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Por: Víctor H. Becerra*

Las manifestaciones recientes en Colombia, tras las que han sucedido en Chile y otros países de la región, han sido el pretexto para seguir hablando de un supuesto complot del Foro de São Paulo o bien, del Grupo de Puebla, en suma, de una “subversión castro-chavista” a nivel continental. No deja de ser curioso como este tipo de ideas se parecen como un calco a lo argumentado en La Habana o Caracas, cuando sus dictaduras hablan de un complot de EEUU, la derecha neoliberal, la CIA, la USAID o Alvaro Uribe al referirse a alguna manifestación en su contra.

Hoy el mundo presencia manifestaciones sociales masivas, en lugares tan distintos, desde Santiago hasta Hong Kong, pasando por Teherán y Barcelona. Pero es un error tratar de encontrar una motivación única, un origen común a todas ellas.

Al respecto, la llamada Primavera Arabe, que entre 2010 y 2013 afectó a 18 países que entonces tuvieron fuertes convulsiones sociales, con muy distintas motivaciones y conclusiones dispares, enseñó que no puede hablarse de fenómenos globales y generalizables, ni siquiera en regiones con cierta uniformidad: Cada caso, país por país, debe analizarse con detenimiento e involucrando un gran conjunto de factores en el análisis: Desempleo juvenil, estado del sistema educativo, penetración de las redes sociales, cobertura de Internet, condiciones políticas, lealtad de las Fuerzas Armadas con el régimen, existencia o no de liderazgos y organizaciones políticas, capacidad de interlocución del gobierno, situación de la economía, la existencia o no de canales de participación para procesar institucionalmente el descontento, actores internacionales posicionados en el conflicto, y un largo etcétera. No puede hablarse solo de un complot internacional en contra del régimen. Ese fue el discurso de todos los gobiernos entonces, como lo es hoy. Repetirlo es no querer vr los posibles errores de esos gobiernos pero sobre todo, ignorar las motivaciones reales, muchas veces justas, de la gente de carne y hueso que protesta.

Ese discurso no sólo criminaliza la protesta, toda protesta, e incita a un mayor autoritarismo en el manejo de esas crisis. También prepara el terreno para una mayor intolerancia contra toda crítica por parte de regímenes hasta ahora democráticos, como los de Colombia, Chile y otros, muy en la línea de regímenes como los de Cuba o Venezuela, o la creciente agresividad del gobierno mexicano de López Obrador, donde toda crítica es parte de una conjura, una forma de “peligrosidad predelictiva” a la cubana y hasta de terrorismo por parte de supuestos agentes extranjeros, para legitimar la posibilidad del silenciamiento o incluso la represión violenta contra cualquier opositor.

El fantasma de la conjura internacional como motivación detrás del vandalismo anárquico es esgrimido por todos: desde Sebastián Piñera hasta Raúl Castro, pasando por Lenin Moreno. Por supuesto que ha habido violencia en varias de las protestas, que debe castigarse, pero de ninguna manera puede generalizarse a todos los manifestantes, muchos de ellos pacíficos. Y por supuesto que las protestas han sido explotadas mediáticamente por los gobiernos bolivarianos, que a través de Telesur o RT y sus otros canales propagandísticos, las magnifican enfáticamente mientras ocultan la represión sistemática en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Pero si se quiere hablar con bases de intervenciones directas de estos gobiernos en las agresiones a otros, éstas tendrían que documentarse con todo rigor, cosa que hasta ahora no se ha hecho, en ningún caso.

Al final, derechas e izquierdas latinoamericanas fundamentan hoy una doble distorsión: presentan a opositores y críticos de sus gobiernos como violentos, cuando son mayoritariamente pacíficos, y como agentes extranjeros, mercenarios, cuando lo que moviliza sus protestas es, fundamentalmente, un conjunto de causas específicas, reales y muchas veces legítimas: alzas de precios, endeudamiento de estudiantes, mala calidad en servicios públicos, rebaja de pensiones, avasallamiento a la autonomía de comunidades indígenas, conflictos post-electorales concretos como el boliviano, o las evidencias de concentración del poder y violaciones flagrantes a la legalidad en Venezuela, Bolivia o Nicaragua.

Vemos pues, que la apelación al fantasma de la intervención imperialista, el vandalismo antisocial o a la criminalización de la oposición no son patrimonio único de las izquierdas latinoamericanas. También lo está siendo, peligrosamente, cada vez más de las derechas de la región. ¿Quienes hablan, sin pruebas y sí con muchos prejuicios, de una “conjura castro-chavista continental” no se dan cuenta que su idea es muy parecida al tópico de la “guerra imperialista” esgrimida por las dictaduras de izquierda para criminalizar, acallar y agredir a sus críticos?

Si queremos salvaguardar la libertad y trabajar por ella, debiéramos ser más cuidadosos en nuestros argumentos y ver a quienes y para qué sirven.

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Angélica Benítez*

Los movimientos políticos de izquierda han puesto de moda el concepto de “deconstrucción”, que se refiere a dejar de ser lo que como sociedad e individuos hemos sido para volver a empezar de nuevo, hablando de costumbres, cultura, religión, ideas y hasta el género, con el argumento de que todo esto ha sido una imposición social que algunos -el famoso patriarcado- se han encargado de que lo tomemos como si fuera natural.

Lo curioso es que precisamente esta idea de deconstuirnos viene de “arriba”, es decir, evidentemente hay alguien con muchos recursos financiando la democratización de esta idea que, como muchas, tiene consecuencias. Dejar de lado el patrimonio intangible que nos ha convertido en la humanidad que somos hoy no es un asunto menor, pues para querer algo así tendríamos que asumir que somos una sociedad fallida, que todo lo que tenemos es negativo y que por ello debemos olvidarlo todo. Ojo: estamos hablando de miles de años de civilización, conocimientos, instituciones y prácticas que la izquierda considera que son erróneas y por eso necesitamos eliminarlas, destruirlas o “deconstruirlas”.

Esta idea tiene como fundamento principal enaltecer las emociones, como si fuéramos una especie de niños eternos, para protegernos del sufrimiento y los males del mundo. Por eso también la izquierda defiende el tema del aborto: es muy incómodo ver niños que no tengan una vida perfecta, así que mejor los matamos en el vientre, donde no se vean. Es una tiranía de las emociones que cree que a partir de sentirnos bien, podemos reconstruir el mundo después de destruirlo tal como lo conocemos hoy.

No se habla de estar en crecimiento personal o fortalecimiento social. Se habla de deconstruir para proteger las emociones, lo que implica cosas tan absurdas como lo que hoy sucede ya en algunas escuelas europeas: se está prohibiendo a los niños tener mejores amigos, simplemente porque esto pone triste a aquel que no tiene un mejor amigo. En lugar de forjar seres humanos resilientes, fuertes y capaces de desarrollarse socialmente, la izquierda extremista hoy propone la censura y medidas sin sentido. En estas escuelas, además, está prohibido invitar a tus amigos de clase a tu fiesta de cumpleaños, a menos que vayas a invitar a todo el salón.

La deconstrucción no tiene ningún sentido si no somos capaces de rescatar a nuestras instituciones más sólidas, como la familia. Tampoco tiene ningún sentido si pisoteamos la razón y la intelectualidad con el único afán de evitar el sufrimiento. Asumir que miles de años de civilización han sido fallidos no sólo es absurdo, es un insulto, basta con revisar el caso ebay.

Ebay es una compañía basada en la honestidad. Cuando inició, existían muchas dudas: ¿quién se hará cargo si el cliente paga y el vendedor no envía el producto en las condiciones que estaban publicadas? Es una pregunta razonable. Y, sin embargo, en los años de operación de ebay, nunca ha sucedido tal cosa. Prácticamente todos los usuarios tienen buen récord y utilizan la plataforma para dar valor de manera honesta.

Podemos hablar también de México de como tras cada desastre natural, la sociedad se une heroicamente para ayudar. Generalmente es el Estado quien entorpece la ayuda, pero la comunidad suele responder muy bien.

Esto no es una sociedad fallida. Es una sociedad que tiene mucho por mejorar, pero eso no significa que los conceptos y valores que nos rigen deban ser destruidos para hacer sentir mejor a unos cuantos que se niegan a aceptar que la ciencia, el género, la vida humana, los valores universales y otros temas no son simples “constructos culturales productos del patriarcado opresor”. 

*Angélica Benítez es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por parte de CETYS Universidad, y se desempeña actualmente como docente universitaria.

Por: Sergio Romano Muñoz*

La primera vez que supe de Armando Vega-Gil como individuo fue cuando era colaborador de la revista “La Mosca En La Pared”, de Hugo García Michel, revista musical de corte muy snob pero que tenía un prestigioso cuadro de colaboradores, incluyendo a los escritores Eusebio Ruvalcaba, José Agustín y Naief Yehya, entre otros.

Vega-Gil era un músico y escritor nacido en 1955 que, junto a otros creadores veteranos: Sergio Arau (ex-miembro del grupo La Ley de Herodes, caricaturista, colaborador de los periódicos Unomasuno y La Jornada y cineasta; sobrino del comediante Sergio Corona e hijo del director Fernando Arau) y Francisco Barrios “El Mastuerzo” (baterista y activista); creó la banda Botellita de Jerez en 1983, banda seminal del rock mexicano, que sirvió de puente entre la generación de grupos perseguida por los gobiernos de Echeverría y López Portillo y la generación de grupos como Café Tacuba, Santa Sabina, Maldita Vecindad y Caifanes, profundamente influenciados por “los Botellos”. Como tal, la huella de Vega-Gil (y del grupo) es profunda, más por su significado cultural que por su habilidad musical, que es más bien limitada.

El estilo de la banda se resumía en el dicho “naco es chido”, y si bien los integrantes no eran exactamente chicos banda -antes todo lo contrario-, sí reivindicaron esa parte folklórica del país, manejando una imagen cursi en donde la iconografía de la lucha libre convivía con letras a la vez cómicas y críticas, como se ejemplifica en “Alármala de Tos” sobre cómo el diario amarillista Alarma! manejaba sus historias: una niña jorobada que era explotada por su familia depravada trata de pedir ayuda a un polícia, que la viola y la mata, todo cantado en un tono jocoso y alegre. Café Tacuba le hizo un cover en 1996, exitoso pero bastante desafortunado ya que perdía toda la intención original y se toma demasiado en serio a sí mismo.

Vega-Gil era escritor, asimismo. Estaba muy influenciado por los escritores de “La Onda”, esa corriente de escritores mexicanos que fueron la contracultura nacional en la década de 1960 donde intentaban romper con la tradición literaria al usar lenguaje coloquial y utilizar artilugios poco convencionales como publicar un libro con textos al derecho de un color y otros al revés de otro. Vega-Gil exportaba la sensibilidad humorística de Botellita de Jerez a sus propios escritos, a veces muy crudos, inscritos en ese humor que hoy se llama “edgy”.

Y sus colaboraciones en La Mosca en la Pared tenían ese mismo patrón. Sus colaboraciones solían ser narraciones escritas de manera ágil y entretenida, muy crudas pero ocurrentes, sobre las peripecias de la banda.

Por ejemplo, una serie de artículos se llamaba “Cogerse Viejitas”. En ellas narraba cómo tenía que recurrir a prostituirse para poder sobrevivir en cierta etapa. Dicha serie coincidió con el triunfo de Vicente Fox a la presidencia, y desde la revista se llamaba, con preocupación, a lo que llamaban “visibles y preocupantes signos de resurgimiento de grupos de derecha”.  

En una entrevista dentro de la propia Mosca, Vega-Gil, declarado izquierdista, se decía azorado por un fenómeno creciente: cómo iba recibiendo, cada vez más, mensajes que se quejaban del tono y contenido de sus colaboraciones, poniendo como ejemplo la reacción que tuvo la citada “Cogerse Viejitas”, por la que recibió mentadas de madre y amenazas de muerte. Vega-Gil se las atribuía, al igual que la revista, a un avance a la ideología de derecha.

Hoy, casi veinte años después, sabemos que eso no es cierto. Ahora quienes censuran, fiscalizan el lenguaje y dictan las nuevas normas morales, de las cuales nadie puede escapar so pena de convertirse en un paria social, provienen de la más extrema de las izquierdas.

Esa izquierda a la que Vega-Gil pertenecía. Esa izquierda feminista, postmoderna, multicultural, que se erige en juez y parte. Esa izquierda que ha parido el “Me Too”, en principio una gran idea (¡sí hay que creerle a las víctimas, faltaba más, pero se tiene que probar!) pero que se ha convertido en herramienta para ajustar cuentas sin pruebas.

Esa izquierda que finalmente se volvió contra Armando Vega-Gil, ícono cultural, izquierdista, postmoderno, aliado. Y le mató.

*Sergio Romano Muñoz es, además de libertario convencido, experto en la industria del entretenimiento. Ha sido agente de artistas, productor de radio y TV, scouter de bandas musicales y director de una editorial. En la actualidad trabaja en su primera novela y en una serie de cómics.

Por: Víctor H. Becerra*

Ya sabíamos que el proyecto del gobierno López Obrador es lograr un poder centralizado, casi absoluto, sin contestaciones, una especie de restauración del viejo presidencialismo priista, con un partido hegemónico, para en un futuro cercano, promover un cambio del régimen constitucional y del modelo económico, cuyo posible parecido al régimen chavista venezolano no deja de ser inquietante.

También sabíamos de la incontenible proclividad del presidente López Obrador por descalificar y desacreditar toda crítica, de ir contra cualquier posible instancia de moderación, independencia y contrapeso a su poder, empezando contra los mismos periodistas y medios de comunicación. A pesar de su incuestionable origen democrático y de su inmensa popularidad, a López Obrador le resulta notoriamente patológico atentar contra sus propias bases de legitimidad, en aras de imponer su sola e inconsulta voluntad.

Finalmente, sabíamos que la izquierda siempre ha estado implicada en los enormes retrocesos civilizatorios de nuestro tiempo, desde el nazismo y los grandes totalitarismos, como el soviético y el maoísmo, hasta sus émulos tropicales: Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. Su complicidad con estos saltos civilizatorios hacia atrás solo es comparable al tamaño de su desmemoria histórica.

Todo eso lo sabíamos hasta ahora. Pero la gran novedad ha sido ver cómo la izquierda mexicana se ha sumado, en conjunto, como un todo y una misma voluntad, al vaciamiento de la democracia mexicana y a la erosión de los límites al poder unipersonal o vandálico. Con López Obrador, la izquierda mexicana ha ido sistemáticamente en contra de las instituciones democráticas que controlan al poder, buscando anularlas. Le bastó alcanzar una sola vez el poder para, desde allí, desnaturalizar su origen democrático y abusar impunemente de él.

Al respecto, sorprende un poco la lamentable la imagen de una izquierda mexicana que no aprendió nada de su propia mitología (las represiones estudiantiles de 1968 y 1971, la organización social tras el terremoto de 1985, la lucha por la democracia a partir de 1988, etc.), una mitología que, ahora sabemos, solo le fue útil como mascarada y ardid publicitario.

Así, en los últimos meses, hemos visto a una izquierda mexicana haciendo uso de su representación parlamentaria para imponer su mayoría casi absoluta o promover legislaciones a la medida (la Ley Taibo), buscar imponer límites a precios y cuotas (la iniciativa del senador Ricardo Monreal sobre comisiones bancarias), imponer al Estado burocrático sobre la descentralización del mercado, precisamente como comienza todo totalitarismo (la diputada Tatiana Clouthier), anular la soberanía popular y tratar de acallar toda crítica ciudadana (la futura iniciativa del diputado Fernández Noroña para penalizar las críticas a los legisladores), o el descabellado intento de redactar una “Constitución moral”, buscando que el gobierno dicte la moral de los individuos y violentando el espacio de la propio Constitución del país, entre muchas otras barbaridades.

Para aplicar tales medidas u otras parecidas, ¿la izquierda mexicana impondrá los comités de salud pública o de defensa de la revolución, como han hecho los regímenes totalitarios de izquierda, para perseguir al disidente y reprimir cualquier desacuerdo, por inocente que sea? ¿La izquierda mexicana normalizará y premiará la delación del vecino contra su vecino, del pariente contra su propia familia, del trabajador contra sus jefes y colegas, el espionaje en aulas escolares? ¿Qué sigue para que la izquierda mexicana imponga sus ideas y persiga la crítica?

Ningún gobierno, ningún político, ninguna facción ideológica, tiene el derecho de imponer sus puntos de vista, y convertir sus ideas o su moralidad en una obligación para los demás. Como advirtió Friedrich A. Hayek en “Camino de Servidumbre”,  cualquier imposición conlleva represión, persecuciones y ríos de sangre, y sabemos que los problemas que se quieren evitar con dichas imposiciones, como la corrupción o la violencia, al final resultan, paradójicamente, consecuencias concluyentes e inevitables de esa misma imposición.

El camino iniciado por la izquierda mexicana, siguiéndole el paso a López Obrador o al próximo demagogo de moda, solo puede desembocar en la servidumbre sangrienta denunciada por Hayek. Apenas lo empieza a recorrer. Ojalá tenga el coraje de dar un alto y desandar el camino, aprendiendo de la mitología que dice representar.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Gerardo Garibay Camarena*

Les voy a contar un secretito.

A la izquierda socialista le valen un carajo los derechos humanos.

Sí, hacen mucha alaraca por el tema, arman onegés y gritan leperadas, pero en realidad no les importan.

Simplemente los utilizan como una herramienta de propaganda para desacreditar a sus rivales políticos y como pretexto para incrementar el poder del gobierno y de los organismos que ellos controlan, pero en realidad no les importan los derechos del individuo, les importa el poder.

Y a veces se les “chispotea” y nos dejan ver su verdadero rostro, como en este caso, el Canal 22, brazo de propaganda “cultural” de la izquierda mexicana, pagado con dinero público, refrenda su devoción al comunismo soviético y a Lenin en particular.

Lenin, el que ordenó directamente el “terror rojo” basado en su también amada “revolución francesa”.

Lenin, el que ordenó represiones y asesinatos de millones de personas mientras tuvo el poder.

Lenin, la mano detrás de la “Cheka”, la policía política culpable de innumerables torturas y ejecuciones sumarias.

Lenin, el que convirtió el movimiento democratizador de Rusia en la dictadura más sanguinaria de la historia, asesinando a 80 millones de sus propios ciudadanos.

A ese Lenin la izquierda mexicana le echa flores.

A esa izquierda le valen un carajo los derechos humanos.

*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.

Por: Víctor H. Becerra*

Dos artículos recientes se preguntan si llegó la hora de empujar a Nicolás Maduro fuera del poder en Venezuela. Uno es de Richard Hass, presidente del Council on Foreign Relations de EEUU. El otro fue escrito por Jorge G. Castaneda, ex secretario mexicano de Relaciones Exteriores. La revista colombiana Semana también dedicó su número más reciente al tema. Con distinta intensidad y argumentos, los tres trabajos se responden que pese al doloroso drama de la población venezolana, aún no están dadas las condiciones para un eventual Golpe de Estado o una intervención militar externa, existiendo aún algunos (pocos) recursos para presionar a Maduro y su régimen.

Pero el clamor para sacar del poder a Maduro se acrecienta. A mediados del recién concluido mes de septiembre, el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) habló abiertamente de la posibilidad de una intervención militar para expulsarlo del poder. Donald Trump habla de lo mismo un día sí y otro también, mientras anuncia nuevas sanciones a funcionarios venezolanos, y se filtran informaciones de que militares rebeldes venezolanos se entrevistaron con funcionarios del gobierno Trump. Iguales declaraciones hace el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, así como analistas militares norteamericanos.

A ello se suman otros acontecimientos que hablan de la creciente desesperación internacional en contra de Maduro, aunque ninguno de ellos tendrá un efecto inmediato y quizá tampoco ningún efecto práctico. Así, seis países americanos pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra un proceso contra el gobierno venezolano por abusos a los Derechos Humanos, en la primera ocasión que Estados miembros refieren ante el tribunal a otro Estado miembro. Paralelamente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el jueves una resolución histórica sobre Venezuela en la que demanda al gobierno de Maduro “aceptar la ayuda humanitaria” para solucionar los problemas de falta de alimentos y medicamentos, y pidió a la presidente del Consejo, Michelle Bachelet, que presente un “informe completo” sobre la situación en Venezuela en la 41 sesión del Consejo, que tendrá lugar hasta junio de 2019.

Los organismos internacionales más respetados en materia de DDHH también echan luz sobre la “violencia armada endémica” en Venezuela, la cual ha provocado un aumento de las ejecuciones extrajudiciales practicadas por el Estado y que están especialmente dirigida hacia jóvenes pobres, y sobre las crecientes evidencias del grado de brutalidad dictatorial que ha alcanzado el régimen chavista bajo el mando de Nicolás Maduro. Hoy, Maduro es tan indefendible y tan impresentable como lo fueron en su momento Fidel Castro o Augusto Pinochet.

Pero a pesar de la creciente repulsa internacional en contra de Maduro y su régimen, conviene preguntarse si es obligación de los gobiernos, ciudadanos y contribuyentes de otros países el expulsarlo del poder, por cualquier medio. No sé que responderá usted, lector, pero en lo personal creo que no. Gobiernos y ciudadanías de América Latina ni siquiera pueden arreglar sus economías ni sus contrahechos regímenes políticos como para aspirar a arreglar medianamente bien los de Venezuela. Una solución real y duradera a la tragedia venezolana sólo puede venir de los propios venezolanos, que fueron, al final de cuentas, quienes eligieron a Maduro. Y en dos distintas oportunidades, en una reiteración de lo que, ya en el siglo XVI, Étienne de La Boétie llamó, no sin cierta perplejidad, la “servidumbre voluntaria”.

Al respecto, no debemos subestimar el apoyo popular con el cual aún cuenta Maduro dentro de Venezuela: Mandatarios como Enrique Peña Nieto o Michel Temer estarían satisfechos con sus números. Si bien tal apoyo es claramente minoritario porque la mayoría de los venezolanos quiere un cambio, las evaluaciones recientes de su respaldo se mantienen, en parte debido a las políticas sociales de su gobierno, la inscripción (obligada pero creciente) en el llamado Carnet de la Patria (por el cual se distribuyen subsidios, bonos y racionamientos a las clientelas chavistas) y el aumento sustancial de los salarios, aunque tales aumentos pronto se desvanezcan en el aire hiperinflacionario. Podrá alegarse que tales instrumentos no son más que demagogia o perversidades populistas, pero son populares (como todo populismo, claro), le generan respaldo y le permiten a Maduro y al chavismo comprar tiempo.

Tiempo extra que vale el doble si consideramos que no hay actores en la oposición que sean, ahora, una alternativa real a Maduro. Esto en parte gracias a las duras restricciones y la represión contra la oposición, y también, por el desprestigio de la mayoría de los líderes opositores, por no hablar de que muchos de tales “opositores” no son más que versiones light de Maduro: creen lo mismo que él, en sus mismas “soluciones”, harían casi lo mismo que él, sólo que con manos limpias, lavanda y mejores modales.

¿Qué es pues lo que los países del continente pueden hacer para erradicar la podredumbre del chavismo, representada por Nicolás Maduro? Poco en realidad. Pero más de lo que han hecho hasta ahora. Podrían tratar de aislar diplomáticamente al régimen; perseguir financiera y judicialmente a sus principales funcionarios; dar y promover un mayor reconocimiento político y protagonismo a los actores en el exilio (aunque muchos ellos no sean más que chavistas caídos en desgracia); aplicar un embargo al petróleo venezolano, para retirar al chavismo todo soporte financiero; remover obstáculos para que los migrantes venezolanos sean inmediatamente productivos en los países de acogida. Pueden hacer aún algunas cosas, más allá de la sola retórica empleada hasta hoy, antes de siquiera plantearse apoyar un golpe de Estado o, peor aún, una intervención militar concertada.

Las experiencias de países como Irak o Afganistán o Ucrania muestran que una intervención externa no resuelve ninguna crisis. Al contrario: las perpetúa. Máxime en un escenario como el venezolano, en donde Cuba, Irán y China comandan allí una intervención de baja intensidad. La dura realidad es que una intervención militar externa en Venezuela no es la panacea para sus actuales y gravísimos problemas. De hecho, es posible que empeorara las cosas en una vorágine de extremismos, oportunismos y guerra civil. Al respecto, es útil recordar lo que dijo Ron Paul a propósito de la crisis en Ucrania: El intervencionismo mata.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Víctor H. Becerra*

La izquierda siempre termina robando. Basta ver lo que pasa en América Latina. Al respecto y de acuerdo a la experiencia de los gobiernos del socialismo filo-castrista que la región ha tenido en los últimos años, hay dos clases de gobiernos de izquierda: Los que ya sabemos que robaron y los que algún día sabremos que robaron.

Semana a semana pueden medirse nuevos avances en esa constatación. Miremos un poco lo más recientes.

En Argentina se hayan abiertas diversas causas judiciales en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Más las que se acumulen en los próximos días. Pero la principal, por ahora, acontece frente a una sociedad argentina estupefacta, conocida como la causa de Los Cuadernos de las Coimas. Por ella, se pidió, hace pocos días, el desafuero de Cristina Kirchner como senadora, para sumarla a los 42 procesados, hasta ahora, entre ex funcionarios de su gobierno y empresarios. Solo ese fuero impide su procesamiento y cárcel, pese a ser incongruente con la postura del kirchnerismo en contra de los fueros. Pero esa incongruencia no debiera de sorprender: La izquierda pide justicia y fueros para sí misma y sus aliados; justicia a seca para los adversarios.



Esta causa ha documentado un mecanismo de saqueo que hermanó al kirchnerismo argentino y al chavismo venezolano en una sola mafia. Así, Hugo Chávez expropiaba empresas argentinas en Venezuela; a cambio de acelerar el resarcimiento por dichas expropiaciones, los Kirchner recibían dinero de los empresarios afectados. Enseguida, dichos empresarios recibían solo una parte del pago estipulado, mientras Chávez y los Kirchner se repartían el resto no pagado. Otro mecanismo fue la especulación con la deuda argentina, comprada con petrodólares venezolanos: al final, los presidentes (sería más apropiado decir los jefes de la pandilla de cada país) se repartían los beneficios obtenidos.

No deja de sorprender que pese a estos escándalos, las posibilidades de que Cristina Kirchner sea candidata presidencial el año próximo, y eventualmente gane, son altas. La crisis económica detonada en la Presidencia de Mauricio Macri (en buena medida causada por 12 años de gobierno derrochador de los Kirchner) ha potenciado sus posibilidades presidenciales. Por ahora utilizará la causas abiertas en su contra para hacerse pasar por perseguida política, con el mayor oportunismo e hipocresía imaginables.

Los ecuatorianos, en tanto, presencian las crecientes vicisitudes judiciales del ex presidente Rafael Correa, al cual se le acaba de iniciar una causa en el marco del escándalo Odebrecht, en conjunto con otros altos funcionarios ecuatorianos, por haber instaurado en ese país un “fenómeno de corrupción institucional”, una “organización delincuencial estatal” durante los 10 años de su gobierno. Al respecto, es útil recordar que dentro del mismo escándalo Odebrecht, el ex vicepresidente y ex ministro de Telecomunicaciones del propio Correa, Jorge Glas, ya fue sentenciado a seis años de prisión. De esa magnitud fue el gobierno delincuencial de Rafael Correa.

Para ratificarlo aún más, hay una investigación en proceso sobre supuestas entregas de dinero de la narco-guerrilla de la FARC colombiana para las campañas presidenciales de Correa. Otra causa en contra de Correa por el asesinato de un policía, en 2010, en un operativo para “rescatarlo” de un teatral intento de “Golpe de Estado”. Y finalmente, una causa más, a punto de entrar a juicio, por el secuestro de Fernando Balda en 2012, político opositor a Correa, supuestamente ordenado por el propio Correa.

En Brasil, las posibilidades presidenciales de Lula finalmente se desvanecieron en el aire hace unos días, culminando un largo proceso que dio garantías de que Lula no es un preso político, sino un simple político preso por corrupto. Lula fue impedido de disputar las elecciones en base a una ley promulgada por él mismo (quizá creyó aplicarla solo a sus adversarios), que impide expresamente que candidatos condenados en segunda instancia, como es su caso, puedan postularse a un cargo electivo.

Que Lula haya pensado en llegar de nuevo a la Presidencia brasileña, para beneficiarse del fuero presidencial, habla de la enorme red de corrupción y complicidades que creó en sus dos mandatos. Miremos solo los números de la causa Lava Jato, sin olvidar que a Lula se le siguen aún otras causas: Se cometieron delitos por unos 8.000 millones de dólares; existen 123 condenados en 188 causas comprobadas, entre empresarios, funcionarios del gobierno Lula y políticos y legisladores, fundamentalmente del Partido dos Trabalhadores (el PT, fundado en 1980 por Lula), pero también de otros partidos, incluyendo al capo di tutti capi de la red de corruptelas, el mismo Lula; las penas dadas a dichos condenados suman 1,861 años de cárcel; hay todavía 101 políticos con fueros especiales aun bajo proceso, y se signaron 139 acuerdos de delación premiada, que permitieron llegar a los eslabones más altos de la cadena. De ese tamaño fue uno, solo uno, de los muchos mecanismos creados por Lula para enriquecerse y enriquecer a sus adictos y favoritos. Con Lula, la actividad fundamental del Estado brasileño fue el robo.



Por todo ello, el exhibicionismo y los más de 400 dólares de la cuenta de Maduro y su esposa por comer en el restaurant “Nusret Sandal Bedesteni” de Estambul, mientras los venezolanos se debaten en el hambre y la inflación, no debieran sorprender: Son apenas una mínima parte de la punta del iceberg. Ese iceberg es el sistema que el “socialismo del siglo XXI” construyó en América Latina, por el cual sus élites se enriquecieron mientras condenaban a la pobreza a quienes decían representar. Políticos como los Kirchner, Correa, Lula, Chávez, Maduro robaron todo el dinero a su alcance, en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, dejando a los más pobres sin seguridad pública, sin agua, sin drenaje, sin vivienda, sin transporte seguro, sobreviviendo solo gracias a un subsidio. No hay otra explicación para la gran pobreza de América Latina que la rapacidad de dirigentes como ellos.

Después de tanta degradación, América Latina debiera iniciar su rehabilitación de semejante patología, dando una lucha sin cuartel contra la impunidad. El tratamiento será largo, no exento de recaídas: allí están ya gente como Andrés Manuel López Obrador en México, o Gustavo Petro en Colombia, o Fernando Haddad en Brasil, dispuestos a ocupar el espacio que dejaron los inescrupulosos que ya están en la cárcel o camino a ella.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Fausto Hernando Canto García* 

Después de la contundente victoria en las urnas de Andrés Manuel López Obrador y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el pasado primero de julio, el panorama político se encuentra enrarecido por las especulaciones sobre las primeras acciones que el tabasqueño ha anunciado que realizará: rechazo tajante o paso a paso a las reforma, que si sí o si no se venderá el avión presidencial, que si la descentralización de las dependencias federales es viable o no, que si bajará el precio de la gasolina, el impuesto o si seguirán los aumentos con los llamados “ajustes inflacionarios” y una larga lista que sería ocioso verter aquí.



Lo cierto es que López Obrador recibe un país dividido y endeudado, donde las grandes obras de infraestructura del sexenio de Enrique Peña Nieto o bien han presentado defectos (el socavón) o están inconclusas (el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), donde las reformas estructurales de gran necesidad para apuntalar la modernización del país están gravemente cuestionadas por su mañosa formulación en nuestra Constitución y su pésima implementación, donde el número de muertos y desaparecidos supera al sexenio de Felipe Calderón, la que en su momento fuera la principal bandera tanto del PRI como de la Izquierda para criticar el mandato del panista.

Dado lo anterior, las recientes palabras postales que se han intercambiado el presidente electo de nuestro país y Donald Trump parecen aclarar algunas cosas bastante sorpresivas –por ahora.

Con fecha del 12 de julio, la misiva que AMLO envió a Trump, propone que sean cuatro temas los que sobresalgan en la relación bilateral entre México y Estados Unidos: El comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad.

Sería digno de un ensayo escudriñar punto por punto los postulados de AMLO en la carta pero lo que más llama atención en todos ellos, es que el tabasqueño se compromete a crear zonas especiales para el comercio en la frontera norte, ampliando tierra adentro de territorio mexicano la frontera y reduciendo los impuestos sobre la renta, al consumo y a servicios y productos especiales, así como un corredor comercial en el Istmo de Tehuantepec, además que se ofrece a renegociar “en caliente” el Tratado Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) diciendo que, incluso, no requiere entrar en funciones para esto toda vez que los plenipotenciarios actuales de México escucharán a sus asesores.

A todo esto, el mandatario estadounidense mostró su beneplácito en una carta con fecha del pasado 20 de julio, donde enfatizó la urgencia para renegociar el TLCAN de lo contrario “tendría que tomar una ruta diferente” en pro de los Estados Unidos y sus contribuyentes, algo que –personalmente- me parece más una demanda al equipo de Enrique Peña Nieto más que al mismo Andrés Manuel.



Bueno, señoras y señores, si esto no es amor, ¿qué lo será? Pues todo parece indicar que hay un entendimiento entre López Obrador y Trump y este es, incluso, todavía anterior a los resultados, pues en sus cartas ambos se congratulan de haber combatido al régimen o “establishment” en turno.

Mientras tanto, en La Habana, Cuba, un “equis” como Gerardo Fernández Noroña acudió al Foro de Sao Paulo (donde se reúnen partidos y gobiernos de izquierda latinoamericanos) para alardear del triunfo de MORENA y AMLO. Digo que dicho personaje es un “equis” porque no es un alto rango del partido creado por el tabasqueño, ni es un portavoz de gran envergadura de lo que será el gobierno de transición de AMLO, por lo que –a ojos pelados- parece que al presidente electo poco le importa vincularse con dicho grupo pues era más de esperarse la presencia de alguien más relevante o, de plano, al mismo Andrés Manuel lo que hubiese hecho del Foro una auténtica fiesta pero no, fue más parecido a un funeral ¿Será que hubo llanto en La Habana? Señoras y señores, nos darán socialismo en la vieja receta de nacionalismo ya que, en el foro de Sao Paulo, enterraron el cadáver del Socialismo del Siglo XXI.

PD: Finalmente en Cuba se reconoció la propiedad privada para apuntalar el desarrollo de la Isla.

*Fausto Hernando Canto García es egresado de la Universidad de Quintana Roo en Relaciones Internacionales.

Consulte ambas cartas aquí:

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/07/Carta-de-Trump-a-AMLO.pdf

https://es.scribd.com/document/384428879/Carta-de-AMLO-a-Trump-Documento#from_embed

 

 

Por: Víctor H. Becerra*

Hace unos días se efectuó, en La Habana, el encuentro anual del Foro de São Paulo, la internacional regional que reúne a los partidos latinoamericanos de izquierda, acompañados por una extensa corte de agrupaciones satelitales. Formado en 1990, bajo las figuras tutelares de Fidel Castro y Luiz Inácio Lula Da Silva, el Foro trató entonces de dar una respuesta al mundo post Caída del Muro de Berlín, y frente al veloz derrumbe de la Unión Soviética, que dejaba a la izquierda en orfandad.

Siguiendo la doctrina castrista, el Foro trató entonces de “multiplicar los ejes de confrontación” a fin de remodelar y disfrazar los evidentes fracasos de la revolución proletaria y del enfrentamiento del comunismo contra el capitalismo. Para ello incorporó al discurso de la izquierda temas de grupos sociales, sectoriales, funcionales y territoriales como el feminismo, el indigenismo, el ecologismo, el regionalismo, la defensa de género, de grupos estudiantiles y todos los temas posibles para enfrentar a la democracia que tildó como neoliberalismo.

Ahora, basta leer su Declaración de La Habana y constatar que, tras casi 30 años de elaborado, ese discurso continua, pero que ha envejecido mal, revelando únicamente que ser de izquierda en América Latina, hoy, es adoptar un discurso dogmático, viejo, anacrónico, de frases rituales y acartonadas, de enemigos fantasmales, alejado de la realidad, sin respuestas frente a las perplejidades del mundo.



Pero al momento de su creación, junto con un nuevo discurso, el Foro también dio a la izquierda instrumentos para llegar y mantenerse en el poder. Así, surgió una explosiva mezcla de ideología y corrupción política, pero de manera acentuada a partir de 2002 con la elección presidencial de Lula Da Silva en Brasil: Lula (y después Dilma Rousseff) usó a la constructora Odebrecht como el principal brazo financiero del Foro, financiando la elección de políticos ligados al Foro, a fin de dar viabilidad a un proyecto de poder continental. A cambio, esa contratista (a la que se sumaría después otras pocas empresas) reinaría en la asignación de contratos gubernamentales en varios países, como reveló la Operación Lava Jato.

Lava Jato echó luz sobre las razones detrás del gran avance del Foro de São Paulo en el continente durante casi dos décadas, así como sobre el papel de Odebrecht como recaudadora, financista y distribuidora de dinero, la que ofrecía a los socios del Foro marketing político de alto nivel –inicialmente con Duda Mendonça y luego con João Santana, socio y ahijado profesional del primero–, planes de gobierno con obras caras y la asesoría para su financiamiento, muchas de las cuales recibieron recursos de BNDES, el banco estatal brasileño, y el lobby de alto nivel a cargo del propio Lula Da Silva en persona.



En La Habana quedó claro que esas prácticas son consustanciales al Foro de São Paulo, por lo que éste, sin vergüenza, defendió en su Declaración la corrupción en Brasil y en todo el subcontinente, la violación sistemática de DDHH en Nicaragua y Venezuela, las cruentas prácticas de regímenes que permanecen indefinidamente en el poder contra la voluntad de sus pueblos e ignorando el repudio internacional. Así, la izquierda post moderna, la del Socialismo del Siglo XXI, en connivencia con la vieja, la de la dinastía de los Castro, hoy traduce la utopía socialista en un simple llamado al enriquecimiento de sus líderes, a la tortura de los pueblos en aras del poder sin límites, creyendo que la revolución termina por justificarlo todo.

Con Lula preso, Fidel muerto, Raúl retirado, Maduro martirizando a los venezolanos, Ortega siguiendo el mismo camino, con varios de sus socios Premium a un paso de la cárcel, con el régimen cubano abjurando del comunismo, el Foro se reveló en La Habana, descarnadamente, como lo que fue desde un inicio, sin cosméticos ni falsas ilusiones: el club de ladrones y dictadores de São Paulo.

Un club cuyos productos políticos prohijados en estos años han sido solo tres: Dictaduras sangrientas como las de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, dictaduras plebiscitarias con reelecciones infinitas como las de Hugo Chávez y Evo Morales, y episodios de corrupción fabulosa como la exhibida por Lula, Cristina Kirchner o Rafael Correa. Esta herencia del Foro de São Paulo, quedará como ejemplo duradero de uno de los mayores engaños en la historia, perpetrado a nombre de los pobres, pagado por éstos mismos con su hambre y su sangre.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Víctor H. Becerra*

Como si detrás hubiera una operación concertada, la izquierda latinoamericana salió durante los últimos días en defensa de sus exponentes más distinguidos, específicamente Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa. Pero en realidad solo fue una reacción de desesperación frente al avance de la justicia. Esa izquierda poco podrá hacer cuando la justicia efectivamente toque a sus puertas. Al respecto, si algo debiera de destacarse en estos momentos es el creciente vigor y profesionalismo de los sistemas de justicia en casi toda América Latina (México y Venezuela serían sus grandes hoyos negros), bajo el empuje de jueces independientes, medios de comunicación libres y una empoderada y actuante sociedad civil.

La actuación desesperada de la izquierda comenzó a principios de julio, con el pedido de cárcel preventiva contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, y enseguida, la solicitud de captura de su auto exilio en Bélgica, por su vinculación en el breve secuestro del político Fernando Balda, antiguo aliado suyo, en Colombia, durante 2012; sobre ello, la Interpol aún debe decidir si acepta o no dicho pedido de captura internacional. No debe perderse de vista que este caso es el más avanzado en contra de Correa, pero que hay otros, en temas como corrupción con fondos públicos, la venta irregular de petróleo a China y otros casos menores que van sustanciándose.



Quizá estos procesos contra Correa no se habrían desarrollado sin la disputa por el poder entre el propio Correa y el sucesor que él mismo designó, el presidente Lenin Moreno. Estaríamos pues frente a un simple vendetta entre pandillas rivales, o quizá, una simple estratagema para ocultar los problemas del país y la creciente impopularidad presidencial. Pero hasta ahora ha sido cuidadosa y quizá hasta intachable la actuación de la justicia ecuatoriana. Habrá que esperar un mayor avance del caso o su conclusión para determinar si hubo o no un completo proceder fundado en derecho.

Pero la fuerte presión de la justicia ecuatoriana en contra de Correa llevó a un intempestivo contraataque por parte de Nicolás Maduro, defendiendo también a Lula Da Silva y a Cristina Kirchner, la cual está cada vez más implicada en sus crecientes problemas judiciales, los que la tienen a un paso de la cárcel. Pero casi de manera simultánea comenzó en Brasil, con Lula Da Silva, una especie de capítulo de los Looney Tunes, con el Pato Lucas poniendo el cartel de “Liberado” y Bugs Bunny superponiendo otro de “No Liberado”, y así hasta el infinito.

Esto fue el intento de liberar a Lula de la cárcel, donde está desde el pasado 6 de abril, purgando una sentencia de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, por parte de militantes de su partido, el Partido dos Trabalhadores (PT). Al respecto, y a pedido de legisladores del PT, el juez Rogério Favreto ordenó reiteradamente la liberación de Lula, argumentando que el encarcelamiento atentaba contra su derecho a ser candidato a la Presidencia de la República en los comicios del próximos 7 de octubre. Hasta en tres ocasiones jueces distintos rechazaron el pedido, aduciendo que Favreto no tenía ninguna facultad para ocuparse del caso.

Pero en la cuestión de fondo, la cárcel no castiga los derechos políticos de Lula Da Silva: estos aún se harán valer en otras instancias, ajenas a la penal. Al respecto, Lula tiene recursos pendientes, a desahogarse durante agosto y septiembre próximos por las instancias electorales y tal vez la Corte Suprema, que debieran permitirle (o impedirle) postular a la Presidencia. En tal sentido, su fallido intento de liberación fue solo una tentativa política, de mero espectáculo público, a fin de forzar a las instancias electorales para aceptar ya a Lula como candidato presidencial, pero que no varía lo fundamental: Lula es un político que hoy está en la cárcel por corrupto, según lo determinó un proceso judicial riguroso y por distintos jueces en varias instancias sucesivas. Así, su postulación tendrá que vérselas con la ley brasileña de “Ficha Limpia” (aprobada en 2010, bajo la segunda Presidencia de Lula y respaldada por él), por la que ningún condenado por un delito confirmado en dos instancias (precisamente el caso de Lula) puede postularse para un cargo electo durante al menos ocho años. Pero la última palabra la tiene el Supremo Tribunal Electoral.

El inicio de una investigación contra el juez Favreto, por la presunción de que actúo motivado por intereses políticos, dada su antigua y larga militancia (19 años) en el partido fundado por Lula, el haber sido funcionario a las órdenes de Lula y ser nombrado juez por la presidenta Rousseff, sin la trayectoria judicial para serlo, fundamentan esta idea de que todo fue una puesta en escena, para chantajear a las instituciones electorales.

Pero el daño a la credibilidad del sistema brasileño de justicia ya estaba hecho, y fue como el pistoletazo de salida para que la izquierda latinoamericana se lanzara a defender a sus héroes. En esta defensa de Correa y Lula, principalmente, no hubo ni decencia ni cuidado. Decencia, para referirse a otros casos de mayor relevancia y urgencia, como la masacre contra jóvenes nicaragüenses por parte del régimen cuasi dictatorial de Daniel Ortega. Cuidado, para revisar siquiera mínimamente las causas judiciales de sus defendidos. De haberlo hecho, seguramente habría actuado con la prudencia pedida por el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, a la ex presidenta Bachelet y a otros políticos chilenos de izquierda, por la carta de apoyo a Lula que suscribieron.  El gesto de Muñoz, que por su antiguo rango debe poseer muchos datos no públicos del caso Lula, fue un gesto solitario (y honorable) entre la izquierda de la región.

Tanto Lula, como Correa y Cristina Kirchner seguramente terminarán por recibir la pena que merecen por las vías judiciales, sin importar las presiones políticas. Y eso debiera ser una buena noticia y un gran rasgo distintivo respecto a nuestro pasado. Hoy, más de dos decenas de gobernantes latinoamericanos están en la cárcel o en riesgo de estar en ella, además de cientos de políticos investigados y que poco a poco son procesados. Nunca antes en nuestra historia habíamos visto a tantos políticos castigados por una justicia imparcial y profesional, con un mayoritario apoyo social.



Los regímenes políticos en Latinoamérica durante el siglo XX se permitían todo o casi todo. Bajo la forma de regímenes autoritarios, dictaduras militares o democracias imperfectas, los gobernantes tenían control absoluto o casi absoluto sobre las instituciones, especialmente los aparatos judiciales, lo que les permitía administrar la justicia en función de sus intereses políticos, lo que explica muchísimos hechos corruptos que pasaron desapercibidos y quedaron sin castigo en nuestra historia común. En contraste, gracias a las reformas de los sistemas judiciales que se han dado en los últimos 20 años y a una vigorosa reacción social, hoy líderes, ministros, exministros y cientos de funcionarios de altos cargos se enfrentan a la acción de los tribunales. Algunos ya están presos, muchos están siendo procesados y varios más terminarán en la cárcel.

El creciente protagonismo de las instituciones de justicia es una buena noticia para América Latina, una que por desgracia no valoramos en toda su importancia. Los actuales aprietos judiciales de Lula, Correa y Kirchner son un gran cambio cualitativo respecto a nuestro pasado, no dejando sus posibles crímenes al arbitrio de la impunidad o la venganza política. Y eso es algo que debiera alegrarnos a todos, por encima de las diferencias ideológicas.

Al respecto, es natural que la mayoría de los procesados sean hoy políticos de izquierda, tras sus varios lustros de poder, casi sin contrapesos. Y es natural también, hasta cierto punto (un punto antes de la ceguera interesada y la alcahuetería), que muchos en la izquierda se sientan acosados. Pero esa izquierda (si es honrada) no debiera perder de vista que, tras de ellos, seguramente seguirán muchos de los actuales gobernantes de otros signos ideológicos, si dejan a la justicia madurar más y ganar todavía mayor profesionalismo e independencia.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra