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Por: Víctor H. Becerra*

Una de las discusiones más apasionantes sobre el régimen de Andrés Manuel López Obrador en México, es su supuesto parecido con el régimen construido por Hugo Chávez en Venezuela. Según esta lógica, la llamada 4ta Transformación, como le gusta a López Obrador llamar a su gobierno, no sería más que un esfuerzo consistente por trasplantar a México el llamado “Socialismo del Siglo XXI”, edificando una especie de “Venezuela del Norte”.

Quienes así lo señalan tienen bases en su argumentación. Y sus evidencias, por desgracia, se acumulan y adquieren coherencia. Al respecto, esto lo dice y lo acepta quien desde un principio se ha negado a ver a López Obrador como un simple emulador de Chávez: En mis colaboraciones siempre he destacado, en primer término, la raíz del autoritarismo priista en López Obrador. Aunque quizá sea momento de aceptar lo evidente y reconocer, al fin, cómo el chavismo va adquiriendo protagonismo en el gobierno lopezobradorista.

Muchos han señalado los evidentes parecidos entre ambos regímenes. O para decirlo más claramente: La clara copia por parte de los estrategas de López Obrador de la experiencia chavista. hasta hace poco la experiencia más exitosa en América Latina, sobre cómo vaciar toda institucionalidad en una democracia liberal y transformarla en un régimen iliberal, de cómo convertir una democracia imperfecta en una dictadura perfecta a través de métodos democráticos.

Basta hacer un rápido repaso de las propuestas de Hugo Chávez, para ver cómo fueron copiadas por López Obrador y sus estrategas, con la esperanza de lograr una transformación tan radical como la que operó Chávez sobre el régimen venezolano:

  1. El uso y abuso de los medios de comunicación, especialmente la TV, para popularizar las prioridades del gobierno, desde el programa “Aló Presidente” que inició Hugo Chávez en 1999 (que dejó de trasmitirse hasta que murió en 2013), y del que las conferencias “mañaneras” de López Obrador son una continuación legítima.
  2. El discurso de vender el avión, reducirse el sueldo y ser “humilde”, diciendo que la riqueza es mala, fue patentado por Chávez, con buenos dividendos electorales, ya que según él, no podía haber gobierno rico con pueblo pobre, aunque después terminó comprado un avión más costoso, por ejemplo. También anunció, como hizo López Obrador, no ocupar la Residencia oficial e incluso, que el Palacio de Gobierno se transformaría en una universidad, aunque estas dos promesas no las cumplió.
  3. La idea de la revocación de mandato a la mitad del periodo presidencial tampoco es de López Obrador, sino de Hugo Chávez, quién se la anunció al periodista Jorge Ramos en una muy conocida entrevista en diciembre de 1998.
  4. La idea de transformar la Constitución nacional en una de carácter revolucionario, bolivariano y amoroso, fue también de Hugo Chávez, a través del Referéndum Constituyente de 1999, que muchos analistas señalan es el proyecto estelar de López Obrador para la segunda mitad de su mandato.
  5. El discurso de la lucha y el fin del neoliberalismo, un neoliberalismo que dio origen a la corrupción, también es una idea patentada por Hugo Chávez, desde el comienzo de su vida política hasta el final de sus días.
  6. La idea de crear una Guardia Nacional en la que se concentren todas las fuerzas armadas comandadas por el “Jefe Supremo de la Nación” fue de Hugo Chávez, antes que de López Obrador, quien solo la tropicalizó. 
  7. El proyecto de tomar el control del Poder Judicial bajo el pretexto de que fue corrompido, fue de Hugo Chávez, misma idea que López Obrador ha venido desarrollando en México.
  8. La idea de construir un proyecto político amoroso, cristiano y humanístico, de valores morales, fue de Hugo Chávez, el cuál se encuentra explicado y documentado en varias entrevistas que le realizaron.
  9. La idea de “repotenciar” la industria petrolera a través de la empresa estatal PDVSA, expulsando al capital privado de su estructura financiera, fue también de Hugo Chávez, antes que de López Obrador. A partir de este gesto de machismo político, se sucedieron después las expropiaciones de empresas, los controles de precios y de cambios, todo lo que arruinó la economía venezolana.
  10. Finalmente, la vinculación entre Chávez y López Obrador termina siendo doblemente irónica: Por un lado, las dos personas que adoptaron esas medidas bajo su Presidencia tenían como deporte favorito el beisbol; la segunda ironía es que todos quiénes votaron por Chávez dijeron en algún momento: “es imposible que una dictadura se instaure aquí”. Y es lo mismo que dicen los defensores de López Obrador en México; su defensa automática es que “México no es Venezuela”. 

El de López Obrador es un régimen que aun no termina por perfilarse. Pero cuyas primeras escaramuzas ya se dan al nivel de los símbolos y la retórica. Así, López Obrador se reviste de los mismos símbolos e igual discurso que Hugo Chávez.

Si realmente queremos aprender del pasado y de sus errores, los mexicanos debemos ser conscientes de que el norte simbólico de López Obrador no es Juárez, no es Cárdenas, tampoco Madero. Sino que es Hugo Chávez. Y recordar también que, si algo fue un fracaso trágico, como lo es la Venezuela chavista,  no se puede aspirar a algo distinto, haciendo exactamente lo mismo.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Víctor H. Becerra*

No me refiero a la supuesta salud deteriorada de López Obrador, como una probable causal para que López Obrador no termine su gestión. Sino a una serie de cuestiones que, en un país serio y respetuoso de la ley, ya habría generado un escándalo, y un alud de investigaciones en contra del presidente de la República, hasta analizar su posible remoción.

Sin duda, la mayor cuestión es la sospecha de que el régimen chavista venezolano apoyó económicamente a López Obrador, al menos desde 2006, según se dice. Al respecto, han sido muchos y reiterados los señalamientos en esa dirección, incluyendo la aparición de propaganda patrocinada por el PSUV en varias ciudades de Venezuela, en apoyo a López Obrador, hasta las declaraciones del periodista Max Aub, quien habló recientemente de supuestos testigos presenciales de la entrega física de tal apoyo económico.

A ellos sumemos la conocida vinculación orgánica entre MORENA (el partido fundado por López Obrador) y el chavismo, la propaganda a favor del chavismo durante la pasada campaña de López Obrador, hecha con dinero público mexicano, la supuesta intención de Maduro de apoyar a López Obrador, según denunció en 2018 el diputado venezolano Rafael Ramírez, acusación reiterada por el legislador en varias ocasiones, junto con otros señalamientos sobre supuesto financiamiento del chavismo a López Obrador.

Al margen, dicha acusación explicaría plausiblemente el porqué el regimen lopezobradorista ha apoyado a la dictadura de Nicolas Maduro, siendo una notoria excepción fuera de los gobiernos que lo hacen en gran parte por petróleo y compromiso económico (Bolivia, Nicaragua, Cuba, algunas islas caribeñas), al grado de que hasta el gobierno de Uruguay desairó y dejó solo al gobierno de López Obrador en su apoyo a Nicolás Maduro.

Ninguna de estas cuestiones ha generado la más mínima investigación de ninguna institución responsable mexicana (la nueva Fiscalía General de la República, la ex PGR, el INE, la Fiscalía contra delitos electorales, las autoridades fiscales o bancarias) o, al menos, alguna citación a los acusadores para documentar su testimonio y que presenten las pruebas que dicen tener.

La mayoría de estas instituciones ha preferido incumplir flagantemente su trabajo, o como hemos visto recientemente, han decidido ser más bien cómplices y escuderos en la venganza y el linchamiento del presidente López Obrador en contra de sus críticos.

A ello sumemos los indicios de lavado de dinero en la reciente campaña electoral de López Obrador, a manos de uno de sus hijos. O el desvío de recursos destinados a los damnificados de los temblores de septiembre de 2017, y que fueron a parar a manos de políticos de MORENA, esto sí investigado pero insatisfactoriamente sobreseído por el Tribunal electoral. O los crónicos escándalos de financiamiento ilegal que salpican el proyecto político de López Obrador, al menos desde 2004 con el caso René Bejarano. O hasta los posibles cargos futuros por malversación de dinero público, por la cancelación de Aeropuerto de Texcoco, por ejemplo.

Como buen país con impuestos escandinavos y, en contrapartida, un desempeño gubernamental africano, la impunidad ha sido la norma en relación con López Obrador. El temor ante la movilización de sus seguidores y las posibles agresiones de que son capaces (lo vimos recientemente en las diferencias de López Obrador con el Poder Judicial), así como el conocido victimismo de López Obrador, han disuadido a muchos funcionarios de actuar. Aunque no deja de ser desolador que en un país de 130 millones de habitantes, no haya uno sólo dispuesto a investigar y hacer cumplir la ley hasta donde sea indispensable.

La situación hoy es más grave que en el pasado, dada la total sumisión de las instituciones públicas frente a López Obrador, como es el caso de la Fiscalía General, donde López Obrador puso a un adicto suyo, bajo el pretexto de que permitir un Fiscal independiente significaría, según sus colaboradores, tentar un posible “golpe de estado”, como el escenificado supuestamente en Brasil en contra de Dilma Rousseff.

Quizá no sea dable esperar que alguna institución se atreva a realizar la investigación que demandan tantos indicios, ya que López Obrador cuenta con mayoría casi absoluta en el Congreso, la cual usa como arma cargada en contra de los otros contrapesos estatales. Sin embargo, como muchos ejemplos demuestran, es casi imposible que casos de financiamiento ilegal y corrupción partidista permanezcan ocultos: Casi siempre hay una disención interna que mueve a muchos actores a hablar y revelar cosas. Máxime en tantos casos protagonizados por testaferros de López Obrador, que ha sido todo, menos pulcros, como lo muestran los casos Bejarano, Luis Mandoki, Eva Cadena, etc.

Quizá el testimonio de un protagonista o testigo en desacuerdo, que no recibió lo que esperaba o creía merecer, o el posible y cada vez más cercano derrumbe del chavismo, podrían ser un revulsivo en contra del régimen de López Obrador, colocándolo contra las cuerdas o al borde de la renuncia, algo inusitado en México, al menos desde 1932, con la renuncia de Pascual Ortiz Rubio. No sería fantasioso esperarlo, ante la enorme cantidad de indicios, posibles casos y su gravedad, que hasta implicarían la figura de traición a la patria por parte de López Obrador y creíblemente algunos de sus colaboradores.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Víctor H. Becerra*

Lo que se temió durante mucho tiempo, finalmente llegó: una réplica fuerte y severa de los mercados a los proyectos irresponsables del nuevo gobierno mexicano, en este caso sobre PEMEX (Petróleos Mexicanos), la petrolera estatal y principal empresa del país.

PEMEX es un buen ejemplo de que el intervencionismo estatal conlleva siempre pobreza, desperdicio y corrupción: A las empresas estatales les conviene prolongar los problemas y la pobreza que supuestamente están destinadas a curar. Trabajan no para solucionar los problemas encomendados, sino para favorecer y corromper a grupos de interés, ya que nadie cuida con responsabilidad el dinero ajeno. La situación precisamente que condujo a la petrolera pública a su actual situación.

PEMEX ha sido siempre una empresa sujeta a la influencia política, usada como caja chica del gobierno mexicano, y como botín y pieza fundamental de políticos, burócratas y sindicato, en el chantaje político. López Obrador trató de usarla en el mismo sentido, recargada, dando marcha atrás a algunos progresos importantes del pasado reciente, y fue entonces que vino la respuesta de los mercados.

Así, hace unos días, Fitch Ratings le recetó una rebaja en su calificación crediticia, es una de las advertencias más severas sobre la inviabilidad financiera de la principal empresa mexicana y, con ello, preocupantemente, de las finanzas públicas del país. Era una baja que ya se esperaba desde hace tiempo, sin que a nadie en el nuevo gobierno mexicano le hubiera preocupado y actuado en consecuencia. Al margen, habría que decir que otra de las tres grandes calificadoras, Moody’s Investors Service, decidió no hacer cambios en la calificación por ahora, dando el “beneficio de la duda” al gobierno López Obrador antes de hacer un cambio.

El golpe de Fitch costó de inmediato un incremento anualizado de mil – 1.5 mil millones de dólares, entre el servicio de deuda y los intereses acumulados de capital; es decir, PEMEX (o mejor dicho: los contribuyentes mexicanos) deberá pagar más intereses por la deuda que tiene. Aparte, significó una baja generalizada en la Bolsa Mexicana de Valores, un aumento en los intereses de la deuda corporativa y la del gobierno, y un aumento en el tipo de cambio. Todo ello incide en un mal clima de negocios en el país, con menos empleos e inversiones.

Al respecto, cabe señalar que PEMEX tiene hoy una deuda de 110 mil millones de dólares, que corresponde ya al 15 por ciento del Producto Interno Bruto del país; incluso todos los activos de la empresa son inferiores a su deuda. Y fue una deuda que se canalizó para pagar favores políticos, corrupción política y sindical, e inversiones y empleos improductivos. Así, PEMEX tiene el dudoso honor de ser la empresa petrolera más endeudada e ineficiente del mundo.

Adicionalmente, PEMEX enfrenta este año vencimientos de deuda por 5,400 millones de dólares, y un gasto de capital por 19,700 millones de dólares, un 22% más que el año pasado, en contraste con una producción petrolera que declina año con año, y con ella caen también sus ingresos. Como ha quedado claro, no hay claridad sobre cómo conseguirá PEMEX estos recursos, sobre cómo elevará la producción de crudo, ni sobre el futuro de la reforma energética. Esos fueron los elementos que juzgó Fitch para dar su calificación. En síntesis, las ocurrencias de López Obrador y su equipo no son rentables.

Uno esperaría que un gobierno desautorizado en sus planes financieros por una de las principales calificadoras del mundo, buscaría dar calma a inversionistas y delinear una solución de fondo. Pero López Obrador no: inmediatamente desacreditó e insultó a Fitch, la culpó de ser cómplice y no haber opinado antes sobre los problemas de corrupción y robo de combustible en la empresa y ratificó, finalmente, el mal rumbo emprendido.

López Obrador se equivoca (una vez más): La tarea de una calificadora es solo medir la fortaleza y certidumbre de una entidad que pide prestado y que para ello emite bonos de deuda. No es detener ni alertar sobre la corrupción ni el huachicoleo ni el “neoliberalismo”. Solo valora si tal país o entidad enfrentará problemas para cumplir con sus obligaciones y, en consecuencia, alerta a los inversionistas.

En tal sentido, el gobierno de López Obrador puede culpar de sus males al “neoliberalismo” de los gobiernos que le antecedieron y tratar de lavarse las manos; puede también desacreditar a Fitch y decir que se confabula contra su gobierno. Pero la realidad termina siempre por llegar: “Se puede ignorar la realidad. Pero no se pueden ignorar las consecuencias de ignorar la realidad” (Ayn Rand). Así que en la salvaguarda de sus intereses, a los inversionistas no les importa lo que digan López Obrador y su equipo, sino lo que dice Fitch.

Nadie niega que López Obrador recibió una empresa en problemas, pero tampoco que éste en solo 60 días cavó bajo sus pies, con proyectos faraónicos, con la amenaza de revertir en los hechos la reforma energética, con su improvisación y sus mentiras (como las que causaron el actual desabasto de gasolinas), con los nombramientos insensatos de los nuevos directivos de la empresa (sin experiencia en el ramo y al final sumamente ineficientes) y con la reversión del sistema de gobierno corporativo que la Reforma Energética buscaba implantar y que podía ser parte de la solución a los problemas de PEMEX. O al menos, de posponer su explosión.

En sus estrechos marcos ideológicos, López Obrador puede confundirse y creer que los “neoliberales” atacan a su gobierno. No, no es así: es una simple respuesta de la racionalidad de los mercados a sus malas e irreales decisiones. Y sin un plan de inversión para incrementar la producción y contar con los recursos que requiere PEMEX, y sin incorporar a la iniciativa privada en tales tareas, así como tecnologías como el fracking , podrían venir más duras respuestas de los mercados.

El gobierno de López Obrador descalifica e insulta en lugar de solucionar los problemas y evitar lo prioritario por ahora: que PEMEX no pierda el grado de inversión y que como consecuencia, los inversionistas se deshagan por ley de la deuda de PEMEX, causando una hecatombe financiera.

Si se pierde el grado de inversión de PEMEX, el gobierno federal tendría que apoyar los requerimientos de capital de la petrolera, aumentando transferencias, o dándole aportes de capital, o inyección de liquidez, o peor aún, tendría que garantizar directamente la deuda de la empresa, trasladando el problema de su pérdida del grado de inversión a la propia deuda pública del gobierno mexicano, multiplicando el problema. Para el país, sería como tratar de nadar con una rueda de molino en el cuello.

Si eso sucediera, los mexicanos perderán por partida triple: como usuarios de los productos de PEMEX (más caros y escasos), como sus supuestos “dueños”, ante una “inversión” malograda y perdida, y como contribuyentes obligados a rescatar a una empresa improductiva en quiebra, echando más dinero a un barril sin fondo.

México podría volver a repetir la historia de los 80s, cuando en medio de una larga y espantosa crisis económica, por la caída de los precios del petróleo, el líder petrolero de la época trató de chantajear al entonces candidato presidencial Carlos Salinas: “Si PEMEX se hunde, se hunde México y se hunde usted”, le dijo. Si las cosas se salen de control, hoy eso podría pasar, mutatis mutandis, con el gobierno de López Obrador.

Y es que los problemas se acumulan sobre la petrolera estatal. No es solo la ineficiente lucha contra el robo de combustible, con muchas más pérdidas que ganancias, sino hechos más inquietantes. Así, hace unos días se descubrió un automóvil con explosivos en una de las entradas de la Refinería Antonio M. Amor de Salamanca, la más grande del país.

Esto recordó el caso de la explosión de 2013, en las oficinas corporativas de PEMEX, que dejó varios muertos y que pudo ser producto de una bomba colocada por narcotraficantes, según fuentes estadounidenses. En el mismo sentido, al parecer lo de la Refinería de Salamanca fue una operación del llamado cartel Jalisco Nueva Generación, buscando culpar a su rival, el cartel Santa Rosa de Lima. Pero lo fundamental es notar que la refinería no es solo el epicentro del robo de combustible, sino también que ya es uno de los principales centros de tráfico y venta de estupefacientes en la región: Nada peor que ver de pronto como las instalaciones petroleras del país se pueden convertir en un sangriento campo de batalla entre bandas rivales de narcotraficantes, trasladando a su interior la perversa dinámica criminal de las zonas por donde pasan los ductos petroleros.

El caso de PEMEX es un ejemplo de manual de los problemas que aquejan a toda empresa estatal, que pese a su ineficiencia siguen funcionando, solo por la protección del Estado. PEMEX muestra que el resultado natural del intervencionismo estatal es un daño general a la sociedad y, en contraste, una renta injustificada para grupos paraestatales: políticos, burócratas y sindicatos. Y es que solo a estos grupos privilegiados se les puede ocurrir que crear más empresas públicas y más empleos improductivos (o peor aún: francamente anti-productivos) en ellas, pueden ser medidas positivas y beneficiosas.

Por eso, precisamente, los países pobres y subdesarrollados solo tienen burocracias. Mientras que los países ricos y libres, tienen mercados.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Víctor H. Becerra*

Diego Armando Maradona llegó hace unos días a México, para afincarse y dirigir a un oscuro equipo de futbol de la división de ascenso, el equipo Dorados de Sinaloa, colocado en el fondo de la tabla y asentado en una de las zonas de mayor influencia del narcotráfico. Su llegada ha sido, como se esperaba, motivo de suma atención y polémica. Aunque también de sátiras y burlas. Vale la pena detenerse un poco en el episodio, del cual pueden extraerse algunas lecciones.



El dueño de Dorados, Jorge Hank Rhon, es el hijo menor de Carlos Hank González, un profesor rural que se convirtió en uno de los políticos más prominentes del PRI en los 60s y 70s, del que se recuerda su enorme capacidad para enriquecerse al amparo de la política, bajo su máxima: “Un político pobre es un pobre político”; a su muerte, sus hijos heredaron grandes negocios e importantes relaciones políticas.

Jorge Hank es un millonario mexicano típico, con apellidos de políticos influyentes, con fama de “filántropo” y costumbres extravagantes, y negocios de la mano del gobierno, básicamente casinos, cual Al Pacino en El Padrino. Así, maneja casi la mitad de los juegos de apuestas y casinos de México. Junto con Dorados, posee también al equipo Xoloitzcuintles de Tijuana, de la máxima división. Ambos equipos los administra su hijo Jorgealberto Hank Inzunza.

Jorge Hank de 62 años de edad y con 19 hijos de sus numerosos matrimonios, es también, como su progenitor, un político militante del PRI, donde fue alcalde de Tijuana y candidato perdedor a gobernador de Baja California. Como alcalde, endeudó al municipio todo lo que pudo y lo quebró, aumentó los índices de violencia, al mismo tiempo que daba “apoyos” a los pobres y organizaba grandes espectáculos. En los hechos, compró al PRI y a muchísimos políticos, puestos a su servicio personal y de sus negocios. En esa estrategia, se ha acercado incluso a la dictadura cubana. Es, pues, el típico mafioso tercermundista: con mucho dinero y políticos a su servicio, pero sin blasones ni logros extraordinarios, sólo excentricidades y una vida signada por los escándalos.

Al respecto, se le ha acusado de media docena de asesinatos (de familiares y periodistas entre ellos), posesión de armas, por las que terminó presobrevemente, y de tráfico de pieles y animales exóticos, por lo que también fue detenido. En el año 2000 se hizo público que el gobierno de EEUU lo identificaba como socio del temido cártel narcotráficante de los Arellano Félix.

Tal es el nuevo patrón de Maradona, al que ahora servirá mediante un jugoso contrato, después de haber servido hasta la ignominia a Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Aunque ya conocíamos la clase de servicios que llega a prestar, como señaló el también ex futbolista José Luis Chilavert: “Maradona por un pancho y una Coca se da vuelta. Hace un papel triste, lo usan de monigote”. Justo como sucede ahora en México, donde entrenamientos y entrevistas de prensa son llevadas por sus auxiliares. Él sólo aparece en las fotos y recibe los cheques.

Maradona dice ser un socialista pero habla con el bolsillo derecho lleno. De socialista nada. ¿O se puede tener conciencia socialista y a la vez ser aliado y empleado del mejor exponente del capitalismo mexicano de compadres? ¿Qué clase de socialista cobra millones de dólares trabajando en negocios sospechosos de narcotráfico y de favoritismo político, y se gasta su fortuna en ‘farlopa’, en lugar de dedicarla a obras sociales o para disfrute del “común”, como predica el socialismo que dice profesar? ¿Por qué mejor no hizo una contribución a la “revolución” dirigiendo la selección de Venezuela o la de Bolivia? Expuesto a estas preguntas, quizá Maradona contestaría, como muchos otros correligionarios: “Me gusta el socialismo, pero de lejos y para otros, yo no soy tonto”.

En realidad, un capitalismo de compadres como el mexicano es idóneo para el desarrollo y la complicidad de socialistas, como hoy demuestra Maradona. Es así porque el capitalismo mexicano de compadres, como el de otros muchos países latinoamericanos, está más cerca del socialismo que del real capitalismo, y más cerca fascismo que del socialismo. Es un socialismo corporativo y tal es el verdadero contrato social en nuestros países.



Un socialismo corporativo construido mediante un capitalismo de estado a lo grande, con un intervencionismo estatal pernicioso, desde las relaciones de poder y las complicidades políticas y familiares, hasta llegar a ser un socialismo corporativo con base en la metodología del Lava Jato, con tintes de kirchnerismo, manejo delincuencial a lo Maduro y demagogia a lo Evo Morales o López Obrador.

El socialismo dijo luchar toda la vida por el fin de las clases. Toda la vida defendiendo la igualdad de oportunidades. Y en cambio, llegan Maradona y muchos otros y con su ejemplo lo desnudan y se lo cargan de un plumazo. Así, trayectorias como las de Maradona y su actual discurrir mexicano, prueban que defender el socialismo no es defender a los pobres, sino apoyar el saqueo desde el gobierno y sus empresas favoritas, y promover el enriquecimiento propio en nombre de “la igualdad”. ¿Pero alguien esperaría algo distinto de una ideología que solo prohíja envidiosos y resentidos?

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Hiram Pérez Cervera*

“Ninguna sociedad puede existir, si no impera en algún grado el respeto a las leyes.”

Frederic Bastiat.

Es evidente que existe una barrera que, a lo largo del tiempo, evita que nuestro país pueda recorrer el camino del progreso económico y la solidez política. La cifra constante que oscila entre los 40 y 50 millones de mexicanos en pobreza es algo que despierta una diversidad de explicaciones que van desde la desigualdad social hasta la corrupción, esto sin lograr aún una respuesta al problema que nos permita ejecutar un plan de acción.



Este fracaso se debe a que el diagnóstico que políticos y académicos han hecho esta equivocado de raíz, están confundiendo los síntomas con la enfermedad. Esto es como si un médico argumentara que el problema es la fiebre y no el resfriado, es así como me he dedicado a ofrecer, brevemente, una explicación sobre los problemas de fondo que tenemos en el país.

De acuerdo con el índice de libertad económica elaborado por Heritage Foundation[1], México ocupa el lugar número 63, penosamente por debajo de países como Kosovo, Filipinas o Jordania. Esto sin que nuestro país tenga una carga aplastante de impuestos como sucede en otros países, sin embargo, se advierte cuando se consulta el apartado que tiene que ver con el Estado de Derecho, que nuestro país obtiene calificaciones muy pobres e incluso quienes elaboran este índice señalan que la debilidad del sistema jurídico y las demoras en los procesos fomentan prácticas como la corrupción.

Un panorama más claro de lo anterior surge al consultar el Índice de Calidad Institucional, elaborado por el Dr. Martín Krauze a través de la Red Liberal de América Latina (RELIAL)[2], y que evalúa la calidad de las instituciones del Estado en todos los países, en el que nuestro país se encuentra en el puesto número 92. Cabe destacar que desde el año 2007 a la fecha, nuestro país ha perdido 16 puestos en este índice, lo cual nos muestra cuan dramática es la situación por la que estamos pasando y, sobre todo, explica de fondo por qué las reformas estructurales no pudieron ofrecer los resultados esperados. Para rematar, si hiciéramos una clasificación con base únicamente en la calidad de las instituciones políticas, México se ubicaría en un desastroso lugar número 123. En este punto, no es de extrañar porque también tiene una alta percepción de corrupción.

Si el problema se encuentra dentro del Estado, la falta de certeza va a impactar de manera negativa en otras esferas como la democrática que, dicho sea de paso, es el gran reclamo de sociedad y academia hacia el gobierno. De acuerdo con el Índice Mundial de Libertad Electoral (IMLE), elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad[3],  quiero destacar que México ocupa el lugar número 92 de acuerdo con el indicador sobre desarrollo político y un lugar número 70 de acuerdo con el ranking general sobre libertad electoral.

Con todos estos datos se puede concluir que México es un país políticamente inmaduro, en el que las instituciones y la aplicación de la ley están bajo discreción de la élite en turno, sin embargo, este problema no es exclusivo del gobierno, también la sociedad tiene un rol importante al escoger gobernantes con tendencias hacia el uso del poder para beneficio propio, a través de corporativizar diferentes grupos de la sociedad. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el caso de la líder sindical Elba Esther Gordillo, que en el año de 2013 fue a prisión no porque hubiese una efectividad en el sistema judicial mexicano, más bien por no mostrar sumisión a la élite en turno cuando intentó impulsar una reforma educativa que tocaba los privilegios sindicales que le permitieron a ella enriquecerse del trabajo de los demás. Hoy, que hubo un cambio radical en las cúpulas del poder, la maestra fue declarada inocente y su inmediata libertad ordenada por un juez. Mientras tanto, los crímenes por los que se le debió procesar quedarán ahí en el olvido.

El escándalo de Odebrecht, que evidenció la cantidad de sobornos que se hacían hacia los gobernantes para obtener beneficios del poder, tuvo consecuencias muy fuertes en casi toda América Latina. Presidentes renunciaron a sus cargos para enfrentar los procesos legales, expresidentes fueron presos al comprobárseles casos de corrupción, sin embargo, en México no sucedió nada. Nadie fue enjuiciado y nadie fue a prisión, es más, hoy ya nadie en las esferas del poder menciona el tema tan siquiera.



La barrera de la que hablaba al principio, son los incentivos perversos que surgen del poder para invitar a usarlo con el fin obtener beneficios y mientras no entendamos esto como sociedad continuaremos hundiéndonos en el fango de la discrecionalidad política.

Los países que lograron un desarrollo económico que les permitió superar la barrera de la pobreza, tienen en común que sus sistemas de gobierno tienen bien delimitados los alcances del poder del gobierno, cuentan con reglas muy claras y tienen la certeza de que estas reglas se van a hacer cumplir sin importar de quién se trate.

México tiene que transitar el camino desconocido de la libertad y la responsabilidad individual.

*Hiram Pérez Cervera es internacionalista, enfocado en el estudio del impacto de la política sobre la economía. En twitter lo encontrará como: @hiram_perezc

[1] Los datos se encuentran disponibles en: https://www.heritage.org

[2] Índice disponible en: http://www.caminosdelalibertad.com/resources/uploads/pdf/20180420_112242_6a69675e9b6395c3d21dade8536927a9.pdf

[3] Índice disponible en: http://www.fundalib.org/wp-content/uploads/2018/01/IMLE2018.pdf

 

Por: Víctor H. Becerra*

Parece una película o una nueva serie de Netflix, pero fue real: durante 10 años, el chofer de Roberto Baratta, un muy alto funcionario argentino, anotó en varios cuadernos, con precisión y meticulosidad, cada uno de los millonarios sobornos que recibía dicho funcionario, por parte de empresarios contratistas del ramo de la Energía, sobornos que a su vez entregaba al presidente Nestor Kirchner y, después, a la muerte de éste, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al anotar todo lo que veía y escuchaba (acompañándolo también con fotografías y videos), el chofer Oscar Centeno construyó una sorpresiva y enorme prueba de la trama de corrupción del kirchnerismo, del sistema para hacer negocios que se impuso por años entre el Estado argentino y sus contratistas.



Los cuadernos fueron revelados a la prensa y a la justicia hace una semana por un amigo del chofer, quien se los dejó en resguardo, metidos en una caja de galletas. Son relatos cuidadosos y exactos de entregas, recibos y montos de sobornos. Escépticos, neutros, casi sin opiniones personales. Y con serias implicaciones sobre toda la estructura del gobierno kirchnerista y potencialmente destructivas contra la propia ex presidenta: Según los cuadernos, Cristina Kirchner cobró sobornos hasta apenas un mes antes de dejar el gobierno, cuando ya Mauricio Macri era presidente electo. Y recibía bolsos con millones de dólares en su domicilio particular y en la quinta presidencial de Los Olivos, ataviada con trajes deportivos, ese atuendo favorito de Fidel Castro y otros ‘progresistas’.

El Cuadernogate o escándalo de Los cuadernos de las coimas, como ya se le conoce, ha causado la detención de varios ex funcionarios y de una decena de los principales empresarios argentinos, muchos de los cuales aceptaron ser informantes en la investigación judicial, para evitar la cárcel. Casi todos han señalado que los sobornos les fueron solicitados para financiar las campañas políticas del kirchnerismo.

El propio socialismo lleva a la corrupción. No se puede ser honesto en un sistema que anula cualquier incentivo a la probidad, decencia e independencia.

Pero esta versión ya flaquea. En realidad serían meros sobornos, coimas, sin eufemismos, que aceitaban un mecanismo grosero: Los empresarios acordaban precios inflados en un 20 por cierto en las obras públicas o negocios energéticos que concursaban, y se presentaban a las licitaciones, a sabiendas de quién ganaría o perdería cada contrato, repartiéndoselos equitativamente. En tanto, el gobierno adjudicaba y pagaba un 20 por cierto de adelanto de la obra o negocio. Ese dinero de los contribuyentes salía sin dilación de las cajas del Estado para terminar enseguida en manos de los funcionarios recaudadores, quienes lo trasladaban al jefe político de la banda. Una buena parte de ese dinero terminaría en cuentas bancarias, sociedades offshore, cajas fuertes y el pago de propiedades de los implicados y sus familiares.

El kirchnerismo en Argentina es inagotable en su capacidad de sorprendernos. El Cuadernogate es solo el último de una larga cadena de escándalos: Ya otro funcionario, compañero de Baratta, responsable de la contratación de obras públicas, fue detenido tratando de enterrar millones de dólares y euros en un convento; el último vicepresidente de Cristina Kirchner acaba de ser condenado a varios años de cárcel, por querer apropiarse la imprenta de los billetes del Estado; la hija está procesada por acumular millones de dólares en cajas de seguridad; sigue irresuelto el asesinato del fiscal que investigaba a la ex presidenta, junto con presiones e intimidaciones mafiosas contra jueces dictadas presuntamente por ella, mientras los procesos abiertos contra ella misma siguen acumulándose y profundizándose. Todo ello aderezado con detalles como la práctica de los Kirchner de no contar el dinero que recibían de sobornos, sino que sólo lo pesaban (dada las enormes, inmanejables cantidades), el uso de los aviones presidenciales para transportar el dinero, la enfermiza obsesión de los Kirchner por las cajas fuertes, e incluso, rumores inconcebibles de que el mismo mausoleo del ex presidente funcionaría como bóveda de seguridad.

Si algo deja en claro el Cuadernogate es que los implicados no fueron políticos que se corrompieron circunstancialmente, sino que son mafiosos que se hicieron con el poder político nacional por largos doce años con el beneplácito de los ciudadanos: baste recordar que los implicados fueron altos funcionarios de Nestor Kirchner desde su época de gobernador de Santa Cruz (1991-2003) y que Cristina Kirchner logró su reelección presidencial en 2011 con un abrumador porcentaje del 54%, una de las votaciones más altas de toda la historia argentina. La corrupción no era un sistema en Kirchnerlandia: era EL sistema.

Y todo esto fue posible usando al socialismo como mecanismo y cobertura lubricante. El mismo Nestor Kirchner señaló, durante un viaje a México, que “ser de izquierda da fueros”, impunidad. Así, el socialismo facilitó el atraco. Porque el socialismo es el poder absoluto de la Economía en manos del Estado. Y todos sabemos que el poder absoluto corrompe absolutamente. Incluso, el socialismo, como la esclavitud, busca tomar la posesión más valiosa: a la propia persona, como puede ahora atestiguar Oscar Centeno. Así, el problema es el mismo socialismo, porque propende inevitablemente a la corrupción. Y no se puede ser honesto e íntegro en un sistema que en la práctica anula cualquier incentivo a la probidad, a la decencia y a la independencia, porque todo lo quiere controlar, centralizar, decidir, prever, dar seguridades y, en cambio, lo único que logra es, precisamente, corrupción para enriquecer a quienes deciden y a sus súbditos favoritos, y empobrecer a todos los demás.



Aún es temprano para prever cómo terminará el escándalo y sus posibles derivas. Como sabemos de escándalos similares, sus trayectorias suelen ser incontrolables, sus consecuencias imprevisibles y sus damnificados los menos esperados. Todo puede pasar. Incluido un cataclismo político como los sucedidos en EEUU, Italia o México, espoleado por la imparable crisis económica del país. Quizá lo único seguro sea el aniquilamiento del kirchnerismo como opción político-electoral. En hora buena.

Hubo un tiempo en que decirse kirchnerista (o chavista o lulista o como fuera el apellido del mandamás de cada pandilla) tal vez quiso significar progresismo, solidaridad, revolución, derechos humanos. Hoy sólo es sinónimo de robo, delincuencia organizada, saqueo sistemático, a manos llenas, desvergüenza. Con suerte, esperemos que en adelante también sea sinónimo de político preso y en descrédito.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Gerardo Garibay Camarena*

[dropcap type=”default”]¿H[/dropcap]ace algunos días, la administración Trump anunció que destinará cerca de $12 mil millones de dólares en subsidios para respaldar a los granjeros que han sido afectados por los aranceles impuestos por otros países a consecuencia de las actuales guerras comerciales con China, la Unión Europea y Canadá, que por lo visto no son tan “buenas y fáciles de ganar”.

A primera vista, los nuevos apoyos podrían parecer una buena idea; suena más o menos lógico el dar un paso adelante para ayudar a quienes están sufriendo y echarles la mano para que se mantengan en pie. Sin embargo, detrás de su máscara sonriente, esos subsidios son la preocupante señal de un ogro cada vez más grande en los pantanos de Washington.

¿Un ogro? Déjeme explicar:

En 1978, el escritor Octavio Paz definió al gobierno como el ogro filantrópico es decir, una criatura que reparte subsidios y programas para supuestamente aliviar la pobreza, pero que al mismo tiempo devora una parte cada vez mayor de la prosperidad nacional a través de los impuestos requeridos para financiar esos programas sociales y de la consecuente corrupción en el uso de los recursos. El ogro pudiera incluso tener buenas intenciones, pero sus actos harán mucho más mal que bien.



Pudiéramos decir que este ogro, que se oculta dentro las estructuras gubernamentales de todo país en el planeta, tiene incluso una cierta clase de ritmo, casi como una danza. Se mueve en una sucesión de pasos, devorando más y más con cada uno de ellos, hasta que engorda tanto que ya no puede bailar, y cuando el vals se detiene finalmente muestra su verdadero rostro de tiranía y violencia, y de fracaso, como podemos observar actualmente en el colapso de Venezuela.

¿Cuáles son esos pasos? Bueno, el vals comienza cuando el ogro interviene en una parte de la economía para, digamos, imponer aranceles en unos cuantos productos, algo fácil de justificar, nada demasiado notorio o preocupante. Sin embargo, esto crea una disrupción; aquellos afectados por la intervención original del gobierno se vuelven hacia este demandándole que los ayude y, siendo después de todo un filántropo, el ogro está feliz de acceder a su deseo, desviando dinero en respaldo de ese grupo vulnerable. Con cada nuevo paso, se multiplican las disrupciones en el panorama económico y el número de actores que demandan un apoyo.

Ya que el dinero es indispensable para cumplirles, el ogro pronto enfrenta una de dos opciones: adquirir mayores deudas o imprimir más dinero. En ambos escenarios el costo del vals será eventualmente pagado por los ciudadanos, que terminan cargando con más impuestos y con el costo, tanto en efectivo como de oportunidad, que implica vivir en una economía cada vez más intervenida.

El ogro pudiera incluso tener buenas intenciones, pero sus actos harán mucho más mal que bien.

Eventualmente, las señales de oferta y demanda se obscurecen tanto por la intervención gubernamental que los agentes económicos quedan simbólicamente en penumbras, yya no saben si es que avanzan en la dirección correcta, con el resultante desperdicio de valor y recursos, lo que a su vez lleva a las personas a demandar incluso más acción del gobierno. Por lo tanto, el vals aumenta su velocidad, convirtiéndose en una vertiginosa demostración de gasto, un río turbulento donde los compadres pescan todos los pescados, mientras que las demás personas se quedan con hambre.

Esa es la verdadera perversidad del vals del ogro: Una vez que inicia la música, es casi imposible detenerla. No importa cuántas leyes se aprueben o estudios se financien, y ni siquiera el qué tan honestas sean las intenciones de la monstruosa figura; los problemas creados por el incremento en la intervención gubernamental no pueden resolverse con nuevas regulaciones. Por el contrario, cada problema aparentemente “resuelto” crea una multitud de nuevas externalidades, hasta que el sistema ya no puede gastar, porque todos están quebrados.

He ahí el genuino peligro de los nuevos subsidios anunciados por Trump. No solo distorsionarán los incentivos de la industria agropecuaria, sino que también añadirán incluso más peso a la de por sí asfixiante deuda nacional norteamericana, que supera ya los $21 billones de dólares.

Esa deuda nunca se reducirá mientras el ogro siga añadiendo nuevos programas “temporales” que pronto se convierten en derechos adquiridos en la mente de los beneficiarios, incluyendo entre ellos, por supuesto, a todos los políticos locales y estatales que buscarán ser electos con el respaldo de la “generosidad” de Washington D.C.



No sé, quizá Trump tiene buenas intenciones. Sin embargo, poner en marcha el vals del ogro, al embarcarse primero en una guerra comercial y luego recurrir a subsidios para “ayudar” a los más afectados por ella seguramente no funcionará.

Esos subsidios elevarán la deuda, debilitarán aún más a la economía y abrirán las puertas a una marabunta de oportunidades para la corrupción el capitalismo de cuates, y al final del día América será menos próspera, y el mundo será menos libre debido a ello. Como dice el dicho, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, y esa es una senda que no admite subsidio.

*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.

Por: Víctor H. Becerra*

Como si detrás hubiera una operación concertada, la izquierda latinoamericana salió durante los últimos días en defensa de sus exponentes más distinguidos, específicamente Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa. Pero en realidad solo fue una reacción de desesperación frente al avance de la justicia. Esa izquierda poco podrá hacer cuando la justicia efectivamente toque a sus puertas. Al respecto, si algo debiera de destacarse en estos momentos es el creciente vigor y profesionalismo de los sistemas de justicia en casi toda América Latina (México y Venezuela serían sus grandes hoyos negros), bajo el empuje de jueces independientes, medios de comunicación libres y una empoderada y actuante sociedad civil.

La actuación desesperada de la izquierda comenzó a principios de julio, con el pedido de cárcel preventiva contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, y enseguida, la solicitud de captura de su auto exilio en Bélgica, por su vinculación en el breve secuestro del político Fernando Balda, antiguo aliado suyo, en Colombia, durante 2012; sobre ello, la Interpol aún debe decidir si acepta o no dicho pedido de captura internacional. No debe perderse de vista que este caso es el más avanzado en contra de Correa, pero que hay otros, en temas como corrupción con fondos públicos, la venta irregular de petróleo a China y otros casos menores que van sustanciándose.



Quizá estos procesos contra Correa no se habrían desarrollado sin la disputa por el poder entre el propio Correa y el sucesor que él mismo designó, el presidente Lenin Moreno. Estaríamos pues frente a un simple vendetta entre pandillas rivales, o quizá, una simple estratagema para ocultar los problemas del país y la creciente impopularidad presidencial. Pero hasta ahora ha sido cuidadosa y quizá hasta intachable la actuación de la justicia ecuatoriana. Habrá que esperar un mayor avance del caso o su conclusión para determinar si hubo o no un completo proceder fundado en derecho.

Pero la fuerte presión de la justicia ecuatoriana en contra de Correa llevó a un intempestivo contraataque por parte de Nicolás Maduro, defendiendo también a Lula Da Silva y a Cristina Kirchner, la cual está cada vez más implicada en sus crecientes problemas judiciales, los que la tienen a un paso de la cárcel. Pero casi de manera simultánea comenzó en Brasil, con Lula Da Silva, una especie de capítulo de los Looney Tunes, con el Pato Lucas poniendo el cartel de “Liberado” y Bugs Bunny superponiendo otro de “No Liberado”, y así hasta el infinito.

Esto fue el intento de liberar a Lula de la cárcel, donde está desde el pasado 6 de abril, purgando una sentencia de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, por parte de militantes de su partido, el Partido dos Trabalhadores (PT). Al respecto, y a pedido de legisladores del PT, el juez Rogério Favreto ordenó reiteradamente la liberación de Lula, argumentando que el encarcelamiento atentaba contra su derecho a ser candidato a la Presidencia de la República en los comicios del próximos 7 de octubre. Hasta en tres ocasiones jueces distintos rechazaron el pedido, aduciendo que Favreto no tenía ninguna facultad para ocuparse del caso.

Pero en la cuestión de fondo, la cárcel no castiga los derechos políticos de Lula Da Silva: estos aún se harán valer en otras instancias, ajenas a la penal. Al respecto, Lula tiene recursos pendientes, a desahogarse durante agosto y septiembre próximos por las instancias electorales y tal vez la Corte Suprema, que debieran permitirle (o impedirle) postular a la Presidencia. En tal sentido, su fallido intento de liberación fue solo una tentativa política, de mero espectáculo público, a fin de forzar a las instancias electorales para aceptar ya a Lula como candidato presidencial, pero que no varía lo fundamental: Lula es un político que hoy está en la cárcel por corrupto, según lo determinó un proceso judicial riguroso y por distintos jueces en varias instancias sucesivas. Así, su postulación tendrá que vérselas con la ley brasileña de “Ficha Limpia” (aprobada en 2010, bajo la segunda Presidencia de Lula y respaldada por él), por la que ningún condenado por un delito confirmado en dos instancias (precisamente el caso de Lula) puede postularse para un cargo electo durante al menos ocho años. Pero la última palabra la tiene el Supremo Tribunal Electoral.

El inicio de una investigación contra el juez Favreto, por la presunción de que actúo motivado por intereses políticos, dada su antigua y larga militancia (19 años) en el partido fundado por Lula, el haber sido funcionario a las órdenes de Lula y ser nombrado juez por la presidenta Rousseff, sin la trayectoria judicial para serlo, fundamentan esta idea de que todo fue una puesta en escena, para chantajear a las instituciones electorales.

Pero el daño a la credibilidad del sistema brasileño de justicia ya estaba hecho, y fue como el pistoletazo de salida para que la izquierda latinoamericana se lanzara a defender a sus héroes. En esta defensa de Correa y Lula, principalmente, no hubo ni decencia ni cuidado. Decencia, para referirse a otros casos de mayor relevancia y urgencia, como la masacre contra jóvenes nicaragüenses por parte del régimen cuasi dictatorial de Daniel Ortega. Cuidado, para revisar siquiera mínimamente las causas judiciales de sus defendidos. De haberlo hecho, seguramente habría actuado con la prudencia pedida por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, a la ex presidenta Bachelet y a otros políticos chilenos de izquierda, por la carta de apoyo a Lula que suscribieron.  El gesto de Muñoz, que por su antiguo rango debe poseer muchos datos no públicos del caso Lula, fue un gesto solitario (y honorable) entre la izquierda de la región.

Tanto Lula, como Correa y Cristina Kirchner seguramente terminarán por recibir la pena que merecen por las vías judiciales, sin importar las presiones políticas. Y eso debiera ser una buena noticia y un gran rasgo distintivo respecto a nuestro pasado. Hoy, más de dos decenas de gobernantes latinoamericanos están en la cárcel o en riesgo de estar en ella, además de cientos de políticos investigados y que poco a poco son procesados. Nunca antes en nuestra historia habíamos visto a tantos políticos castigados por una justicia imparcial y profesional, con un mayoritario apoyo social.



Los regímenes políticos en Latinoamérica durante el siglo XX se permitían todo o casi todo. Bajo la forma de regímenes autoritarios, dictaduras militares o democracias imperfectas, los gobernantes tenían control absoluto o casi absoluto sobre las instituciones, especialmente los aparatos judiciales, lo que les permitía administrar la justicia en función de sus intereses políticos, lo que explica muchísimos hechos corruptos que pasaron desapercibidos y quedaron sin castigo en nuestra historia común. En contraste, gracias a las reformas de los sistemas judiciales que se han dado en los últimos 20 años y a una vigorosa reacción social, hoy líderes, ministros, exministros y cientos de funcionarios de altos cargos se enfrentan a la acción de los tribunales. Algunos ya están presos, muchos están siendo procesados y varios más terminarán en la cárcel.

El creciente protagonismo de las instituciones de justicia es una buena noticia para América Latina, una que por desgracia no valoramos en toda su importancia. Los actuales aprietos judiciales de Lula, Correa y Kirchner son un gran cambio cualitativo respecto a nuestro pasado, no dejando sus posibles crímenes al arbitrio de la impunidad o la venganza política. Y eso es algo que debiera alegrarnos a todos, por encima de las diferencias ideológicas.

Al respecto, es natural que la mayoría de los procesados sean hoy políticos de izquierda, tras sus varios lustros de poder, casi sin contrapesos. Y es natural también, hasta cierto punto (un punto antes de la ceguera interesada y la alcahuetería), que muchos en la izquierda se sientan acosados. Pero esa izquierda (si es honrada) no debiera perder de vista que, tras de ellos, seguramente seguirán muchos de los actuales gobernantes de otros signos ideológicos, si dejan a la justicia madurar más y ganar todavía mayor profesionalismo e independencia.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Víctor H. Becerra*

[dropcap type=”default”]T[/dropcap]ras una larga y barroca puesta en escena para evitar ser detenido y burlar a la Justicia, el expresidente brasileño Lula Da Silva se encuentra desde el sábado cumpliendo su condena en la cárcel de Curitiba, donde inició en 2013 la investigación de la ya famosa operación judicial Lava Jato (Lava Autos), que condujo a su condena de 12 años de prisión. Lula, que fue uno de los políticos más populares del planeta, es el primer presidente en la historia de Brasil encarcelado por corrupción, lo que sin duda tiene un poderoso simbolismo político.



La historia está llena de políticos que se agigantan frente a la prisión. No fue el caso de Lula y su tragicómica tentativa de escapar a la cárcel, refugiado desde el jueves en el sindicato de metalúrgicos donde inició su carrera política, rechazando entregarse durante más de 20 horas, en medio de una misa religiosa, abrigado por la impresentable dirigencia del partido que fundó y por su familia, beneficiarios directos de la corrupción por la que se le condenó, y llamando a sus simpatizantes a defenderlo. Su prisión se dirime ahora en el terreno del simbolismo político. Así, desde muchos sectores de la izquierda (extrañamente no desde la izquierda mexicana, en plena campaña electoral, que espera capear, muda y disimuladamente, el vendaval) se busca victimizar y hasta mitificar a Lula, para que siga siendo la “reserva moral” de una izquierda en bancarrota. Por el falseamiento, manipulación e implicaciones que ello extraña, se deben desmentir los argumentos que se esgrimen en esa estrategia.

Así, Lula ha mencionado que el único crimen que cometió fue “haber luchado para reducir la pobreza en Brasil y mejorar la condición de vida de los brasileños”. No: Se le condenó porque aprovechó la corrupción que prohijó, tal como se comprobó en el juicio del caso ‘Triplex de Guarujá’, dentro de la operación Lava Jato. Dicha causa es solo una entre otros seis juicios que se le siguen y dos denuncias más en proceso, que involucran cargos como lavado de activos, corrupción pasiva, tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia, entre otros. Es decir, a esta primera condena por 12 años, le seguirán al menos otras seis. En tal contexto, Lula no es un heroico preso político, sino un político preso por corrupción. Un político que por cierto, debió quedar preso desde hace mucho tiempo, desde el escándalo Mensalão, durante su primer periodo de gobierno. Pero como dice el clásico: La justicia tarda, aunque termina llegando.

Los defensores de Lula afirman que se le condenó sin pruebas, lo que también es falso. El juicio del ‘Triplex de Guarujá’ contó con infinidad de pruebas: testimonios de más de 70 personas, documentos, archivos de la constructora OAS, grabaciones y mensajes telefónicos, el registro de visitas de Lula y su esposa a la propiedad, las reuniones entre funcionarios de la constructora y del Partido de los Trabajadores (PT, creado por Lula) para tratar la reforma del departamento, etc. En cambio, Lula nunca pudo justificar porqué OAS tuvo con él y su esposa tantas atenciones respecto al triplex: ampliación a casi 300 metros cuadrados desde la propiedad original (de 87 metros cuadrados) firmada en 2005 por su esposa, una reforma multimillonaria, construcción de un elevador privado, el carácter de ser una propiedad “reservada” que OAS nunca puso a la venta desde 2009, etc. Al respecto, se olvida que el juicio no tuvo que ver con que Lula fuera dueño o no de un apartamento, sino de beneficiarse del triplex como una ventaja indebida por haber practicado actos de corrupción cuando fue presidente del país, en este caso, el tráfico de influencias y la asignación de contratos públicos multimillonarios a OAS, Odebrecht y otras 11 empresas contratistas investigadas en la operación Lava Jato.

¿Se encarceló a Lula, como sostienen sus fans, para impedir que fuera  de nuevo candidato a la Presidencia brasileña? No: Lula no es un heroico perseguido, sino un delincuente juzgado, condenado y ratificado a lo largo de varias instancias legales y por múltiples jueces. Pero su prisión no es, de por sí, un impedimento para ser candidato. En realidad, bajo la ley brasileña conocida como “Ficha Limpia” (aprobada en 2010, bajo la Presidencia de Lula y respaldada por él), ningún condenado por un delito confirmado en dos instancias puede postularse para un cargo electo durante al menos ocho años. Esa ley (no la sentencia del juez Sergio Moro por el ‘Triplex de Guarujá’) es la que descarta la postulación de Lula a la Presidencia. Pero ojo: la decisión final sobre si puede o no postularse dependerá del Tribunal Superior Electoral, que tiene hasta el 15 de agosto para pronunciarse, precisamente cuando se inscriban las candidaturas. Y eso si el PT decide finalmente registrarlo como candidato, lo que está por verse. Al respecto, ya se habla de que más bien podría postular a Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo y coordinador de la campaña del ex presidente, o bien, a Jacques Wagner, ex gobernador de Bahía y ex jefe de gabinete de Dilma Rousseff, es decir, podría buscar a un emergente entre la camarilla de siempre, en un supuesto partido de “trabajadores”.

¿Se le encarceló para evitar que fuera presidente de nuevo, como también se dice? No. La historia es al revés: Lula buscó ser presidente por tercera ocasión, a sus 73 años, para gozar de la inmunidad presidencial (como la que hoy goza injusta pero legalmente Michel Temer), y lo decidió apenas un par de horas después de que era claro que la Justicia brasileña iría por él, tras de que se conoció que el dueño de Odebrecht testificó que su empresa entregó varios millones de dólares en efectivo a Lula. Según la Constitución brasileña, el jefe del Ejecutivo no puede ser responsabilizado por actos ajenos a su ejercicio en funciones. Por ello, la Presidencia era para Lula la salvaguarda para no entrar a la cárcel y permanecer impune, lo que finalmente no le resultó.

También se dice que la condena a Lula es una operación contra la democracia en Brasil y en América Latina. Al decirlo, se pasa por alto la actuación imparcial, minuciosa y ejemplar, a mi parecer, de la Justicia brasileña en la Lava Jato. Precisamente una justicia imparcial y vigilante del debido proceso, que garantice que nadie esté por encima del Estado de Derecho, es la mejor defensa de la democracia y de la sociedad. Incluso, en aras de la observancia del debido proceso y la plena legalidad, todavía Lula podría salir libre en algún momento, si el Supremo Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal revisan la causa a pedido de la defensa. Estos tribunales ya no analizarían las pruebas a favor o en contra del ex mandatario, pues esa etapa acabó en la segunda instancia, pero pueden determinar si el proceso en su contra se condujo dentro de la más estricta legalidad.

Finalmente, se ha dicho que el encarcelamiento es una estrategia para barrer con el “legado” de Lula. Interesadamente se olvida que el propio Lula y su sucesora Dilma Rousseff barrieron ya con dicho “legado”, hace mucho. Con la quiebra de un gasto público estratosférico, que no pudo sostenerse tras la caída en 2009 del precio de las materias primas, Lula y Dilma regresaron a los brasileños al círculo perverso de altas tasas de interés e inflación, mayor servicio de la deuda, contracción de las finanzas públicas, menor crecimiento, inestabilidad, huída de inversiones, desempleo, pobreza, crisis política… del que apenas empiezan a salir. En buena medida, la muy dura crisis económica de los últimos ocho años en Brasil, fue la que impulsó a echar luz sobre los reales fundamentos de los dos períodos presidenciales de Lula y descubrir, retrospectivamente, los cadáveres escondidos en el clóset. Así que si se habla de “legado” eso es solo una justificatoria mentira colectiva, que queda en un pasado irrecuperable e ilusorio.



La cárcel será dura para Lula. Y para todos aquellos que, con él, se acostumbraron a vivir del robo y en la impunidad. En cierta medida, por la mala prensa que las perseguirá por un tiempo, las izquierdas brasileña y latinoamericana quedaron encerradas con Lula en Curitiba. Con justicia, porque fue la propia izquierda brasileña la que decidió beneficiarse de la corrupción creada por Lula. Nadie la obligó a ser corrupta. Como nadie obligó a la izquierda latinoamericana a escoger a un corrupto como estandarte y “reserva moral”. Nadie puso tampoco una pistola en la cabeza a los partidos latinoamericanos de izquierda nucleados en el Foro de Sao Paulo, para ser traficantes de influencias en sus países de origen, a favor de Odebrecht, OAS y otros contratistas brasileños. Tampoco nadie obligó a los votantes de Lula a pensar “Lulinha robó, sí, pero hizo algo por mí“, razonamiento que demuestra que no debe considerarse a muchos izquierdistas como “idealistas sinceros pero engañados”. La idea de robar a unos por beneficio propio no es un ideal. El robo y el delito no son idealistas, no importa cuáles sean sus propósitos, y esa es una buena lección que la izquierda debiera de aprender de este episodio.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Víctor H. Becerra*

[dropcap type=”default”]N[/dropcap]etflix, la plataforma de streaming, recientemente estrenó la primera temporada de su serie El mecanismo, basada en hechos y personajes reales y que en tono de thriller policial, busca mostrar los engranajes de la operación “Lava Jato” (Autolavado), el multimillonario esquema de sobornos y lavado de dinero que estremeció la política de Brasil, con fuertes reverberaciones en el resto de América Latina con el caso Odebrecht (tema de la segunda temporada). Todos aquellos que, por muchos años e incluso hasta hoy, pese a toda evidencia, endiosaron a la izquierda de Lula en Brasil como un modelo idóneo para América Latina, deberían darse un rato para verla.



El mecanismo al que alude el título es el del mercantilismo (o capitalismo de amigos), la connivencia interesada entre empresarios y políticos, mediante los favores, privilegios y protecciones que se otorgan unos a otros y les permiten medrar y prosperar. Pero ciertamente la serie televisiva no es un tratado de economía política, por lo que el mecanismo que narra es sólo una fracción del mecanismo real de saqueo y enriquecimiento de unos cuantos, a expensas de la mayoría, que funciona en América Latina.

El mecanismo real funcionaría así: Nuestras sociedades han fijado la igualdad económica como un fin ético en sí mismo y por tanto, con la intervención del Estado, se organiza nuestra vida política y económica sobre los cimientos de la envidia. Así que el Estado tiene la función asignada (ratificada promesa tras promesa, elección tras elección) de robar al trabajador y al exitoso para, con lo robado, mantener satisfechos, callados y votando a los vagos o pocos exitosos (que son la mayoría), incluyendo a intelectuales y académicos, que dado que el mercado no premia su “gran saber”, frecuentemente inútil o poco capitalizable, son propensos a ser activistas de tiempo completo en contra del mercado y a favor de la igualdad, del Estado y de los servicios públicos, “gratuitos” y de pésima calidad.

Pero el secreto de este mecanismo es que a estos vagos y/o pocos exitosos, se le dan migajas de lo saqueado (precisamente por algo son poco exitosos: se les engaña fácilmente o se conforman con lo necesario) siendo el político el que realmente se enriquece, escudándose en los “pobres” a los que dice ayudar, y legalizando el robo desde el Estado. La sociedad (como cualquiera de las nuestras) se convierte de esa manera en una sociedad de saqueadores. Y si aún quedara en nuestras manos algún dinero a salvo, tarde o temprano llegará un político a quedárselo, con el cuento de la “justicia social”.

Ese es el mecanismo real que está en el trasfondo del funcionamiento de las sociedades de América Latina, de norte a sur, y que es la explicación, en buena medida, de nuestro fracaso histórico, el que nos ha hecho países trituradores de riqueza, sociedades abusadoras que destruyen valor, iniciativas, personas.

Necesitamos desmontar ese mecanismo. Y sólo lo lograremos desalojando al Estado del centro de la economía, limitando y achicando todo lo posible la posibilidad de que políticos y burócratas manejen discrecionalmente decisiones estratégicas y fondos públicos, y reorientando con educación los valores sociales, para que el propósito no sea acabar con “los ricos” (que frecuentemente son aquellos que apenas tienen un poco más que cualquiera de nosotros), sino acabar con la pobreza y con ella, tal vez, con la envidia y el resentimiento que muchas veces generan.



Hacerlo no es una tarea fácil, aunque otros países lo han logrado, como deja ver cualquier índice de libertad económica. Por ello debemos esforzarnos, a riesgo de perpetuar nuestro fracaso y seguir siendo las sociedades intervencionistas y destructoras que somos desde hace mucho, que premian la envidian, castigan el éxito y tienen al Estado como saqueador y distribuidor, gracias al perverso mecanismo señalado.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra