en una
guerra puede ser necesario limitar la libertad de información, una epidemia no
es una guerra y no sólo no lo requiere, sino que su efectividad exige mantenerla,
con todo lo que ello implica.
Seamos claros, el mundo está sufriendo una
pandemia porque un Estado totalitario censuró temprana y automáticamente la
información sobre el surgimiento de la amenaza. Los médicos que informaron del
peligro y pidieron detener la epidemia en su origen, no fueron escuchados, todo
lo contrario, fueron censurados,
vilipendiados e incluso encarcelados. La muerte del héroe y símbolo de esta
tragedia, el Dr. Li Wenliang, fue una trágica y aleccionadora historia de
responsabilidad y heroísmo individual ante la irresponsable arrogancia de un
Estado totalitario. Hoy el mundo entero la conoce tal y como fue, excepto por
los que se niegan a conocerla. Y los que intentan tergiversarla. Tontos útiles
del poder totalitario.
El tercer hecho es que, de una parte, las
sociedades con Estados sobredimensionados y sobre exigidos desde antes de la
emergencia, además de estar materialmente peor preparadas para enfrentar una
emergencia, tienen poblaciones moralmente peor preparadas. Quienes fueron
adoctrinados por generaciones en la dependencia del Estado y la renuncia a la
responsabilidad individual, los que por generaciones aprendieron que el Estado
sería la única fuente de su ilusoria seguridad antes las adversidades,
olvidaron que hay adversidades inevitables. Son los hasta ayer exigían su
“derecho” a una infancia eterna mediante un Estado que los protegiera de todas
las adversidades de la vida, e incluso de la posibilidad misma de sentir
angustia. Adoctrinados además en falsamente apocalípticos peligros inexistentes
o sobredimensionados, que hoy están chocando con un peligro real sin preparación material y moral para enfrentarlo.
Y en lugar de exigir que sus gobernantes hagan lo que deben hacer, exigen que
hagan lo que no deben hacer, tal y como hacen ellos por su lado.
La censura oficial, a la que están tentados
siempre los gobernantes, implica desinformación, más y peor desinformación que
cualquier información errónea e incluso malintencionada. El grueso de la crítica,
especialmente la de los expertos, ha sido la adecuada y necesaria en todo el
mundo. La irresponsabilidad de los gobernantes ha sido notoria en demasiados
lugares, justo ahí donde hoy piden, en nombre de la emergencia que no se les
recuerde. Y que no se les exijan responsabilidades. La responsabilidad
individual ha sido más rápida y efectiva en donde las personas están
acostumbradas a ser libres y responsables. Y las sociedades con más ahorros,
más capital –las más acostumbradas a exigir claras responsabilidades de sus gobernantes
en aquello que es función del gobierno, y a asumir las de la sociedad civil en
lo que le corresponde– es decir, las sociedades más libres, son las que mejor
han respondido a la crisis. Y las que mejor podrán responder a los terribles
efectos de la pandemia en la economía.
Tres hechos que nos dicen mucho hoy y nos dirán
más en los difíciles tiempos que vienen. Debemos entender que –fuera de malas
interpretaciones más o menos desinformadas– toda forma de gobierno posible o
imaginable en un sistema de libertad, responsabilidad y Derecho común, incluso
el sueño radical del anarco capitalismo –que no sería la ausencia de gobierno
sino la extinción del gobierno del Estado moderno y su sustitución por arreglos
voluntarios, descentralizados y competitivos de las funciones de gobierno–
sería capaz de aplicar estados de excepción razonablemente adecuados, y
limitados a lo realmente necesario, para cada tipo de excepcional emergencia, en
sociedades que por ser libres y responsables estarían mucho mejor preparadas
para enfrentarlas.
Nada nos garantiza que la vida no esté
llena de peligros, incluso extraordinarios y terribles, el progreso material y
moral no está dado ni es indetenible, depende de las condiciones
institucionales y morales de las que surgió y sin las que desaparecería. Y son
esas condiciones, esos usos y costumbres, esas instituciones, ese conocimiento,
esa responsabilidad y libertad, la que mejor nos prepara para enfrentar los
mayores y peores desafíos a todos y cada uno. Y para enfrentar la propaganda y
desinformación ideológica que peligrosamente se empeña hoy en aprovechar la
ignorancia y el temor para convencer a los ingenuos de lo contrario. Es de vida
o muerte.
Esta semana el
Senado aprobó con mayoría abrumadora el dictamen de reforma constitucional que incluye
la figura de la revocación de mandato.
¿Qué sigue
con esta reforma? Todavía
tiene que regresar a la Cámara de Diputados y obtener el respaldo de la mayoría
de los congresos locales, pero en vista de las mayorías de Morena y sus
aliados, es básicamente seguro que la reforma constitucional estará promulgada antes
de fin de año.
Pareciera ser
una buena noticia, pero en realidad se trata de una maldición autoritaria
disfrazada de espacio para la democracia, y aquí le explico por qué:
Primero. Es el siguiente paso en una estrategia
bien planteada para reducir las certezas institucionales y anular los
contrapesos al presidente. Obrador tiene sometidos a los tiranos en pijama de
la Suprema Corte, tiene controlado al Legislativo como no se había visto en el último
cuarto de siglo y ha lanzado una campaña de desgaste contra los organismos
autónomos. Ahora debilita a los gobernadores, poniéndoles encima la espada
de Damocles de un revocación de mandato que sólo puede obtenerse a través de
los recursos corporativos del gobierno federal. Incluso si no logran “revocar”
a un gobernador incómodo, la mera incertidumbre y la polarización que
acompaña a un proceso de este tipo serán suficientes para descarrilar a ese
gobierno estatal.
Segundo.Sí abre una puertita a la reelección.
El hecho es que en términos generales la figura de la revocación estará de adorno,
ya que los requisitos planteados para iniciar el proceso de revocación son tan
altos (2.6 millones de personas que apoyen con todo e INE) que es casi
imposible ponerlo en práctica sin tener la estructura del gobierno federal. Sin
embargo, aun si se queda en el cajón, la reforma implica romper uno de los
consensos más sólidos del imaginario político mexicano durante el último siglo:
Que los periodos de los presidentes son fijos. A pesar de todas las
tropelías del priato, hubo una regla que no rompieron, la de la “no
reelección”, porque la gente tiene muy fija la idea de que el presidente
gana y gobierna seis años, después se larga.
La
revocación es tenebrosamente genial; aunque no desafía directamente ese dogma anti-reelección, sí lo erosiona al
romper la idea de que el tiempo del gobernante es fijo, y una vez que la idea
de la flexibilidad se convierta en el nuevo consenso, los gobernantes
simplemente podrán manipularla hacia la reelección, dándole la vuelta a un
dique que se sostuvo durante más de 100 años.
Tercero. Al debilitar la certezas institucionales,
anular contrapesos y romper el único dique que contuvo a la presidencia
imperial, el obradorismo está posicionando a su líder como un caudillo con
poderes cada vez mayores, para (tarde o temprano) llegar a un país donde las
decisiones estén directamente en manos del huésped de Palacio Nacional, y eso nos
llevaría ya no a una dictadura de partido como lo del PRI, sino a una dictadura
personal más parecida a las sudamericanas (tanto las de izquierda como las
de derechas)
Cuarto. Esa película de la “revocación” y de “hay
que demoler las instituciones con base en la supuesta voluntad popular” ya la
hemos visto muchas veces. Sí, en Venezuela, en Bolivia, pero no sólo ahí.
De hecho, es tentación no es algo nuevo: Desde la republica romana, destruida
por Julio César y sus secuaces con el pretexto de defender al pueblo. y hasta
los totalitarismos fascistas, nacional socialistas y comunistas, o las
republicas populares del Siglo XX. En el peor de los casos, la película termina en
sangre o en tiranía directa, en otros acaba en dictablanda y en crisis
constitucionales, pero – eso sí – en todos termina en pobreza y decepción.
Fin.
*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.
Las 9:40 de la noche. Palacio Nacional. En una oficina Andrés Manuel López Obrador y 2 de sus personas de confianza revisan los detalles de la conferencia mañanera del día siguiente. Afuera uno de los guardaespaldas espera con la mirada hacia el horizonte. A las 9:45, por los pasillos de Palacio se escuchan las llamadas de auxilio, mientras una marabunta de mensajes de WhatsApp recorre primero las oficinas y luego los chats de la prensa y la clase política, y las llamadas a los servicios de emergencia amenazan con entorpecer más que ayudar a las labores de auxilio. A las 9:55 un helicóptero ambulancia del ejército arriba a uno de los patios de Palacio, y se eleva nuevamente casi de inmediato, hacia el Hospital Central Militar. Mientras todavía está en el aire, lo impensable se vuelve confirmación: el Presidente de la República ha muerto.
Desde la misma noche del
primero de julio la fantasía de que
López Obrador se desvanezca del panorama político ha sido una conversación recurrente
en muchos círculos de la oposición, especialmente entre aquellos que consideran
que AMLO es el gran villano del México moderno, y que, de no ser por él,
nuestro país avanzaría con mar calmo y viento a favor en las tibias aguas de la
tecnocracia. Están muy equivocados.
No. Andrés Manuel no es la causa de la crisis política que vive el país. No, esa crisis no desaparecería si el presidente desaparece.
Obrador
efectivamente está impulsando una serie de estrategias muy peligrosas para libertad
política y económica, está centralizando cada vez más el poder
en su persona y de tener éxito implementará en México un nuevo sistema de
partido hegemónico, que tal vez permanezca incluso durante décadas, como lo
hizo en su momento el PRI. A pesar de ello, no podemos dejar que el pánico nos impida
entender una incómoda pero incontrovertible verdad: AMLO no es el problema, es el síntoma.
El indudable éxito electoral, que le ha permitido convertirse en el mandatario mexicano más poderoso de los últimos 40 años, se debe en parte a los aciertos de él y de su equipo, pero también es producto del desgaste de un sistema político de corte tecnócrata que logró grandes éxitos, pero fue absurdamente inepto para comunicarlos, porque, entre otras cosas, sus dirigentes (en el PAN, en el PRI, en las cámaras empresariales, en la academia y en los medios) no entendieron que hay vida más allá de sus hojas de Excel y sus títulos de economía, no involucraron a los ciudadanos en la modernización del país y no plantearon una visión de futuro con la que las personas se pudieran sentir involucradas.
Si
a esto le añadimos la crónica falta de generosidad para superar
diferencias de grupo (ejemplificada grotescamente con el pleito entre Meade y
Anaya durante la campaña presidencial) o
los obscenos niveles de corrupción de quienes convirtieron la impunidad en
patente de burla, tenemos la receta del desastre, porque el pueblo perdona la incompetencia, y puede incluso entender la
avaricia, pero lo que no tolera es la arrogancia.
Y, más allá de matices, a los
ojos de la opinión pública, los
tecnócratas lograron el tricampeonato: incompetentes, corruptos y arrogantes.
En un escenario así era solo cuestión de tiempo para que
surgiera un vivo con la idea de aprovechar el resentimiento que estaba
generando el consenso tecnocrático y canalizarlo hacia sus propios fines. Si no hubiera sido Obrador, habría sido alguien
más, quizá incluso peor, lo que me lleva al siguiente punto:
Los
problemas no desaparecerían junto con el presidente.
Supongamos que Andrés Manuel se muere hoy en la noche. ¿Cómo amanecería el país
al día siguiente? ¿Las personas
despertarían de su hipnosis y proclamarían al primer sorbo de su café matutino
que aman a Peña, que Anaya tiene carisma y que quieren un nuevo Pacto por
México? Por supuesto que no.
Por el contrario, si Obrador se muere, incluso por causas
evidentemente naturales, la desconfianza de las personas en el “sistema” y la “mafia
del poder” derivaría en la certeza casi
inmediata de un atentado, que en el peor de los casos resultaría en violencia a gran escala e incluso en el
escenario más moderado tanto a la opinión pública como el propio Movimiento
Regeneración Nacional tenderían a buscar
opciones más radicales hacia la izquierda, para mantener la cohesión, en
especial porque en momentos de incertidumbre
el ímpetu de los fanáticos se vuelve decisivo ante la duda de los moderados.
Así que, en una situación como
la que describí al inicio del artículo, bien
podríamos dormirnos una noche con AMLO como presidente, para amanecernos con la
noticia del nuevo presidente Noroña.
Peor tantito, ante un escenario de elecciones
extraordinarias, nos encontraríamos políticamente indefensos, porque los partidos se han burocratizado hasta el
punto de quedar inertes, porque los líderes de la “sociedad civil” lo son solo de su bolita de amigos en
Polanco, porque las cámaras
empresariales se han olvidado de lo que implica asumir un liderazgo más allá
de sus temas, porque las voces de la
oposición, social y partidizada, en términos generales simplemente no hablan el
idioma del ciudadano normal, y mientras sus mensajes se sigan perdiendo en
la traducción es punto menos que iluso soñar con ser competencia para la
maquinaria corporativista que se construye desde ese mismo Palacio Nacional.
Por lo tanto, ¿Y si Obrador se
muere esta noche? Estamos fritos.
Sí, hay que trabajar en contra
de aquellas estrategias de Obrador que pongan en riesgo lo que hemos avanzado,
pero esa es sólo la mitad de la lucha, porque la respuesta al dilema de nuestro tiempo no está en el huésped de
Palacio, sino en la visión que construyamos de “nuestro México”.
Hablamos de una república moderna, libre y con estado de derecho, pero eso no enciende el ánimo, porque no se traduce en imágenes ni en sentimientos concretos.
Entonces ¿Cómo se ve nuestro México? ¿Por qué debería la gente tener
esperanza en nuestro México? ¿Qué podemos proyectar que sea lo suficientemente
poderoso como para que las personas resistan la tentación de los “apoyos
sociales” y del cobijo autoritario que les ofrece Andrés Manuel? ¿Por qué habrían de afrontar las personas de
a pie las dificultades inevitables en una lucha contrael nuevo partido de estado?
Tenemos que responder, y rápido, porque algo es seguro: Nadie está dispuesto a marchar -y menos a pelear o a morir a manos de la eventual represión oficialista- en defensa de los organismos autónomos, de las “reformas estructurales”, los consejeros del INE o de los sueldos del poder judicial.
Lo peor del caso es que,
incluso a estas alturas, aquel diagnóstico de The Economist respecto al gobierno de Peña Nieto le sigue quedando
justito a todo el consenso tecnocrático, ahora relegado a la oposición: No entienden que no entienden.
Mientras no entendamos, con o sin Obrador el país estará
condenado.
¿Entenderemos?
*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.
Andrés Manuel López Obrador superó los primeros 100 días de su administración, y estos meses han permitido aclarar muchas de las dudas respecto a su estrategia de gobierno y sus planes para el país, que marcha al ritmo vertiginoso de las “conferencias mañaneras”, de las iniciativas del nuevo partido en el poder y del temor de una buena parte de la sociedad respecto a la posibilidad de que el obradorismo pueda repetir los vicios del estilo populista que ya experimentamos en México, especialmente durante los sexenios encabezados por Luis Echeverría y José López Portillo. Peor aún, el fantasma de un autoritarismo radical y catastrófico al estilo venezolano se mantiene en el ambiente, especialmente al recordar la declarada admiración que muchos de los líderes de MORENA -empezando por su presidenta, Yeidcol Polevensky- han mostrado hacia la “revolución bolivariana”.
Entonces
¿Qué es lo que está pasando?
Más que plantear un anecdotario de acciones y traspiés del gobierno, conviene entender las líneas transversales que orientan dichas decisiones.
En concreto, lo que estamos viendo es una concentración de poder en manos del presidente, respaldada en la incertidumbre como arma contra sus rivales e incluso sus propios aliados.
Multiplicar
la fuerza gravitatoria
En términos generales toda la
agenda del presidente López, desde las conferencias mañaneras y la cancelación
del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México hasta la decisión de eliminar los
apoyos a estancias infantiles o incluso los refugios para mujeres víctimas de
violencia, está orientada a un gran
objetivo: Incrementar la fuerza gravitatoria de la oficina de la Presidencia de
la República, concentrando en esta las facultades jurídicas y extralegales
para el ejercicio del presupuesto y de la acción estatal.
Es decir, no se trata de un mero centralismo que pretenda concentrar las
decisiones en la capital de la república, sino directamente en la figura
presidencial, regresando en cierto modo a la llamada presidencia imperial del Siglo XX.
De forma similar a la concentración de masa, que en el ámbito de la física se traduce en fuerza de gravedad, que a su vez deforma el espacio-tiempo, en el territorio político la concentración del poder deforma el funcionamiento de la sociedad, multiplicando la atracción de los demás participantes hacia el origen de esa gravedad -en este caso, el señor Presidente- hasta el punto de alterar la estructura de las instituciones y los intercambios, ya sea por medio de reformas legislativas o de “leyes no escritas”.
Entre más “peso” político tiene la Presidencia, más deforma la vida institucional.
Lo peor del caso es que, para decirlo claro, la concentración de poder resulta en corrupción, porque incentiva a las personas a actuar fuera de la ley con tal de congraciarse con el mandatario y de recibir los beneficios que este le dispensa a quienes lo complacen.
¿Qué pasó con la antigua presidencia imperial?
Con las gravísimas crisis
económicas que vivió México entre 1970 y 1995, la clase política y la sociedad
civil organizada entendieron que era indispensable revertir la concentración de
poder en la figura presidencial, porque se había convertido en un foco de
corrupción y porque ese modelo dejaba al país en una situación muy vulnerable
ante los caprichos, filias y fobias del gobernante en turno.
Por lo tanto, desde la década
de los 90’s comenzó a impulsarse un profundo proceso de reformas, tanto a la
constitución como a la legislación secundaria, para construir una serie de
organismos autónomos e incluso ciudadanos en los cuales se repartió un importante porcentaje del margen de maniobra que solía
monopolizar el Presidente de la República.
Así, por ejemplo, el Banco de México se volvió
constitucionalmente autónomo desde 1994, y dos años después le siguió la plena
ciudadanización de lo que actualmente es el Instituto Nacional Electoral. 3
años más tarde, en 1999 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adquirió
su autonomía y en 2013 les tocó el turno a la Comisión Federal de Competencia
Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, seguidos por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
autónomo desde el 2014, entre muchos otros.
Esta fragmentación, acompañada del hecho de que, durante más de 20 años, entre 1997 y 2018, el partido en el poder no dispuso por sí mismo de una mayoría legislativa en las cámaras del Congreso de la Unión, llevó a que la figura presidencial sufriera una profunda disminución de su poder, e incluso trasmitiera una imagen de impotencia, particularmente clara en el caso de las reformas estructurales fallidas entre 1997 y 2012. Tras recuperar Los Pinos, el PRI aprovechó la inercia para consolidar el Pacto por México, pero no recuperó el brillo de la Presidencia, erosionado aún más por escándalos de corrupción y un pésimo manejo de crisis como la de Ayotzinapa.
Obrador, protagonista desde la oposición de ese desgaste de la oficina presidencial, se ha propuesto revertirlo, rompiendo las certezas institucionales encarnadas en los organismos autónomos y en la práctica de la administración pública.
La incertidumbre como estrategia de gobierno.
Uno de los principales instrumentos que el nuevo gobierno está utilizando para lograr esta concentración de masa política es el quiebre de las certezas institucionales, una estrategia que, con diversos matices, suelen compartir los gobiernos autoritarios.
¿Qué
logra con esta incertidumbre?
En pocas palabras: que todos los actores del juego político se
sientan inseguros respecto a sus posiciones actuales y por lo tanto acudan al
Presidente, tanto para obtener la ratificación de sus espacios de poder
como para adquirir más.
Ese fue el objetivo de la
cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: enviar el mensaje de
que ni siquiera la obra de
infraestructura más grande en la historia del país podía salvarse de la condena
presidencial, ni siquiera estando a mitad de la construcción. Lo demás
fueron pretextos. Obrador acusó supuestos actos de corrupción en el
otorgamiento de los contratos del NAIM, pero luego negó que existieran
elementos para procesar a alguien por dichas acusaciones, también puso en
entredicho la vinculación de capital privado en una gran obra de
infraestructura, y poco después anunció
básicamente el mismo esquema para el Tren Maya.
¿Cómo
esparce esta incertidumbre?
A
través de golpes de mano, como el ya mencionado del aeropuerto, y también a
través de la duda respecto a la continuidad de las reformas (por
ejemplo, sus continuas críticas a la reforma energética) y a la permanencia de
los organismos autónomos. Un claro ejemplo de ambos fenómenos es la hostilidad
que el presidente y su partido han demostrado hacia la Comisión Reguladora de
Energía.
Veamos.
Inmediatamente después de tomar protesta, los nuevos legisladores de Morena presionaron para que la Comisión Reguladora de Energía quedara a cargo de la Secretaría de Energía, pero luego cedieron y la reforma a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no contemplo dicha modificación. Sin embargo, cuando llegó el momento de proponer a los nuevos integrantes de este organismo, el gobierno obradorista dejó en claro su desprecio hacia la CRE, recurriendo a una serie de personas sin conocimientos básicos del tema energético, y cerrando el ciclo, el propio López Obrador acusó al Presidente de la Comisión de tener un conflicto de interés.
Es decir, existe una estrategia de debilitamiento que busca avanzar tanto en el
terreno de la legislación como en el de la política. Proponen directamente
anular la autonomía; si esto no funciona, optan por presentar ternas de
personas cuya única cualificación es su lealtad al presidente, para manejar la
Comisión a trasmano y, si esta se queja por ello, entonces el titular del
ejecutivo aprovecha sus recursos mediáticos para amedrentar al opositor de sus
planes. Podemos estar seguros de que los integrantes de todos los demás
organismos autónomos estuvieron muy atentos a todo el drama, conscientes de que
a ellos les puede pasar lo mismo.
Y en eso consiste la incertidumbre.
El presidente López no está
anunciando por sí mismo drásticas reformas, o expropiaciones, o cacerías de
brujas, pero deja que sus aliados del PT y sus legisladores de Morena presenten
iniciativas que implicarían la destrucción
de la autonomía de los organismos de derechos humanos,
además de eliminar
los Organismos Públicos Locales en materia electoral o
entorpecer el trabajo de las calificadoras
de inversión, entre muchos otros. Así las tiene disponibles como armas potenciales mientras se presenta
como el hombre indispensable para contener y canalizar las pasiones
reivindicadoras del pueblo. El mensaje tácito es indiscutible: O yo o el incendio.
Y lo mismo sucede respecto a que él no buscará juzgar a sus antecesores, pero los culpa constantemente de todos los males del país y anuncia que hará una consulta para que “el pueblo” decida si llevarlos a proceso o no, con la evidente intención de que la incertidumbre le permita mantener bajo control a estos personajes cuyo peso y experiencia los convierte en referencias obligadas de la oposición.
La
incertidumbre como incentivo de la gratitud
Una función similar cumple la
drástica reorientación o incluso eliminación de programas y apoyos que los
gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil ya daban como algo
normal. Si Obrador hubiera mantenido la
entrega de esos recursos, no le hubieran agradecido, porque de antemano tenían
certeza de que los recibirían.
Por el contrario, al cambiar
las reglas del juego, el nuevo gobierno obtiene una ventaja múltiple: consigue
margen de maniobra para reorientar recursos hacia sus prioridades y obliga a estados y ONG’s a rogarle por los
fondos que hasta el presupuesto 2018 eran considerados algo normal, de
forma que el presidente pueda usarlos como fichas de negociación y muestras de
su benevolencia.
El
ejemplo de este fenómeno es la transformación del programa PROSPERA, que desde la década de los
90’s y bajo diversos nombres (Progresa, Oportunidades, etc.) había servido para
que la federación canalizara a los estados cientos de millones de pesos en
recursos para personal médico, pero que a partir del 2019 se convirtió en un
mero padrón de becas, dejando a las entidades federativas con la necesidad de
pedirle al presidente que se apiade de ellas y les envíe recursos que permitan
pagar el salario de los médicos y enfermeras en campo.
Y, por supuesto, algo así pasa
con las estancias infantiles y los refugios de mujeres violentadas, que han
perdido sus tradicionales subsidios a cambio de un esquema de apoyos directos, de forma que los beneficiarios sepan que su
gratitud debe dirigirse específicamente a la figura presidencial.
Es de resaltar que tan es
prioritaria la estrategia de incrementar la fuerza de gravedad de la oficina
del presidente que este incluso se ha mostrado dispuesto a desafiar a
liderazgos sociales tradicionalmente muy vinculados a la izquierda del espectro
político y concretamente a las redes de apoyo que lo llevaron a la presidencia,
porque Obrador apuesta a que incluso si
estos bastiones se enojan inicialmente con él, eventualmente le agradecerán
cuando les ofrezca una solución intermedia, como sucedió con los
refugios, evitando en el camino “perder autoridad”, en el sentido
en que lo
explicó él mismo en una conferencia de prensa.
Entonces,
¿qué esperar?
Debemos tener en cuenta que para el nuevo gobierno federal la incertidumbre no es un error o una
suma de casos involuntarios, sino una táctica recurrente como parte de su
estrategia para reforzar a la Presidencia de la República, debilitando en
consecuencia los tradicionales contrapesos institucionales y sociales que se
construyeron desde mediados de la década de los 90’s.
Un socialista burdo, como por ejemplo Hugo Chávez cuando ya
tenía el control absoluto de Venezuela, puede darse “el lujo” de caminar por
las calles proclamando
la expropiación de casas y comercios. Obrador está siendo
mucho más sutil: amenaza y reconforta a inversionistas, políticos y ciudadanos.
Nos recuerda cotidianamente que, si
quisiera volverse un tirano, no podríamos impedírselo, pero que en vista de su
magnanimidad no lo será, por ahora…
Entonces,
¿qué hacer?
Necesitamos
construir y reforzar la fuerza de gravedad de centros de influencia independientes
al presidente: empresas, organizaciones de la sociedad
civil, asociaciones, familias, etc.
Necesitamos
aprender a navegar la incertidumbre que el gobierno federal ha convertido en su
obra maestra, y para ello la mejor opción consiste en adaptar
al análisis político una estrategia básica del futbol: al defender no hay que concentrarse en seguir los
movimientos del atacante, sino los del balón.
Lo mismo en la cancha que en la política, la agilidad en los movimientos, la “gambeta” es una forma de desorientar a través de la incertidumbre, y los grandes defensas siempre tienen esto en mente; no se preocupan por los malabares del delantero, sino por el avance del balón, que en este caso son las reformas a la ley, los nombramientos y alianzas que va tejiendo el presidente.Ojos en lo prioritario, y que no nos distraiga la anécdota, porque de eso depende que podamos defender al país.
*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.
Andrés Manuel López Obrador superó los primeros 100 días de su administración, y estos meses han permitido aclarar muchas de las dudas respecto a su estrategia de gobierno y sus planes para el país, que marcha al ritmo vertiginoso de las “conferencias mañaneras”, de las iniciativas del nuevo partido en el poder y del temor de una buena parte de la sociedad respecto a la posibilidad de que el obradorismo pueda repetir los vicios del estilo populista que ya experimentamos en México, especialmente durante los sexenios encabezados por Luis Echeverría y José López Portillo. Peor aún, el fantasma de un autoritarismo radical y catastrófico al estilo venezolano se mantiene en el ambiente, especialmente al recordar la declarada admiración que muchos de los líderes de MORENA -empezando por su presidenta, Yeidcol Polevensky- han mostrado hacia la “revolución bolivariana”.
Entonces
¿Qué es lo que está pasando?
Más que plantear un anecdotario de acciones y traspiés del gobierno, conviene entender las líneas transversales que orientan dichas decisiones.
En concreto, lo que estamos viendo es una concentración de poder en manos del presidente, respaldada en la incertidumbre como arma contra sus rivales e incluso sus propios aliados.
Multiplicar
la fuerza gravitatoria
En términos generales toda la
agenda del presidente López, desde las conferencias mañaneras y la cancelación
del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México hasta la decisión de eliminar los
apoyos a estancias infantiles o incluso los refugios para mujeres víctimas de
violencia, está orientada a un gran
objetivo: Incrementar la fuerza gravitatoria de la oficina de la Presidencia de
la República, concentrando en esta las facultades jurídicas y extralegales
para el ejercicio del presupuesto y de la acción estatal.
Es decir, no se trata de un mero centralismo que pretenda concentrar las
decisiones en la capital de la república, sino directamente en la figura
presidencial, regresando en cierto modo a la llamada presidencia imperial del Siglo XX.
De forma similar a la concentración de masa, que en el ámbito de la física se traduce en fuerza de gravedad, que a su vez deforma el espacio-tiempo, en el territorio político la concentración del poder deforma el funcionamiento de la sociedad, multiplicando la atracción de los demás participantes hacia el origen de esa gravedad -en este caso, el señor Presidente- hasta el punto de alterar la estructura de las instituciones y los intercambios, ya sea por medio de reformas legislativas o de “leyes no escritas”.
Entre más “peso” político tiene la Presidencia, más deforma la vida institucional.
Lo peor del caso es que, para decirlo claro, la concentración de poder resulta en corrupción, porque incentiva a las personas a actuar fuera de la ley con tal de congraciarse con el mandatario y de recibir los beneficios que este le dispensa a quienes lo complacen.
¿Qué pasó con la antigua presidencia imperial?
Con las gravísimas crisis
económicas que vivió México entre 1970 y 1995, la clase política y la sociedad
civil organizada entendieron que era indispensable revertir la concentración de
poder en la figura presidencial, porque se había convertido en un foco de
corrupción y porque ese modelo dejaba al país en una situación muy vulnerable
ante los caprichos, filias y fobias del gobernante en turno.
Por lo tanto, desde la década
de los 90’s comenzó a impulsarse un profundo proceso de reformas, tanto a la
constitución como a la legislación secundaria, para construir una serie de
organismos autónomos e incluso ciudadanos en los cuales se repartió un importante porcentaje del margen de maniobra que solía
monopolizar el Presidente de la República.
Así, por ejemplo, el Banco de México se volvió
constitucionalmente autónomo desde 1994, y dos años después le siguió la plena
ciudadanización de lo que actualmente es el Instituto Nacional Electoral. 3
años más tarde, en 1999 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adquirió
su autonomía y en 2013 les tocó el turno a la Comisión Federal de Competencia
Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, seguidos por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
autónomo desde el 2014, entre muchos otros.
Esta fragmentación, acompañada del hecho de que, durante más de 20 años, entre 1997 y 2018, el partido en el poder no dispuso por sí mismo de una mayoría legislativa en las cámaras del Congreso de la Unión, llevó a que la figura presidencial sufriera una profunda disminución de su poder, e incluso trasmitiera una imagen de impotencia, particularmente clara en el caso de las reformas estructurales fallidas entre 1997 y 2012. Tras recuperar Los Pinos, el PRI aprovechó la inercia para consolidar el Pacto por México, pero no recuperó el brillo de la Presidencia, erosionado aún más por escándalos de corrupción y un pésimo manejo de crisis como la de Ayotzinapa.
Obrador, protagonista desde la oposición de ese desgaste de la oficina presidencial, se ha propuesto revertirlo, rompiendo las certezas institucionales encarnadas en los organismos autónomos y en la práctica de la administración pública.
La incertidumbre como estrategia de gobierno.
Uno de los principales instrumentos que el nuevo gobierno está utilizando para lograr esta concentración de masa política es el quiebre de las certezas institucionales, una estrategia que, con diversos matices, suelen compartir los gobiernos autoritarios.
¿Qué
logra con esta incertidumbre?
En pocas palabras: que todos los actores del juego político se
sientan inseguros respecto a sus posiciones actuales y por lo tanto acudan al
Presidente, tanto para obtener la ratificación de sus espacios de poder
como para adquirir más.
Ese fue el objetivo de la
cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: enviar el mensaje de
que ni siquiera la obra de
infraestructura más grande en la historia del país podía salvarse de la condena
presidencial, ni siquiera estando a mitad de la construcción. Lo demás
fueron pretextos. Obrador acusó supuestos actos de corrupción en el
otorgamiento de los contratos del NAIM, pero luego negó que existieran
elementos para procesar a alguien por dichas acusaciones, también puso en
entredicho la vinculación de capital privado en una gran obra de
infraestructura, y poco después anunció
básicamente el mismo esquema para el Tren Maya.
¿Cómo
esparce esta incertidumbre?
A
través de golpes de mano, como el ya mencionado del aeropuerto, y también a
través de la duda respecto a la continuidad de las reformas (por
ejemplo, sus continuas críticas a la reforma energética) y a la permanencia de
los organismos autónomos. Un claro ejemplo de ambos fenómenos es la hostilidad
que el presidente y su partido han demostrado hacia la Comisión Reguladora de
Energía.
Veamos.
Inmediatamente después de tomar protesta, los nuevos legisladores de Morena presionaron para que la Comisión Reguladora de Energía quedara a cargo de la Secretaría de Energía, pero luego cedieron y la reforma a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no contemplo dicha modificación. Sin embargo, cuando llegó el momento de proponer a los nuevos integrantes de este organismo, el gobierno obradorista dejó en claro su desprecio hacia la CRE, recurriendo a una serie de personas sin conocimientos básicos del tema energético, y cerrando el ciclo, el propio López Obrador acusó al Presidente de la Comisión de tener un conflicto de interés.
Es decir, existe una estrategia de debilitamiento que busca avanzar tanto en el
terreno de la legislación como en el de la política. Proponen directamente
anular la autonomía; si esto no funciona, optan por presentar ternas de
personas cuya única cualificación es su lealtad al presidente, para manejar la
Comisión a trasmano y, si esta se queja por ello, entonces el titular del
ejecutivo aprovecha sus recursos mediáticos para amedrentar al opositor de sus
planes. Podemos estar seguros de que los integrantes de todos los demás
organismos autónomos estuvieron muy atentos a todo el drama, conscientes de que
a ellos les puede pasar lo mismo.
Y en eso consiste la incertidumbre.
El presidente López no está
anunciando por sí mismo drásticas reformas, o expropiaciones, o cacerías de
brujas, pero deja que sus aliados del PT y sus legisladores de Morena presenten
iniciativas que implicarían la destrucción
de la autonomía de los organismos de derechos humanos,
además de eliminar
los Organismos Públicos Locales en materia electoral o
entorpecer el trabajo de las calificadoras
de inversión, entre muchos otros. Así las tiene disponibles como armas potenciales mientras se presenta
como el hombre indispensable para contener y canalizar las pasiones
reivindicadoras del pueblo. El mensaje tácito es indiscutible: O yo o el incendio.
Y lo mismo sucede respecto a que él no buscará juzgar a sus antecesores, pero los culpa constantemente de todos los males del país y anuncia que hará una consulta para que “el pueblo” decida si llevarlos a proceso o no, con la evidente intención de que la incertidumbre le permita mantener bajo control a estos personajes cuyo peso y experiencia los convierte en referencias obligadas de la oposición.
La
incertidumbre como incentivo de la gratitud
Una función similar cumple la
drástica reorientación o incluso eliminación de programas y apoyos que los
gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil ya daban como algo
normal. Si Obrador hubiera mantenido la
entrega de esos recursos, no le hubieran agradecido, porque de antemano tenían
certeza de que los recibirían.
Por el contrario, al cambiar
las reglas del juego, el nuevo gobierno obtiene una ventaja múltiple: consigue
margen de maniobra para reorientar recursos hacia sus prioridades y obliga a estados y ONG’s a rogarle por los
fondos que hasta el presupuesto 2018 eran considerados algo normal, de
forma que el presidente pueda usarlos como fichas de negociación y muestras de
su benevolencia.
El
ejemplo de este fenómeno es la transformación del programa PROSPERA, que desde la década de los
90’s y bajo diversos nombres (Progresa, Oportunidades, etc.) había servido para
que la federación canalizara a los estados cientos de millones de pesos en
recursos para personal médico, pero que a partir del 2019 se convirtió en un
mero padrón de becas, dejando a las entidades federativas con la necesidad de
pedirle al presidente que se apiade de ellas y les envíe recursos que permitan
pagar el salario de los médicos y enfermeras en campo.
Y, por supuesto, algo así pasa
con las estancias infantiles y los refugios de mujeres violentadas, que han
perdido sus tradicionales subsidios a cambio de un esquema de apoyos directos, de forma que los beneficiarios sepan que su
gratitud debe dirigirse específicamente a la figura presidencial.
Es de resaltar que tan es
prioritaria la estrategia de incrementar la fuerza de gravedad de la oficina
del presidente que este incluso se ha mostrado dispuesto a desafiar a
liderazgos sociales tradicionalmente muy vinculados a la izquierda del espectro
político y concretamente a las redes de apoyo que lo llevaron a la presidencia,
porque Obrador apuesta a que incluso si
estos bastiones se enojan inicialmente con él, eventualmente le agradecerán
cuando les ofrezca una solución intermedia, como sucedió con los
refugios, evitando en el camino “perder autoridad”, en el sentido
en que lo
explicó él mismo en una conferencia de prensa.
Entonces,
¿qué esperar?
Debemos tener en cuenta que para el nuevo gobierno federal la incertidumbre no es un error o una
suma de casos involuntarios, sino una táctica recurrente como parte de su
estrategia para reforzar a la Presidencia de la República, debilitando en
consecuencia los tradicionales contrapesos institucionales y sociales que se
construyeron desde mediados de la década de los 90’s.
Un socialista burdo, como por ejemplo Hugo Chávez cuando ya
tenía el control absoluto de Venezuela, puede darse “el lujo” de caminar por
las calles proclamando
la expropiación de casas y comercios. Obrador está siendo
mucho más sutil: amenaza y reconforta a inversionistas, políticos y ciudadanos.
Nos recuerda cotidianamente que, si
quisiera volverse un tirano, no podríamos impedírselo, pero que en vista de su
magnanimidad no lo será, por ahora…
Entonces,
¿qué hacer?
Necesitamos
construir y reforzar la fuerza de gravedad de centros de influencia independientes
al presidente: empresas, organizaciones de la sociedad
civil, asociaciones, familias, etc.
Necesitamos
aprender a navegar la incertidumbre que el gobierno federal ha convertido en su
obra maestra, y para ello la mejor opción consiste en adaptar
al análisis político una estrategia básica del futbol: al defender no hay que concentrarse en seguir los
movimientos del atacante, sino los del balón.
Lo mismo en la cancha que en la política, la agilidad en los movimientos, la “gambeta” es una forma de desorientar a través de la incertidumbre, y los grandes defensas siempre tienen esto en mente; no se preocupan por los malabares del delantero, sino por el avance del balón, que en este caso son las reformas a la ley, los nombramientos y alianzas que va tejiendo el presidente.Ojos en lo prioritario, y que no nos distraiga la anécdota, porque de eso depende que podamos defender al país.
*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.
En estos días, México discute, negocia, ensaya, pone en escena el futuro que quiere. Por desgracia, ese futuro es el atraso respecto a sus reales potencialidades, cuando no el franco regreso al pasado.
Por un lado, las negociaciones para salvar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con EEUU y Canadá están en punto muerto, a pesar de la aparente buena noticia de haberse alcanzado un acuerdo bilateral entre México y EEUU hace unos días, que a la larga podría ser mero papel mojado.
Por otro, el sábado pasado inició el viaje (al parecer sin retorno) al neo-autoritarismo mexicano: Ese día, tomaron posesión los nuevos legisladores, electos en julio pasado bajo la influencia del Tsunami López Obrador. Así inició lo que con propiedad puede llamarse el reinado presidencial de Andrés Manuel López Obrador; de ese tamaño es el poder que acumula y que en apariencia busca acrecentar aún más. Quizá hasta llegar al absolutismo despótico de los más recientes caudillos latinoamericanos.
Respecto al TLCAN, lo alcanzado hasta ahora es insatisfactorio, sólo atenuado por la alternativa de quedarnos sin TLCAN, lo que significaría una hecatombe para la economía mexicana. Hoy queda claro que lo negociado es claramente inferior al actual TLCAN: crea un nuevo Tratado hiper-regulado, con nuevas reglas que favorecen a las clientelas electorales de Donald Trump, que promueven un comercio lastrado y obstaculizado, más caro para el consumidor y menos competitivo, y por tanto, bastante lejos (aún más) del verdadero libre comercio.
Quizá fueron inevitables tales costos en aras del imperativo estratégico más grande, que era conservar el TLCAN, en vigor desde 1994. Pero también fueron resultado, en buena medida, de la prisa política del gobierno de Peña Nieto para firmar el nuevo TLCAN antes de dejar el poder el próximo 1ero de diciembre, prisa compartida aparentemente por el propio López Obrador, quizá para no tener que negociarlo en desventaja, bajo mayor presión de los mercados y seguramente en un escenario de disensiones y peleas sobre lo negociado entre su variada coalición gobernante.
Una mejor alternativa era seguir negociando sine die, apalancándose con Canadá, hasta extenuar a Trump, bajo el riesgo de prolongar la incertidumbre entre inversionistas y mercados, aunque quizá dicha incertidumbre por unos meses más hubiera sido preferible a 16 años (la duración con la que se encorseta al nuevo Tratado) de menor comercio e inversiones en descenso. Pero eso ya no lo sabremos con seguridad.
Y lo peor es que al no sumarse Canadá todavía al nuevo Tratado, hay pocas posibilidades de que, en noviembre próximo, el Congreso estadounidense apruebe lo negociado: no habrá los votos para ello, al retraerse los legisladores interesados en el comercio con Canadá, ni el gobierno de Trump tendrá la autoridad legal para presentar un acuerdo bilateral, en lugar del trilateral TLCAN.
Sin embargo, en un tuit reciente, Trump advirtió al Congreso que de no aceptar el acuerdo bilateral, “simplemente pondré fin al TLCAN por completo y estaremos mejor”. De modo que quizá Trump sólo está mostrando su objetivo real: Denunciar y acabar con el TLCAN al menor costo político posible para él. Así que la incertidumbre continuará para México, con la alta posibilidad de un fracaso final.
En paralelo, el sábado pasado inició el viaje sin retorno de la democracia mexicana: Ese día, tomaron posesión los nuevos legisladores, electos en julio pasado bajo la influencia del Tsunami López Obrador. La nueva legislatura tiene una contundente mayoría de adictos a López Obrador: De 500 diputados, MORENA, el partido fundado por López Obrador, cuenta con 247, más 60 de sus aliados. En el Senado, de 128 senadores, MORENA tendrá 55, más 14 de sus aliados. Adicionalmente, MORENA tiene el control de 19 congresos locales (se requieren 17 para aprobar cambios constitucionales) y 5 de 32 gubernaturas.
Las escenas que vimos estos días, de los nuevos legisladores coreando a gritos a López Obrador, reflejan muy bien la real composición del nuevo Congreso: Los legisladores que llegan de la mano de López Obrador son legisladores con menos experiencia y formación escolar, menos profesionales y son, en contraste, sumisos y lisonjeros, porque no tienen capital político propio. Están dispuestos a apoyar a López Obrador hasta la obsecuencia total y el silencio cómplice.
López Obrador todavía no gobierna de jure, pero ya lo venía haciendo de facto. Ahora lo hará más, con un Congreso dispuesto a escuchar hasta sus pensamientos. A partir del 1ero de diciembre, cuando jure el cargo formalmente, será un presidente con muchísimo poder, como no se había visto al menos desde 1991. Y su Presidencia será una campaña electoral permanente, para reforzar nuestro régimen político centrado en la Presidencia y su papel en la distribución de privilegios, régimen que no ha cambiado una coma desde el fin de la Revolución hace un siglo.
Enfrente de ese gran poder, está el desierto: los partidos opositores prácticamente desaparecieron y su lugar lo ocupan las simples bandas captoras de rentas. Como sucede con los carteles de narcos al descabezarse: se han convertido en pandillas más pequeñas, menos disciplinadas y más hambrientas, ambiciosas, desesperadas.
Los partidos contrarios a López Obrador hoy simplemente se ocupan en administrar la franquicia y rescatar algo de los desechos de su ruina: pelean internamente los pocos cargos de mando y las menguantes prerrogativas financieras, eluden un análisis serio y proactivo de su derrota, evaden la política para la solución de sus problemas, postergan el relevo de sus dirigencias y reparten las migajas políticas que les restan.
Lo que ambos episodios muestran es que tal vez existe una relación sórdida, íntima y cómplice entre los retiemblos del TLCAN y el regreso al autoritarismo. Esa relación existe, opera en las sombras y conspira: El autoritarismo en el poder somete y corrompe y en la economía retrasa e incendia. En conjunto, impiden que la mexicana sea una sociedad moderna, responsable y próspera.
Pero tal vez sea solo que la sociedad mexicana no esté preparada para el futuro, y que quizá necesite de la mentira populista del pasado para no morir de hastío y conformismo.
*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra
El socialismo fracasa siempre. No importa en que país, ni en que momento de la historia, pero siempre fracasa. La evidencia histórica es clara y contundente al respecto. Pero no es necesario remitirse mucho en el pasado, el que nos brindaría muchísimos ejemplos. Basta con ver lo que pasa hoy en Cuba, Nicaragua y Venezuela para apreciar la enorme magnitud de ese fracaso y sus dolorosas consecuencias.
El régimen cubano, por ejemplo, inició hace unos días la discusión de un nuevo proyecto de Constitución. En él se elimina el término comunismo, por lo que desaparece la referencia al “avance hacia la sociedad comunista”, si bien se mantiene al socialismo como política de Estado. También se añade “el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada” y se destaca “la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico”, aunque la planificación socialista constituye “el elemento central del sistema de dirección del desarrollo económico y social”.
Así, la dictadura cubana reconoce el fracaso del comunismo y el socialismo pero no cambia nada en lo sustantivo, de modo que “el socialismo y el sistema político y social revolucionario, establecidos por esta Constitución, son irrevocables”, y dicta que el Partido Comunista es “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”. Aspira pues, a grandes rasgos, a trasplantar el modelo chino al trópico caribeño para remendar su fracaso económico y seguir reinando.
Tras largos 60 años en el poder, el régimen castrista reconoce así que erró en sus metas y estrategias, pero decide aferrarse al poder, elaborando una nueva constitución a su modo y para su beneficio, sometiéndola a una consulta controlada, solo para mejorar su imagen. “A falta de pan, hagamos circo”, parece decir la dictadura cubana: el proyecto deberá discutirse en 135 mil asambleas públicas y después, aprobarse en referéndum. Una inmensa puesta en escena en un país que controla la vida de cada ciudadano, no sólo públicamente, sino uno a uno, vecino a vecino, casa por casa. Ni los nazis tuvieron semejante control: Hitler creó comités de vigilancia por regiones urbanas. Fidel Castro fue aún más lejos y los estableció en cada calle, en cada cuadra, instituyendo un sistema de control, delación e intimidación nunca antes visto.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega continua la represión contra sus opositores, contabilizándose 317 muertos hasta ahora y varios miles de heridos. Tras 11 años en el poder (y otros 11 años con anterioridad), en los que burló todos los procedimientos y reglas de la democracia liberal, en que secuestró instituciones y compró o eliminó opositores y críticos, Ortega ha llegado al punto de quiebre de todo socialista: usar la fuerza bruta para continuar en el poder, evidenciando así que su ambición y codicia están muy por encima de sus supuestos ideales.
Tras 100 días de protestas, son preocupantes los signos de que Daniel Ortega ha decidido atornillarse en el poder para siempre, con el apoyo del Ejército y de grupos paramilitares, siguiendo el ejemplo de los regímenes de Cuba y Venezuela. El apoyo público de estos regímenes a Ortega (y quizá también su apoyo en armas y grupos estrenados para reprimir), junto con el del Foro de San Pablo, habla de que se teme que su posible caída podría repercutir en la estabilidad del chavismo venezolano.
En Venezuela, en tanto, el FMI ha calculado que, este año, su economía se contraerá un 18 por ciento, totalizando una caída récord del 50 por ciento en los últimos cinco años, además de estimar que la inflación podría llegar al millón por ciento, entrando a la nómina de las mayores hiperinflaciones en toda la historia; en el futuro, quizá ya nadie hablará de las hiperinflaciones de Alemania o Zimbawue, sino de la de Venezuela, como modelo de lo que no se debería hacer.
De allí el reconocimiento de Nicolás Maduro: “Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado y la responsabilidad es nuestra”, como señaló recientemente. Pero ese mea culpa no es sino una estrategia para ir ganando tiempo, en espera de un milagro, que no se dará. La supuesta tentativa de magnicidio en contra de Maduro, el sábado pasado, que parece ser un montaje o un simple accidente doméstico usado políticamente, para distraer la atención de los problemas de Venezuela (y de Nicaragua), y tratar de unir a un crujiente chavismo, habla del nivel de desesperación del gobierno venezolano, desesperación que puede llevar a mayores locuras.
Dicho esto, la dolorosa experiencia de esos países debiera ser una seria advertencia para México. El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ciertamente está (creo) lejos de cualquier veleidad socialista: es sólo un priista decrépito, anhelante de reconstruir el viejo presidencialismo autoritario de este país (aunque muchísimos de sus aliados son admiradores, cómplices jubilosos de los regímenes de Cuba y Venezuela). Pero sus proyectos se van encaminando a poner en cuestión todo principio de una democracia liberal.
Así, López Obrador anuncia crear una “Constitución Moral” para buscar el “bienestar del alma y fortalecer valores”. También propone quitar al Poder Judicial la facultad de controlar la constitucionalidad, imponer un fiscal anticorrupción adicto a él, establecer un sistema de jefes políticos o procónsules para sustituir a los gobernadores y consolidar la presencia territorial de su partido desde el gobierno, cuestionar facultades y atribuciones de autoridades autónomas (la autoridad electoral, las universidades públicas, el sueldo de los otros poderes), entre otros proyectos más y más desaforados (desaforados incluso para un régimen tan intervencionista como el mexicano). López Obrador parece ignorar todo límite legal y creer, en cambio, que su amplio triunfo le permite pasar encima de todo y de todos.
México podría así irse alejando de tal modo de la idea de una democracia liberal, manteniendo los procedimientos electorales pero solo para ir eliminando enseguida sus prácticas e principios, precisamente como hicieron los gobiernos de los que hablamos. De allí al salto al vacío del Socialismo del Siglo XXI podría mediar solo un paso.
*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra
[dropcap type=”default”]¿O[/dropcap]brador es el tirano? ¿Será un dictador estilo Chávez/Maduro, o un autócrata suave, de ese estilo priísta al que estamos más acostumbrados? Estas preguntas, con crecientes niveles de angustia, circularon durante la campaña, y se repiten especialmente a partir de la noche del 1ro de julio entre quienes no apoyamos a Andrés Manuel y observamos con auténtico terror como se imponía con más del 50% de los votos en la elección presidencial y con muy cómodas ventajas en ambas cámaras del Congreso de la Unión, sumiendo en el peor ridículo de su historia a sus rivales del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, quienes por lo menos durante los siguientes tres años quedarán reducidos a una participación meramente testimonial en las decisiones políticas nacionales. Al menos de aquí al 2021, AMLO tendrá cancha libre para impulsar su agenda de gobierno.
El tema amerita varias reflexiones.
El resultado de los comicios no se debe, en términos generales, a una negociación macabra o a los fantasmagóricos complots que en las últimas semanas se han sacado de la manga los equipos de Anaya y Meade para justificar su fracaso. La contundencia de su derrota se debió a que ambos hicieron una pésima campaña y a esto se sumó el rechazo de la mayor parte de la población hacia los consensos cupulares y las políticas que han impulsado durante las últimas décadas.
En especial los votantes reaccionaron en repudio hacia lo que hemos vivido en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien fracasó rotundamente en materia de comunicación. fue un desastre para construir percepciones, transmitir mensaje y construir una narración del sexenio, más allá de sus éxitos y fracasos en términos de política pública, que solo podrán juzgarse plenamente a la serenidad del largo plazo.
Para decirlo claro: Lo que vimos el 1 de julio fue ante todo resultado del fracaso tecnócrata en cuanto a construir un consenso ciudadano que respaldara los cambios legales y en especial las famosas “reformas estructurales” que son mayormente positivas, pero que se han logrado a través de negociaciones en la cima, sin molestarse en aterrizar esos acuerdos con la gente normal.
El “problema o el “tirano” no es López Obrador como persona, sino que Andrés Manuel simplemente se ha aprovechado de una mezcla del tradicional anhelo autoritario de la sociedad mexicana (el viejo sueño de un papá gobierno encabezado por un caudillo justiciero que lo resuelve todo) y la evidente crisis de partidos e instituciones. La sombra de la tiranía de un Estado que interviene de más en la sociedad no sólo asomó su feo rostro en las propuestas de Morena, sino en las de los 4 candidatos presidenciales, porque ese tipo de propuestas paternalistas le gustan a la gente. Si hemos de buscar al tirano, la lista de culpables se extiende mucho más allá de Obrador. Incluso si, gracias a algún artilugio mágico, AMLO se hubiera disipado en el aire, los resultados electorales en estas elecciones hubieran marcado un giro hacia la izquierda y hacia la regresión, encabezado por alguien más.
Por lo tanto, al centrar todas las críticas y todos los temores en él, corremos el grave riesgo de cegarnos a la parte de responsabilidad que deben asumir los liderazgos del PAN, del PRI, de los empresarios y de la sociedad civil no obradorista. Dicho de otro modo: Terminada la campaña no podemos mantener y menos aún creernos el discurso de que Obrador es el gran tirano y el único culpable, a riesgo de condenar de antemano a cualquier movimiento opositor a la intrascendencia y la ineficacia.
Muchas personas, y yo en primer lugar, habíamos previsto un escenario mucho más negativo en el caso de un triunfo de López. Cuando escribí sobre el “Amlocalipsis” lo hice con la absoluta sinceridad de lo que a mi leal saber y entender era un escenario extravagante, pero probable.
Sin embargo, por lo menos en el primer mes desde su victoria, Andrés Manuel se ha esforzado en enviar señales claras de que no pretende convertimos en Venezuela. En términos generales, las declaraciones del próximo mandatario y de sus consejeros en materia económica han ido de lo tranquilizador a lo directamente emocionante; hablan de ampliar las zonas económicas, de no incrementar los impuestos, de mantener las negociaciones con el TLC. En pocas palabras, lo que proponen implica conservar la esencia del rumbo macroeconómico que hemos vivido durante los últimos 30 años.
Aun así, no podemos cantar victoria, porque a pesar de todo, lo que se ha declarado hasta ahora es mero verbo. Tendremos que esperar a que Obrador empiece a gobernar para saber realmente cuál será el rumbo que tomará su administración, y para ello las primeras señales clave serán qué tanto margen de maniobra le da desde la Presidencia a sus asesores sensatos (gente como Alfonso Romo) y qué tanto le otorga a los delirantes (Noroña, Taibo y compañía).
No es lo mismo gritar sandeces desde la tranquila poltrona de la oposición, que enfrentar al toro en medio del ruedo.
El pésimo manejo que del equipo de Andrés Manuel ante el escándalo por el fideicomiso de morena para “apoyar” a las víctimas del sismo, que supuestamente se desvió para gastos de campaña en las pasadas elecciones, nos recuerda una profunda verdad de la democracia: No es lo mismo gritar sandeces desde la tranquila poltrona de la oposición, que enfrentar al toro en medio del ruedo.
Las primeras señales, incluyendo el gaffe de los aluxes y el fiasco del fideicomiso, muestran que, ya con la dificultad añadida de estar en la silla presidencial, el manejo de la comunicación de López Obrador pudiera llegar a ser incluso tan malo como el de Peña Nieto. En los tiempos de las redes sociales manejar la política y la comunicación social al estilo antiguo es imposible; Eso lo aprendió el PRI por las malas entre 2012 y 2018, y pareciera que ahora a Morena le toca repetir la lección.
Cada vez queda más claro que el objetivo obradorista no es convertirnos en la nueva Venezuela, sino en todo caso en el México del viejo PRI, centralizando las decisiones en el presidente y en su estructura cercana, a través de los súper delegados nombrados por Andrés Manuel para manejar directamente los recursos federales de los que dependen los gobiernos estatales para su propia subsistencia política.
En su planteamiento administrativo, Obrador deja ver el anhelo de la presidencia imperial, pero, una vez más, la época y los escenarios han cambiado. Para tener éxito Andrés Manuel deberá equilibrar la nostalgia del pasado con la creatividad y el dinamismo de los nuevos tiempos.
Hablando en plata: Si lo que pretende es copiar el autoritarismo de antes, se va a quedar muy corto. En todo caso tendrá que inventar un nuevo autoritarismo y en la administración pública, como en la vida misma, crear desde cero es exponencialmente más difícil que replicar modelos previos, así que el éxito de su administración no está, ni mucho menos, asegurado.
AMLO acierta al enfocar su estrategia en el diálogo y en la empatía con Trump.
En relación a su trato con Estados Unidos, la carta de Andrés Manuel a Trump fue muy criticada por quienes todo le condenarán a Obrador, pero siendo objetivos, en este tema Andrés Manuel está haciendo lo correcto, incluso a pesar del enojo de la prensa fifí, tan acostumbrada a adular los demócratas.
AMLO acierta al enfocar su estrategia en el diálogo y en la empatía con el Presidente de los Estados Unidos. Efectivamente el Obrador del 2018 tiene muchas similitudes en su campaña y su planteamiento con los de Donald Trump, y esas semejanzas se volvieron más evidentes por la necia idea de Ricardo Anaya de copiarle la estrategia perdedora a Hillary Clinton. Desde la propia campaña, Obrador y el Bronco eran los menos delirantes al hablar de la relación con los Estados Unidos, y al menos hasta este momento, Andrés Manuel está ratificando esa sensatez ya en la diplomacia práctica.
Finalmente, ¿qué nos toca hacer en este escenario a quienes no votamos por Obrador, no queríamos que fuera presidente y no estamos de acuerdo con él?
Lo mismo que si hubiera ganado Anaya o Meade: respaldar lo correcto y denunciar los errores, analizar un paso a la vez, dividir bien las culpas de lo que pasó y entender que en todo caso, incluso en su peor faceta, Obrador no es el tirano que salió de la nada, sino la consecuencia de una tendencia autoritaria e inmadurez política que comparten todos los colores y todos los espacios del diálogo público en este país.
Concluyendo: Vista la enorme derrota que nos encajaron en las elecciones federales, nos queda deslindar responsabilidades para entender bien por qué nos pasó el tren encima. Mientras tanto a esperar lo mejor, prepararnos para lo peor y construir alternativas para el futuro, conscientes de que Obrador no necesariamente es el tirano, pero esa tiranía está latente en el propio sistema, y Andrés lo va a controlar con muy pocos contrapesos. Así de claro, aunque duela.
*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.
