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Por: Víctor H. Becerra*

La nueva edición anual del Foro de Sao Paulo, la XXV, inició sus sesiones el jueves pasado, 25 de julio, en Caracas y culminó este domingo, bajo el lema “Por la Paz”. Este encuentro de militantes de la izquierda más recalcitrante, se realiza anualmente en un país diferente. Recibe su nombre de la ciudad que celebró el primer encuentro, en 1990, en Brasil.

Ese año, los creadores del Foro, Fidel Castro y Lula Da Silva, siguiendo la receta castrista, trataron entonces de “multiplicar los ejes de confrontación” a fin de disfrazar el fracaso del enfrentamiento del comunismo contra el capitalismo y de la revolución proletaria, tras la caída del Muro de Berlín y la debacle de la Unión Soviética. Para ello, se buscó incorporar al discurso de la izquierda temas de grupos sociales, sectoriales, funcionales y territoriales, tales como el feminismo, el indigenismo, el ecologismo, el regionalismo, la defensa de género, de grupos estudiantiles y todos los temas posibles para enfrentar a la democracia liberal, que entonces se tildó como “neoliberalismo”. Así de atrasada es esa izquierda nucleada alrededor del Foro.

Casi 30 años después, el Foro es, hoy, un mero recordatorio de glorias pasadas: Con líderes muertos, como Hugo Chávez y Fidel Castro. O presos o, bien, cargando acusaciones de corrupción, como es caso de Lula Da Silva, hoy preso. De Rafael Correa, proscrito legalmente. O de Cristina Kirchner, indiciada. O de Pepe Mujica, investigado. Pocos son sus líderes no investigados, tales como Evo Morales o Daniel Ortega, pero solamente porque conservan el poder y la capacidad de manipular a jueces y fiscales.

Cuando el Foro se realizó por primera vez, solo uno de sus partidos miembros estaba en el poder, en ese caso en Cuba. Dos décadas después, en 2008 y 2009, la reunión se convirtió en el punto de encuentro estelar de mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, entre otros. En ese lapso, la constructora Odebrecht, de la mano del gobierno de Lula, y el petróleo venezolano del régimen de Caracas, financiaron el éxito de los proyectos políticos de izquierda promovidos desde el Foro de Sao Paulo. En ese mismo lapso, solo Colombia, Honduras y Guatemala no fueron gobernados por un partido miembro del foro.

Hoy, en contraste, el petróleo caro y la corrupción promovida por Odebrecht se acabaron. De modo que el Foro es solo un canal de propaganda para gobiernos como los de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Podría decirse, quizá frívolamente, que es un mero Club de la Nostalgia, de no ser una nostalgia alimentada por sangre, como vemos diariamente en Venezuela o Nicaragua, o por ilegalidades y represión, como vemos en Bolivia y Cuba. Un Club sin muchas posibilidades de regresar a su etapa estelar, a menos que, como se sospecha, los fondos del narcotráfico del que es beneficiario principal el régimen venezolano, comiencen a ser usados para financiar los nuevos proyectos políticos del Foro.

Por eso, el Foro de Sao Paulo es, hoy, más un sindicato delictivo que un proyecto político, una real y criminal mafia política más que una militancia partidista-ideológica. En tal sentido, cobra legitimidad la declaración de “non grato” hecha por la oposición venezolana. O el que los estudiantes venezolanos lo hayan calificado como el “foro de la muerte”, máxime en la crítica situación que vive Venezuela.

Venezuela presentó nuevos apagones eléctricos masivos el pasado martes y miércoles, en la víspera del Foro. En el mismo, la dictadura venezolana gastó 200 millones de dólares, en momentos de crisis económica en Venezuela, para recibir 700 delegados de movimientos y partidos políticos de izquierda, de 79 países. Y esto para escenificar un teatro: Todo fue solo una reunión para aclamar y apoyar a la dictadura venezolana: 700 delegados sólo llevados para vitorear al matarife que les pagó transporte, alimentación y alojamiento.

El Foro culminó con la “Declaración y Plan de Lucha”, que sólo es una serie de declaraciones en favor de la libertad de Lula, del presidente boliviano o del fin del imperialismo. De redoblar los esfuerzos de promoción del modelo de revolución instaurado en Cuba pero por medios electorales como lo hizo en Venezuela el fallecido Hugo Chávez. Por la unión de los pueblos “en su lucha permanente para seguir defendiendo las revoluciones y seguir construyendo lo que tengamos que construir”. También fue suscrita en la Declaración, la lucha contra el patriarcado, el racismo, la xenofobia y la criminalización de la migración, y contra cualquier forma de discriminación por motivos religiosos, étnicos o de orientación sexual.

En fin: Toda una escenificación teatral para simular que el Foro es un bastión de respaldo de la dictadura venezolana ante la comunidad internacional. Un “bastión” con delegados pagados, acomodaticios, que vivieron cuatro días a expensas del hambre del pueblo venezolano. Con una ideología sin respuestas a los retos actuales ni arrepentimientos por todos sus crímenes, pasados y presentes. Y con líderes cuestionados e ilegítimos desde hace mucho tiempo. Un Foro, pues, del crimen, del anacronismo y de la desvergüenza, que no puede ser un ejemplo para nadie en América Latina.

Finalmente: Por México asistieron representantes del oficialista Morena y su aliado Partido del Trabajo, además del “opositor” Partido de la Revolución Democrática (los movimientos que dentro del PRD dicen querer “modernizar” a ese partido, ¿no se deslindarán de su participación en el Foro?). Cabe hacer notar que el respaldo clamoroso que está dando el gobierno mexicano y su alianza partidista a la dictadura venezolana, costó unos millones de dólares: Así de barata y acomodaticia se ha vuelto la diplomacia mexicana.

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Víctor H. Becerra y Miguel A. Cervantes*

Al menos en los últimos seis meses, México ha venido experimentando la llegada de caravanas de inmigrantes. Primero fueron centroamericanos, especialmente hondureños, a los que se han sumado haitianos, cubanos y hasta africanos.

Todos ellos buscan solicitar asilo en EEUU, huyendo de la situación de violencia indiscriminada y pobreza que se vive en Centroamérica y en sus países. Su llegada masiva ha generado problemas en los cruces fronterizos con EEUU, ya que se tarda más para cruzar a EEUU y también ha causado problemas en el paso de mercancías.

Con los problemas de cruce en los puentes internacionales, han surgido también entre los mexicanos sentimientos anti inmigrantes contra los centroamericanos, tipo Gert Wilters, Marine Le Pen, Viktor Orban, Tom Tancredo. Muchos acusan a los centroamericanos que “que no quieren trabajar” “no les gusta la comida mexicana” (aunque la diferencia entra las gorditas y las papusas salvadoreñas no difiere mucho).

Incluso, ha habido expresiones de supuesto complot por parte de una derecha enfermiza, que afirma que los centroamericanos serían pagados por George Soros. Significativo que eso suceda en un país como México, que se ha beneficiado enormemente de la migración.

Se argumenta que México vive una crisis migratoria sin precedentes. Al respecto, es entendible que haya cierta incertidumbre, pero digámoslo claro: no es una crisis sin precedentes. Al respecto, Latinoamérica no es la misma de los 80s. En los 80s había guerrillas en El Salvador, Guatemala, además de los Sandinistas en Nicaragua. Había campos de refugiados guatemaltecos en México. El narcotráfico había rebasado las instituciones en Colombia. Panamá estaba gobernada por un narco gobierno bajo Noriega.  Perú vivía el terrorismo de Sendero Luminoso. Es evidente que lo peor en Latinoamérica ya pasó, excepto por lo que sucede en Venezuela. Comparativamente, esta crisis es más manejable que lo que se vivió en los 80s.

Para poder encontrar soluciones reales es necesario hacer un diagnóstico real, considerando preocupaciones legítimas y dejando a un lado los sensacionalismos. Al respecto, es menester tomar en cuenta cómo el libre mercado ayudaría a solucionar el problema.

Primeramente, la violencia que se vive en Centroamérica es real y tiene causas. Los países de Centroamérica se encuentran clasificados como países con baja calidad institucional por varios índices como el Índice de Estados Frágiles (Fragile States Index), así como en el  de gobernanza del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y de Estado de Derecho del Instituto Fraser. Instituciones frágiles son el prerrequisito de bajos desempeños económicos y violencia generalizada.

Hay un problema real y pocas veces señalado: la violencia que se vivía en Mexico en 2008-2010 se trasladó a Centroamérica. Al respecto, hace algunos años la revista “The Economist” del Reino Unido, publicó un artículo sobre la estrategia del entonces presidente Calderón para combatir el narcotráfico. “The Economist” decía que la estrategia había funcionado y que había golpeado a los carteles, pero predecía a que toda la violencia que México había vivido por el 2008-2010 se iba a ir a Centroamérica, donde las instituciones están aún más podridas.

Lo que vemos actualmente es exactamente la predicción de la revista: Centroamérica vive lo que vivió México hace 10 años, lo cual está generando la crisis migratoria que hoy vemos.

Tan solo en lo que se refiere a la violencia, y según la Fundación Insight Crime, en 2017 se registraron en El Salvador 60 homicidios por cada 100.000 habitantes y 365 niños fueron asesinados ese año. Esta tasa fue del 26,1 en Guatemala, con 942 pequeños muertos, y del 42,8 en Honduras, donde durante la última década se asesina una media de un niño por día. En México, la tasa es de 25 por cada 100.000 habitantes. Para efectos de comparación, la media mundial asciende a 5,3 y la de España, por ejemplo, es de 0,7 por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, Cuba sigue siendo un país comunista y autoritario, y sigue cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos.  Anteriormente, los cubanos que iban en balsas a Florida a reclamar asilo, era casi seguro que lo obtuvieran, por la política favorable al asilo de cubanos, la ya derogada política de “pies secos, pies mojados”.

Al final de la jornada, es la combinación de pobreza, violencia extrema, crisis económica, violación a Derechos Humanos y falta de oportunidades que caracteriza desde hace décadas la vida en esos países, la que es decisiva para entender por qué tantas personas parecen dispuestas a todo con tal de huir de sus países de origen.

Todo esto no se puede ignorar con discursos, o aduciendo que es un gran complot. Al respecto, hay mexicanos que piden mano dura, que se cierra completamente la frontera a los centroamericanos. Sin embargo, exigir mano dura independientemente de las condiciones de violencia y deterioro económico, solo erosionaría la calidad de las instituciones, y abriría la puerta a la corrupción en la policía y la burocracia migratoria, y a actos de prepotencia y violación de Derechos Humanos. Además de que sería un regalo a las mafias de coyotes. Al respecto, desde hace años que la USAID trabaja con diferentes instituciones mexicanas: una política de mano dura implacable contra centroamericanos honestos vendría a tirar por la ventana años de trabajo. Sería un golpe para la diplomacia mexicana en su relación con Latinoamérica.

A las personas que tienen causas legitimas para huir de la violencia de Centroamérica se les debe permitir encontrar refugio. Las personas honestas que huyen de la violencia deben tener la certidumbre de que su caso será escuchado. Es importante sacar a las personas buenas que sufren de un ambiente tóxico, para que no sean agredidas y no caigan en manos de mafias, engrosándolas o financiándolas a la fuerza. Esa sería una forma inteligente de debilitar al crimen organizado en Centroamérica, sacando a las personas honestas de un ambiente tóxico.

A los cubanos que huyen del gobierno autoritario no se les debe regresar: sería un golpe duro para personas que buscan mayor libertad. El gobierno del presidente López Obrador lo está realizando, fijándolo como una política sistemática de su gobierno. Ello demuestra que no son prioridades de su gobierno ni los Derechos Humanos ni las garantías individuales, subordinados más bien a su cooperación con las dictaduras de izquierda. Para la sociedad mexicana debe ser hipócrita pasar horas criticando al comunismo, a Fidel Castro, al Che Guevara si cuando hay inmigrantes cubanos que piden asilo se les rechaza.

El libre mercado es la mejor arma en la resolución de este asunto.  Es necesario acercarse y cooperar con las empresas a las que les falta mano de obra, como son las maquiladoras en la frontera, en la construcción, o la agricultura, y ofrecer visas de trabajo para los centroamericanos que quieran quedarse en México y puedan ocupar puestos que no son ocupados por mexicanos. Un mercado de trabajo flexible es la mejor manera de absorber este shock de refugiados. Si se les habla claramente y se les abren oportunidades para que centroamericanos y cubanos se puedan quedar en México y puedan trabajar, muchos de ellos tomarían la oportunidad, ya que México sería un paraíso comparado a la violencia y pobreza de sus países. No habría necesidad de caravanas, ni de pagar coyotes, simplemente con su permiso de trabajo podrían abordar los autobuses o tomar el avión en paz.

Creemos que es importante tomar en cuenta el ejemplo de Líbano y Jordania. Estos dos países han recibido refugiados sirios. Líbano recibió cerca de 900 mil y Jordania cerca de 660 mil. Alex Nowrasteh del Cato Institute ha mencionado que Jordania ha tenido más flexibilidad laboral, les ha permitido trabajar, crear empresas, lo cual ha facilitado una mayor integración. En Líbano tienen más restricciones para trabajar y crear empresas, lo cual ha mantenido marginados a los migrantes en los campos de refugiados, con menos posibilidad de integrarse.

Si a pesar de dar oportunidades para quedarse en México todavía hay algunos que quisieran hacer una demanda de asilo en EEUU u otro país, se podría canalizar por la vía institucional a países que tienen experiencia en recibir refugiados, así como países que utilizan mano de obra inmigrante como los países del Golfo Pérsico: Emiratos, Kuwait, Qatar. Si se trabaja en equipo con las diferentes embajadas se puede llegar a acuerdos razonables que hagan innecesarias las caravanas.

Si se maneja bien este asunto puede contribuir positivamente a las maquiladoras en México, la industria de la construcción, restaurantes, turismo, la agricultura.  Si México lo maneja con sabiduría ayudaría además a mejorar la calidad institucional.

Finalmente, es importante que Norteamérica trabaje junto con Centroamérica en una perspectiva de largo plazo para mejorar las instituciones y el comercio. Los tres países (Canadá, EEUU y México) tienen acuerdos de libre comercio por separado con Centroamérica. Esto es un verdadero plato de espagueti, con diferentes tratados que se traslapan.  Sería mucho mejor fusionar el TMEC con los acuerdos de Centroamérica para trabajar en una región próspera a largo plazo, trabajando mano a mano con Centroamérica. Una política de trabajar por separado no es sostenible a largo plazo, ni tiene fundamentos éticos, económicos e históricos. México no puede olvidar las raíces históricas, étnicas y en muchos otros órdenes que le unen a Centroamérica.

Al final, no debemos de dejar de mirar fenómeno de las caravanas migrantes como una expresión, una más, legítima, justa, de lo que lo que Adam Smith llamó en 1776 “el plan liberal de igualdad [social], libertad [económica] y justicia [legal]”, y que aún inspira, poderosamente, a la gente común a buscar la gran oportunidad de una vida mejor.

*Miguel Cervantes: Graduado de la Universidad de Texas en el Paso. Catedrático de economía internacional en la Burgundy School of Business de Francia. Ha sido también economista para el Fraser Institute en Canada. Tiene interés en la investigación sobre la libertad económica, y su incidencia sobre el bienestar de las personas.

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Hiram Pérez Cervera*

La reciente crisis que vive Venezuela ha tomado un nuevo giro cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tomó protesta como presidente encargado en medio de una inmensa manifestación en las calles de la ciudad de Caracas. Todo esto dentro del contexto del desconocimiento al proceso electoral del año pasado, donde Nicolás Maduro resultó electo, en medio de polémicas, debido a lo dudoso que fue el resultado de los comicios[1].

Luego de asumir como presidente encargado, Guaidó recibió de inmediato el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos con lo que se desató una oleada que ya suma el apoyo de 16 países alrededor del mundo, siendo Australia el más reciente al momento en que se escribe esta nota.

Sin embargo, hubo un gran ausente dentro de todo este apoyo hacia el pueblo de Venezuela. México decidió continuar reconociendo el gobierno de Nicolás Maduro y con ello, dar de facto respaldo a su gobierno. Desde 2015, México tuvo como parte importante de su política convencer a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) de que en Venezuela existía una situación que atentaba contra la democracia y los Derechos Humanos, el resultado fue la creación del Grupo de Lima. Con el cambio de administración y la entrada del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, la política exterior ha dado un giro de 180° con el retorno de una vieja práctica política en relaciones exteriores conocida como doctrina Estrada.

Esta decisión ha causado inconformidad que va desde la sociedad hasta la esfera política, porque da la impresión de que el gobierno mexicano hace ojos ciegos a la represión que hoy suma 29 muertos[2], y la pregunta que queda por hacerse es ¿Qué es la doctrina Estrada?

Formulada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Félix Estrada en 1930, esta doctrina establece que México, en virtud del respeto a la autodeterminación de los pueblos, no hará pronunciamiento alguno sobre la calidad o legitimidad de ningún gobierno, reduciendo así las acciones a la retirada o mantenimiento del personal diplomático según sea la valoración del gobierno mexicano, misma que terminó por consagrarse en el artículo 89, fracción X de la Constitución.

Su principal función fue defender a México de una práctica en relaciones exteriores muy común en esa época, la de conseguir el reconocimiento de otros países para que el gobierno tuviese legitimidad dentro de la Comunidad Internacional, lo que propiciaba acuerdos entre potencias y países emergentes que resultaban muy desfavorables para los segundos. México, en décadas anteriores había padecido, no sólo el desconocimiento sino también de estos acuerdos desfavorables.

Con el paso del tiempo, el contexto de las relaciones entre países cambio drásticamente y estos acuerdos fueron saliendo del escenario, por lo que la principal tarea de esta doctrina perdió vigencia, incluso México tomó parte muy activa en sucesos internacionales como su protesta ante la Sociedad de Naciones, en 1938, por la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, siendo el único país en mostrar su rechazo o como su participación en caídas de gobiernos autoritarios como el de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1970.

No debe dudarse de las intenciones con las que fue elaborada esta doctrina, sin embargo, como toda práctica o teoría política elaborada con buenas intenciones, no hay garantía de que no pueda usarse para propósitos reprochables. Una de las principales metas de esta doctrina fue la reciprocidad, es decir que, si México no hacía pronunciamientos sobre la legitimidad de ningún gobierno, esperaba que ningún país emitiera pronunciamiento alguno sobre la legitimidad del gobierno mexicano y así evitar críticas sobre la violación de Derechos Humanos, que era una constante durante el mandato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 En este punto radica la principal crítica que ha de hacerse a esta doctrina, ya que, al evitar hacer señalamientos de esta índole, México se cierra al escrutinio que otras naciones pudieran hacer sobre el proceder político del gobierno mexicano.

No pronunciarse sobre la falta de legitimidad de un gobierno, abiertamente autoritario, y apelar a la doctrina Estrada, debe ser para nosotros un aviso sobre lo que podría suceder en un futuro no muy lejano dentro de nuestro país. Tan sólo basta analizar quienes han mostrado respaldo, junto con México, al régimen de Nicolás Maduro para notar que hay bastantes gobiernos que comparten la característica de ser autoritarios. Si sumamos esta postura a las acciones emprendidas por el gobierno encabezado por López Obrador, parece que tenemos suficiente información para advertir que estamos ante el retorno de esos gobiernos autoritarios que pensamos habíamos dejado atrás en el año 2000.

¿No le parecen muchas coincidencias, estimado lector?

*Hiram Pérez Cervera es internacionalista, enfocado en el estudio del impacto de la política sobre la economía. En twitter lo encontrará como: @hiram_perezc


[1] Para más información sobre las irregularidades en la elección, consultar: https://www.lanacion.com.ar/2136369-denuncias-y-alta-abstencion-en-las-cuestionadas-elecciones-en-venezuela

[2] Fuente: https://www.excelsior.com.mx/global/se-eleva-a-29-cifra-de-muertos-por-protesta-en-venezuela/1292655

Por: Víctor H. Becerra*

Hace unos días, se dio a conocer que el nuevo gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador negociaba con la dictadura castrista, traer a México a los médicos cubanos que la dictadura está sacando apresuradamente de Brasil, ante la cercanía de la toma de posesión de Jair Bolsonaro. Frente al escándalo suscitado, la noticia fue desmentida por el propio presidente López Obrador, quien señaló que son “voladas(mentiras) de mis adversarios, que son muy mentirosos”.

Sin embargo, no sería esta la primera vez que López Obrador dice que algo es falso y, después, resulta que es verdad. Abundan los ejemplos al respecto. López Obrador no es un político consecuente ni de una sola palabra; más bien sus posturas y promesas van modificándose según convenga al oportunismo político. Es más creíble pensar que la rapidez y viveza del escándalo le obligaron a un desmentido, pero que el proyecto allí está, esperando la oportunidad para anunciarlo. Por eso conviene detenerse en lo que esto implica.

Según nota publicada el pasado 2 de diciembre en el diario brasileño Estadão, por la reconocida periodista mexicana Verónica Calderón, y que fue recogida rápidamente por medios de todo el mundo, desde septiembre pasado se negocia entre la dictadura cubana y el gobierno mexicano, a través de Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores del propio López Obrador, con la intermediación de Celso Amorim, ex funcionario brasileño de los gobiernos de Lula Da Silva y Dilma Rousseff, el traer a México a tres mil médicos cubanos. El gobierno mexicano pagaría 6.5 millones de dólares al mes por ellos a la dictadura castrista, es decir, un total de 80 millones de dólares anuales, cantidad equivalente por ejemplo, a lo gastado anualmente para llevar agua a la Ciudad de México.

Los tres mil médicos cubanos (cuya característica distintiva es estar casados y contar con una familia a cargo) serían parte de los ocho mil médicos comprometidos por la dictadura castrista con el gobierno brasileño, mediante un programa llamado Más Médicos, implementado en 2013 por el gobierno entonces de Dilma Rousseff, supuestamente para atender sanitariamente a regiones alejadas, aunque son múltiples los indicios de que muchos de dichos médicos cumplen la función doble de ser agentes para el espionaje y el adoctrinamiento. Al respecto, los médicos cubanos han sido siempre instrumentos de una estrategia guerrera y expansionista del castrismo. El gobierno brasileño paga 3,500 dólares mensuales a la dictadura cubana por cada médico, de los que cada unde ellos solo recibe 900 dólares. Mientras tanto, los médicos son obligados a dejar a su familia en Cuba y son castigados con no volver a verla y no entrar de nuevo a la isla si desertan del programa.

Por esta evidente violación de Derechos Humanos, el presidente electo Bolsonaro se pronunció por establecer nuevas condiciones en el funcionamiento del programa, comenzando por dar su sueldo completo directamente a los médicos, así como permitirles llevar a su familia y solicitar asilo político, a lo que la dictadura castrista se opuso y anunció la terminación del programa y la salida de todos los médicos. Al día de hoy, a poco más de quince días de la toma de posesión de Bolsonaro, ya han salido 4 mil médicos de los 8 mil actuales, aunque el programa llegó a contar con 20 mil médicos en funciones.

El programa Más Médicos lo mantiene la dictadura cubana en otros 66 países, con un total de 55 mil médicos en activo. La dictadura se embolsa así 11,500 millones de dólares anuales por este tipo de servicios (que incluyen también instructores deportivos y agentes de seguridad), cantidad que cuadruplica a sus ingresos por el turismo.

Una característica llamativa del programa cubano es que es una copia del sistema impuesto en 1967 por Corea del Norte, durante el gobierno de Kim II-Sung, abuelo del actual sátrapa, Kim Jong Um, sistema que sigue hasta el día de hoy, explotando en condiciones inhumanas mano de obra de baja calificación, y que incluye adoctrinamiento, supervisión directa por el régimen en los lugares de trabajo, prohibición de hablar con medios de comunicación, represión, espionaje y el secuestro de las familias de los trabajadores, para evitar deserciones y rebeldías. Con dicho programa, la dictadura ha financiado su programa nuclear y de misiles, así como la “Economía del Palacio”: el lujoso tren de vida de la familia Kim.

Corea del Norte mantiene hoy 150 mil trabajadores de baja calificación en el extranjero, en países y regiones como Rusia, China, Medio Oriente y la Unión Europea, por los que obtiene 1,500 millones de dólares anuales. Expertos en materia laboral y de Derechos Humanos llaman a esto un “sistema de esclavitud contemporánea”, una esclavitud que ha permitido sobrevivir a los regímenes de Cuba y Corea del Norte, que son, junto con China y Vietnam, los regímenes dictatoriales más viejos del mundo.

Cabe señalar otra cuestión importante en relación al supuesto trato entre la dictadura cubana y el nuevo régimen populista mexicano: se da en el contexto de la creencia de que las relaciones mexicanas con Cuba se “fortalecerán”, según anunció el propio gobierno mexicano en el periódico oficial cubano Granma. En parte, dicho optimismo tiene que ver con la inserción en el gobierno mexicano de personajes claramente proclives al castrismo o comprometidos con él por alguna razón. Uno de ellos es precisamente el negociador mexicano del supuesto programa y jefe de asesores presidencial, Lázaro Cárdenas Batel, nieto del ex presidente Lázaro Cárdenas e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, iniciador del resquebrajamiento interno del PRI en 1988 y, como López Obrador, tres veces candidato presidencial de la izquierda.

La relación de Cárdenas Batel con la dictadura cubana es vieja: Estudió en La Habana, donde hizo buenas relaciones con la cúpula castrista. En voz baja se le ha señalado como agente de la inteligencia cubana (como antes también a Jorge G. Castañeda, ambos hijos de importantísimas figuras del oficialismo priista), lo que no sería raro, dada la importancia que la dictadura cubana concedía (¿concede?) a México en materia de espionaje, y que convirtió a la Ciudad de México en su mayor centro de espionaje en el extranjero. Que el régimen priista permitiera que sus “cachorros” prestaran servicios de información y propaganda para Cuba era, en ese contexto, una especie de subsidio a la dictadura, para que ésta no se interesara en la desestabilización del régimen del PRI.

Por otra parte, Cárdenas Batel cuando fue gobernador de Michoacán (2002-2008), contrató a 400 asesores enviados por la dictadura cubana, a quienes se acusaba de recibir trato de privilegio, aunque como ahora sabemos por el caso de los médicos, los beneficios iban a dar directamente al castrismo. Anteriormente, Cárdenas Batel fue también delegado del PRD (partido antecesor de Morena, el partido creado por López Obrador) ante el Foro de São Paulo (de 1990 a 1998) y ya como gobernador de Michoacán, fue quien abrió las puertas a Odebrecht en México, vinculándose en un caso de corrupción que aún sigue investigándose y que lo involucra, frente a la indolencia investigadora del gobierno mexicano. Al respecto, hace unas semanas hablaba aquí mismo del papel de Odebrecht como brazo financiero del Foro de São Paulo. En tal sentido, no sorprende la maniobra protagonizada por Lázaro Cárdenas para subsidiar a la dictadura cubana con recursos del contribuyente mexicano: En el Foro de São Paulo pudo ver y aprender cómo actuaban los grandes ladrones de la izquierda latinoamericana.

A Cárdenas Batel también se le vincula con la corrupción que destapó el escándalo Bejarano-Ahumada, uno de los principales traspiés políticos de López Obrador, e identificándosele como quien ayudó en la fuga de Carlos Ahumada y lo puso a merced y secuestro de la inteligencia cubana, para chantajear al entonces gobierno de Vicente Fox y ayudar a López Obrador en su primera candidatura presidencial.

Trabajo esclavo, afinidades ideológicas financiadas por los más pobres, complicidades en la corrupción, la rara inversión que supone defender los Derechos Humanos y el Estado de Derecho y a cambio ser acusados de “neoliberales” y enemigos de López Obrador… todo esto va desvelando el real carácter del nuevo gobierno mexicano y el posible escenario a que conduce al país. Ello obliga a ir planificando la acción social y la política para prevenir y enfrentar el desastre que será la gestión de López Obrador. La cuestión es solo saber en qué momento se materializará tal desastre: éste parece ya darse por seguro.