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Por: Víctor H. Becerra*

Diré de inicio que no es lo más sano, para la democracia, ver a las Fuerzas Armadas intervenir en el proceso político civil, ni siquiera para sugerir “amablemente” dejar un poder ocupado ilegalmente.

Aunque también debo reconocer que tras contrastar la situación de Bolivia y de Venezuela, parece no haber opción: Sin un compromiso decidido de las Fuerzas Armadas en favor de la democracia y del Estado de Derecho, no es posible deshacerse de un tirano y prevenir mayores males. Dicho compromiso evita, precisamente, calificar como “Golpe de Estado” a lo sucedido en Bolivia, donde además, Evo Morales renunció al cargo presionado pero voluntariamente, y junto con él las tres personas que seguían en la línea de sucesión, sin un solo disparo, sin una sola ocupación militar de ningún edificio o cargo público. En cualquier caso, si hubiera un golpe militar, fue un golpe contra un golpista.

La situación no debiera evitar, empero, que el nuevo Ejecutivo boliviano convoque a nuevas elecciones presidenciales en un plazo prudente. Hacerlo es una medida indispensable para restablecer el orden constitucional que violó Morales. Igualmente, debe existir un respeto estricto a los Derechos Humanos de los opositores en esta transición y no tratar de imponer sus valores religiosos. No hacerlo, acerca al nuevo Ejecutivo a las prácticas del propio Evo Morales. Y si fuera así, ¿cuál es el cambio para bien del pueblo boliviano?

Dicho esto, debemos asumir que lo sucedido en Bolivia y el destino de Evo Morales, brinda valiosas lecciones para muchos países y gobiernos de América Latina, empezando por México y el gobierno de López Obrador.

Una primera lección es que jugar y pasarse por alto las constituciones y las reglas legales conduce inevitablemente, tarde o temprano, al autoritarismo. 

Los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, el de Evo Morales en Bolivia y otros más, han venido creando un presidencialismo indistingible ya del autoritarismo, que sentó un precedente preocupante para América Latina. En prácticamente todos los casos, durante sus violaciones legales, hubo silencio casi absoluto de los organismos internacionales y de otros gobiernos. El nuevo activismo y atento seguimiento de la OEA y de sus organismos en casos como los de Venezuela y Bolivia, debe ser un incentivo para no seguir permitiendo esto: El silencio es cómplice y aliciente de tiranos en vías de serlo. Y casi siempre terminan siéndolo. 

Una segunda lección: es peligroso ir a elecciones con un dictador como candidato, sin un árbitro electoral imparcial.

Por ello el ofrecimiento de Evo Morales de realizar nuevas elecciones, no sólo fue tardío, sino también falto de credibilidad. Recordemos que Evo ganó su primera elección presidencial en 2005, y desde el poder no sólo se dedicó a controlar todos los órganos de gobierno y a agredir violentamente a la oposición, sino además escribió y promulgó una nueva Constitución, en 2009, que solo le permitía una nueva reelección, la cual ganó en 2009, con un órgano electoral ya bajo su poder. Empero, en 2014, se volvió a presentar como candidato presidencial, con una lectura mañosa de la Constitución y sin ningún contrapoder que se lo impidiera, y volvió a ganar. Aun así y en vista de la ya inescapable prohibición constitucional, en 2016 organizó un referéndum para reformar la Constitución y permitirse una reelección más, por cuarta vez consecutiva, el cual perdió. Sin aceptar su derrota, acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional, controlado por él, para que le permitiera participar de nuevo en 2019. Como era de esperarse, el Tribunal le aprobó, unánimemente, presentarse, por cuarta vez consecutiva.

Morales se robó las elecciones del pasado 20 de octubre, tal como lo confirmaron los observadores electorales extranjeros invitados por su gobierno, y la propia empresa contratada por su régimen para auditar los resultados electorales. Morales nuevamente como candidato y con los mismos órganos jurisdiccionales, sólo habrían repetido el mismo robo. Por eso su salida fue el mejor procedimiento posible y que no se presentara a la nueva elección debiera ser un requisito repetido en países como Venezuela o Nicaragua o Cuba, si alguna vez hay posibilidades de elecciones libres y justas en esos países, con órganos electorales independientes y neutrales.

Tercera lección: Abusar del poder termina por cansar a los agredidos, los cuales se rebelarán en algún momento, apelando al Ejército. 

Evo se creyó el Salvador, por lo que cambió las reglas, una y otra vez, a su antojo, para mantenerse el poder durante 14 años ininterrumpidos, y asumió el control de todas las instituciones. Desde el poder atacó a políticos, empresarios, al Ejército, a comunidades indígenas opositoras, a la iglesia católica, a periodistas, los persiguió judicialmente, los agredió violentamente, expropió injustamente empresas y tierras, inventó atentados contra su vida. Ahora, tras casi tres lustros de agresiones y violaciones, los agredidos se rebelan, pero en lugar de aceptar sus errores, ¡Evo denuncia golpe de Estado!

La falta de equilibrios y contrapesos exacerba a la sociedad y aumenta la polarización. La inexistencia de instituciones que sirvan de equilibrio para contribuir a una salida política y constitucional al problema mayor de una democracia, quién debe mandar, obligaron a la ominosa (pero necesaria) intervención de las Fuerzas Armadas. Los Ejércitos muestran que son las únicas instituciones que pueden detener a los tiranos populistas, hambrientos de poder, que empiezan con un discurso de amor al pueblo, para enseguida despedazar leyes, constituciones e instituciones. Si no se quiere esa salida (natural), debe empezarse por no abusar del poder.

Una cuarta lección es asumir que coptar y arrasar con las instituciones de control (electorales, financieras, de derechos humanos, etc.), a la larga va contra el propio gobierno. 

Un gobierno que arrasa con la independencia de todas las instituciones públicas, cava su propia tumba, a la larga. Termina sin un interruptor o cortafuego que evite que todos los problemas lleguen al Ejecutivo, y se le contabilicen en contra, por lo que acaba sin credibilidad, peleado con todos. En Bolivia, todas las instituciones estaban anuladas como intermediarias y contrapesos al haberse puesto al servicio de Morales, y quienes estaban al frente de esas instituciones, se volvieron meros subordinados de Evo. Bolivia muestra que los equilibrios son importantes y la actuación de los contrapesos es fundamental, si no se quiere generar una situación de ingobernabilidad.

Y finalmente, quinta: el sometimiento de todas las instituciones del Estado al poder presidencial y de sus cercanos, en lugar de fortalecer su autonomía y profesionalismo, impide las condiciones para asegurar y dar permanencia al cambio político, económico y social.

Aquellos que apuestan por el aniquilamiento de las instituciones, para supuestamente fortalecer y concentrar su poder, en realidad construyen su paso efímero por él: Al final, no habrá instituciones sobre las cuales construir un nuevo país y su poder durará tanto como la existencia biológica del dictador. Coptar y destruir las instituciones va en contra de cualquier proyecto de cambio permanente. Lo grave es que del paso efímero de un líder carismático a la intervención militar, para evitar mayor caos, no hay más que un paso. Es lo que hoy vemos en Bolivia.

Bolivia es un buen ejemplo sobre el que el gobierno de México y de otros países deben reflexionar, para evitar caminar por el mismo camino que recorrió Evo Morales, que fue el de la servidumbre, la ilegalidad, el abuso, la polarización, la destrucción institucional. Para evitar terminar como él y como Bolivia. 

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Hugo Marcelo Balderrama*

En 1990, el fallecido Fidel Castro y Lula Da Silva fundaron el Foro de Sao Paulo. Según ambos personajes “el Foro fue constituido para reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de izquierda después de la caída del muro de Berlín y las consecuencias del neoliberalismo en los países de Latinoamérica y el Caribe”. En la época de su fundación Castro era el único miembro en un cargo de poder. Pero la pandilla izquierdista la tenía muy clara: había que tomar el poder. En agosto de ese año en Bolivia se realizó la marcha por el “Territorio y la Dignidad”, primeros embates del indigenismo. El 4 de febrero 1992, Hugo Chávez ejecutó un intento de golpe en Venezuela. Y la defensa de la hoja de coca aparecía en escena de la mano de Evo Morales.



Para finales del siglo XX y principios del XXI, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales habían ganado las elecciones presidenciales en Venezuela, Ecuador y Bolivia. La revolución cubana recibía un aire de renovación. Y las viejas fuerzas de izquierda tenían en los homosexuales nuevos militantes, tanto así, que el “Che” Guevara, un asesino de homosexuales, pasaba a ser símbolo de las nuevas “minorías” discriminadas por la sociedad. El foro de Sao Paulo se convertía en la fuerza hegemónica de la política regional.

Una vez en el poder, los presidentes foristas actuaron bajo el mismo libreto.

Primero, convocaron asambleas constituyentes con el objetivo de fabricar constituciones a medida de las ambiciones del foro. Segundo, debilitaron las fuerzas políticas de oposición. Tercero, establecieron grupos paramilitares con el fin de apuntalarse en el poder. Cuarto, empezaron un plan de nacionalización y expropiaciones de empresas nacionales y extranjeras. Quinto, avasallaron el derecho propietario con regulaciones sobre las tasas de interés, incrementos de impuestos y endurecimiento a las leyes laborales. Sexto, realizaron modificaciones a las leyes electorales con el objetivo de instalar tiranías por la vía democrática. Y séptimo, incrementaron el gasto estatal a niveles astronómicos.

Una población muerta de hambre y con todo tipo de padecimientos es fácilmente controlable.

Como la realidad no puede ser burlada, tarde o temprano, los desordenes provocados en la economía pasan factura. La mora bancaria se incrementa haciendo tambalear el sistema financiero, la inflación empieza con un espiral ascendente que parece no tener fin, los productos desaparecen de los mercados y los trabajadores ven diluirse el poder adquisitivo de sus salarios. Cuba está en ese círculo de pobreza más de 50 años y Venezuela cerca a los 20. Sabiamente, el teólogo americano R. J. Rushdoony llama “Planificación de la hambruna” a las políticas económicas socialistas.

Lastimosamente, la derecha Latinoamérica fue tomada por sorpresa. Las fuerzas políticas seguían repitiendo la receta del “neoliberalismo”, un intento de tener un estatismo ordenado y con salud financiera. Los “think thank” defensores del libre mercado adoptaron, sin crítica alguna, los dogmas del marxismo cultural. Y los pocos académicos no socialistas, como mi querido maestro Alberto Benegas Lynch, siguen sin entender la naturaleza del socialismo.

El socialismo no es un error como ingenuamente piensan muchos intelectuales. El socialismo es la representación política de la maldad. Los socialistas no son buenos muchachos a los que les falta aprender economía. Los socialistas son sujetos con un profundo odio a la humanidad. La izquierda es la reunión de los peores elementos de una sociedad. Los vagos, los ladrones, los resentidos y los fracasados encuentran en la izquierda los pretextos para culpar a los demás de sus propias angustias.



Entonces, hundir a sus países en la miseria es un éxito. Una población muerta de hambre y con todo tipo de padecimientos es fácilmente controlable. Por ejemplo: un sándwich de jamón era la forma de obligar a los cubanos a soportar los interminables discursos de Fidel Castro. Y qué venezolano piensa en política cuando tiene una inflación del 14000 por ciento.

¿Hay salida? Si, aunque en el largo plazo. El primer paso es empezar a ganar espacio en el espectro político. Los conservadores debemos hablar de las bondades del libre comercio con los comerciantes informales, los pequeños ahorristas y los trabajadores por cuenta propia, todos victimas del actual sistema. Los cristianamos debemos predicar en nuestras iglesias que cristianismo y socialismo no son compatibles. La derecha debe dejar los guetos académicos, está muy bien hacer libros y ensayos, pero es insuficiente. Finalmente, hay que terminar con ese discurso de “mi país es distinto”. No señores, la verdad es única y universal. No existe una verdad para Bolivia y otra para Cuba o Venezuela ¡por favor! Ese chauvinismo infantil es muy funcional a las tiranías.

*Hugo Marcelo Balderrama es Licenciado en economía y licenciado en Ciencias políticas. Se desempeña como profesor de economía, comercio exterior y planificación financiera. En Facebook: facebook.com/Marcelo.derecha

Por: Víctor H. Becerra*

Como si detrás hubiera una operación concertada, la izquierda latinoamericana salió durante los últimos días en defensa de sus exponentes más distinguidos, específicamente Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa. Pero en realidad solo fue una reacción de desesperación frente al avance de la justicia. Esa izquierda poco podrá hacer cuando la justicia efectivamente toque a sus puertas. Al respecto, si algo debiera de destacarse en estos momentos es el creciente vigor y profesionalismo de los sistemas de justicia en casi toda América Latina (México y Venezuela serían sus grandes hoyos negros), bajo el empuje de jueces independientes, medios de comunicación libres y una empoderada y actuante sociedad civil.

La actuación desesperada de la izquierda comenzó a principios de julio, con el pedido de cárcel preventiva contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, y enseguida, la solicitud de captura de su auto exilio en Bélgica, por su vinculación en el breve secuestro del político Fernando Balda, antiguo aliado suyo, en Colombia, durante 2012; sobre ello, la Interpol aún debe decidir si acepta o no dicho pedido de captura internacional. No debe perderse de vista que este caso es el más avanzado en contra de Correa, pero que hay otros, en temas como corrupción con fondos públicos, la venta irregular de petróleo a China y otros casos menores que van sustanciándose.



Quizá estos procesos contra Correa no se habrían desarrollado sin la disputa por el poder entre el propio Correa y el sucesor que él mismo designó, el presidente Lenin Moreno. Estaríamos pues frente a un simple vendetta entre pandillas rivales, o quizá, una simple estratagema para ocultar los problemas del país y la creciente impopularidad presidencial. Pero hasta ahora ha sido cuidadosa y quizá hasta intachable la actuación de la justicia ecuatoriana. Habrá que esperar un mayor avance del caso o su conclusión para determinar si hubo o no un completo proceder fundado en derecho.

Pero la fuerte presión de la justicia ecuatoriana en contra de Correa llevó a un intempestivo contraataque por parte de Nicolás Maduro, defendiendo también a Lula Da Silva y a Cristina Kirchner, la cual está cada vez más implicada en sus crecientes problemas judiciales, los que la tienen a un paso de la cárcel. Pero casi de manera simultánea comenzó en Brasil, con Lula Da Silva, una especie de capítulo de los Looney Tunes, con el Pato Lucas poniendo el cartel de “Liberado” y Bugs Bunny superponiendo otro de “No Liberado”, y así hasta el infinito.

Esto fue el intento de liberar a Lula de la cárcel, donde está desde el pasado 6 de abril, purgando una sentencia de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, por parte de militantes de su partido, el Partido dos Trabalhadores (PT). Al respecto, y a pedido de legisladores del PT, el juez Rogério Favreto ordenó reiteradamente la liberación de Lula, argumentando que el encarcelamiento atentaba contra su derecho a ser candidato a la Presidencia de la República en los comicios del próximos 7 de octubre. Hasta en tres ocasiones jueces distintos rechazaron el pedido, aduciendo que Favreto no tenía ninguna facultad para ocuparse del caso.

Pero en la cuestión de fondo, la cárcel no castiga los derechos políticos de Lula Da Silva: estos aún se harán valer en otras instancias, ajenas a la penal. Al respecto, Lula tiene recursos pendientes, a desahogarse durante agosto y septiembre próximos por las instancias electorales y tal vez la Corte Suprema, que debieran permitirle (o impedirle) postular a la Presidencia. En tal sentido, su fallido intento de liberación fue solo una tentativa política, de mero espectáculo público, a fin de forzar a las instancias electorales para aceptar ya a Lula como candidato presidencial, pero que no varía lo fundamental: Lula es un político que hoy está en la cárcel por corrupto, según lo determinó un proceso judicial riguroso y por distintos jueces en varias instancias sucesivas. Así, su postulación tendrá que vérselas con la ley brasileña de “Ficha Limpia” (aprobada en 2010, bajo la segunda Presidencia de Lula y respaldada por él), por la que ningún condenado por un delito confirmado en dos instancias (precisamente el caso de Lula) puede postularse para un cargo electo durante al menos ocho años. Pero la última palabra la tiene el Supremo Tribunal Electoral.

El inicio de una investigación contra el juez Favreto, por la presunción de que actúo motivado por intereses políticos, dada su antigua y larga militancia (19 años) en el partido fundado por Lula, el haber sido funcionario a las órdenes de Lula y ser nombrado juez por la presidenta Rousseff, sin la trayectoria judicial para serlo, fundamentan esta idea de que todo fue una puesta en escena, para chantajear a las instituciones electorales.

Pero el daño a la credibilidad del sistema brasileño de justicia ya estaba hecho, y fue como el pistoletazo de salida para que la izquierda latinoamericana se lanzara a defender a sus héroes. En esta defensa de Correa y Lula, principalmente, no hubo ni decencia ni cuidado. Decencia, para referirse a otros casos de mayor relevancia y urgencia, como la masacre contra jóvenes nicaragüenses por parte del régimen cuasi dictatorial de Daniel Ortega. Cuidado, para revisar siquiera mínimamente las causas judiciales de sus defendidos. De haberlo hecho, seguramente habría actuado con la prudencia pedida por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, a la ex presidenta Bachelet y a otros políticos chilenos de izquierda, por la carta de apoyo a Lula que suscribieron.  El gesto de Muñoz, que por su antiguo rango debe poseer muchos datos no públicos del caso Lula, fue un gesto solitario (y honorable) entre la izquierda de la región.

Tanto Lula, como Correa y Cristina Kirchner seguramente terminarán por recibir la pena que merecen por las vías judiciales, sin importar las presiones políticas. Y eso debiera ser una buena noticia y un gran rasgo distintivo respecto a nuestro pasado. Hoy, más de dos decenas de gobernantes latinoamericanos están en la cárcel o en riesgo de estar en ella, además de cientos de políticos investigados y que poco a poco son procesados. Nunca antes en nuestra historia habíamos visto a tantos políticos castigados por una justicia imparcial y profesional, con un mayoritario apoyo social.



Los regímenes políticos en Latinoamérica durante el siglo XX se permitían todo o casi todo. Bajo la forma de regímenes autoritarios, dictaduras militares o democracias imperfectas, los gobernantes tenían control absoluto o casi absoluto sobre las instituciones, especialmente los aparatos judiciales, lo que les permitía administrar la justicia en función de sus intereses políticos, lo que explica muchísimos hechos corruptos que pasaron desapercibidos y quedaron sin castigo en nuestra historia común. En contraste, gracias a las reformas de los sistemas judiciales que se han dado en los últimos 20 años y a una vigorosa reacción social, hoy líderes, ministros, exministros y cientos de funcionarios de altos cargos se enfrentan a la acción de los tribunales. Algunos ya están presos, muchos están siendo procesados y varios más terminarán en la cárcel.

El creciente protagonismo de las instituciones de justicia es una buena noticia para América Latina, una que por desgracia no valoramos en toda su importancia. Los actuales aprietos judiciales de Lula, Correa y Kirchner son un gran cambio cualitativo respecto a nuestro pasado, no dejando sus posibles crímenes al arbitrio de la impunidad o la venganza política. Y eso es algo que debiera alegrarnos a todos, por encima de las diferencias ideológicas.

Al respecto, es natural que la mayoría de los procesados sean hoy políticos de izquierda, tras sus varios lustros de poder, casi sin contrapesos. Y es natural también, hasta cierto punto (un punto antes de la ceguera interesada y la alcahuetería), que muchos en la izquierda se sientan acosados. Pero esa izquierda (si es honrada) no debiera perder de vista que, tras de ellos, seguramente seguirán muchos de los actuales gobernantes de otros signos ideológicos, si dejan a la justicia madurar más y ganar todavía mayor profesionalismo e independencia.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Hugo Marcelo Balderrama*

La filosofa venezolana Yorbis Esparragoza, describe la política Latinoamérica como una competencia de grupos de presión, magistralmente, las llama “Elites herméticas”. Estos grupos de grupos de poder, utilizan el aparato estatal como un medio de enriquecimiento y dominio social.

Las universidades son las encargadas de brindar sustento intelectual al sistema, por eso: la supremacía del positivismo jurídico en ciencias jurídicas, la corriente neoclásica y el keynesianismo en economía y el enfoque de género en otras ciencias sociales.



El positivismo jurídico enseña que el Estado es la única fuente de autoridad y derecho, ergo, se debe considerar ley a cualquier cosa que los gobernantes decreten. Entonces, nadie puede oponerse a una ley, sin importa si esta es injusta o inmoral. Obviamente, las elites gobernantes son las mayores beneficiadas de este sistema legal, porque les permite obtener privilegios en desmedro de la población.

Los economistas keynesianos, sostienen la curiosa idea que una economía puede tener “fallos” y situaciones indeseables como la falta de empleo y el comportamiento mezquino de los capitalistas. Fallas que solo pueden ser corregidas mediante la intervención del estado.

Los gobernantes son tan egoístas como cualquier empresario, y quieren maximizar utilidades

Los profesores Gordon Tullock y James M. Buchanan padres del “Public Choice”, explican que el intervencionismo, propio de la escuela keynesiana, está sostenido en la falacia de la “bondad perfecta del burócrata”. Estos maestros, demuestran que los gobernantes son tan egoístas como cualquier empresario, y ambos quieren maximizar sus utilidades. La diferencia radica en el medio. El empresario lo hace invirtiendo y arriesgando sus capitales. El burócrata lo hace mediante el crecimiento del gasto fiscal. Su brillante análisis, también incluye el comportamiento de los “Cazadores de rentas”, básicamente, organizaciones que son parte de las elites herméticas.

En Bolivia “los cazadores de rentas” lo conforman cuatro grandes grupos.

  • Los empresarios que quien subsidios y mercados cautivos. Por ejemplo: Los exportadores quieren devaluaciones “competitivas” y los constructores quieren créditos blandos. Ambas medidas perjudican el bolsillo de la población.
  • Los políticos que quieren el monopolio de la acción política. Se comportan igual sin importar si son del oficialismo o la oposición. En Bolivia la oposición es el principal obstáculo para el surgimiento de un Partido liberal, demostrando así, que solo persiguen el poder y los privilegios.
  • Los colegios profesionales persiguen privilegios y puestos de trabajo en las altas esferas. Por ejemplo: los economistas quieren ser empleados del banco central o formar parte del viceministerio de planificación.
  • Los altos jefes de los departamentos estatales. El ministro de educación quiere más presupuesto para su área. La socióloga feminista persigue el ministerio del género. Y el periodista de izquierda quiere el ministerio de informaciones.




Este modelo político basado en los privilegios y transferencias de rentas es inmoral. Convierte a la sociedad en un sistema de castas: capitalismo para pocos (las elites) socialismo para muchos (la gente común).

La única salida de este sistema es por la vía política, y para eso, se necesita un partido político que enarbole los gobiernos limitados, los mercados libres y la propiedad privada. ¡Si señores! Hay que proponer el capitalismo.

*Hugo Marcelo Balderrama es Licenciado en economía y licenciado en Ciencias políticas. Se desempeña como profesor de economía, comercio exterior y planificación financiera. En Facebook: facebook.com/Marcelo.derecha