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Por: Víctor H. Becerra y Miguel A. Cervantes*

Al menos en los últimos seis meses, México ha venido experimentando la llegada de caravanas de inmigrantes. Primero fueron centroamericanos, especialmente hondureños, a los que se han sumado haitianos, cubanos y hasta africanos.

Todos ellos buscan solicitar asilo en EEUU, huyendo de la situación de violencia indiscriminada y pobreza que se vive en Centroamérica y en sus países. Su llegada masiva ha generado problemas en los cruces fronterizos con EEUU, ya que se tarda más para cruzar a EEUU y también ha causado problemas en el paso de mercancías.

Con los problemas de cruce en los puentes internacionales, han surgido también entre los mexicanos sentimientos anti inmigrantes contra los centroamericanos, tipo Gert Wilters, Marine Le Pen, Viktor Orban, Tom Tancredo. Muchos acusan a los centroamericanos que “que no quieren trabajar” “no les gusta la comida mexicana” (aunque la diferencia entra las gorditas y las papusas salvadoreñas no difiere mucho).

Incluso, ha habido expresiones de supuesto complot por parte de una derecha enfermiza, que afirma que los centroamericanos serían pagados por George Soros. Significativo que eso suceda en un país como México, que se ha beneficiado enormemente de la migración.

Se argumenta que México vive una crisis migratoria sin precedentes. Al respecto, es entendible que haya cierta incertidumbre, pero digámoslo claro: no es una crisis sin precedentes. Al respecto, Latinoamérica no es la misma de los 80s. En los 80s había guerrillas en El Salvador, Guatemala, además de los Sandinistas en Nicaragua. Había campos de refugiados guatemaltecos en México. El narcotráfico había rebasado las instituciones en Colombia. Panamá estaba gobernada por un narco gobierno bajo Noriega.  Perú vivía el terrorismo de Sendero Luminoso. Es evidente que lo peor en Latinoamérica ya pasó, excepto por lo que sucede en Venezuela. Comparativamente, esta crisis es más manejable que lo que se vivió en los 80s.

Para poder encontrar soluciones reales es necesario hacer un diagnóstico real, considerando preocupaciones legítimas y dejando a un lado los sensacionalismos. Al respecto, es menester tomar en cuenta cómo el libre mercado ayudaría a solucionar el problema.

Primeramente, la violencia que se vive en Centroamérica es real y tiene causas. Los países de Centroamérica se encuentran clasificados como países con baja calidad institucional por varios índices como el Índice de Estados Frágiles (Fragile States Index), así como en el  de gobernanza del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y de Estado de Derecho del Instituto Fraser. Instituciones frágiles son el prerrequisito de bajos desempeños económicos y violencia generalizada.

Hay un problema real y pocas veces señalado: la violencia que se vivía en Mexico en 2008-2010 se trasladó a Centroamérica. Al respecto, hace algunos años la revista “The Economist” del Reino Unido, publicó un artículo sobre la estrategia del entonces presidente Calderón para combatir el narcotráfico. “The Economist” decía que la estrategia había funcionado y que había golpeado a los carteles, pero predecía a que toda la violencia que México había vivido por el 2008-2010 se iba a ir a Centroamérica, donde las instituciones están aún más podridas.

Lo que vemos actualmente es exactamente la predicción de la revista: Centroamérica vive lo que vivió México hace 10 años, lo cual está generando la crisis migratoria que hoy vemos.

Tan solo en lo que se refiere a la violencia, y según la Fundación Insight Crime, en 2017 se registraron en El Salvador 60 homicidios por cada 100.000 habitantes y 365 niños fueron asesinados ese año. Esta tasa fue del 26,1 en Guatemala, con 942 pequeños muertos, y del 42,8 en Honduras, donde durante la última década se asesina una media de un niño por día. En México, la tasa es de 25 por cada 100.000 habitantes. Para efectos de comparación, la media mundial asciende a 5,3 y la de España, por ejemplo, es de 0,7 por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, Cuba sigue siendo un país comunista y autoritario, y sigue cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos.  Anteriormente, los cubanos que iban en balsas a Florida a reclamar asilo, era casi seguro que lo obtuvieran, por la política favorable al asilo de cubanos, la ya derogada política de “pies secos, pies mojados”.

Al final de la jornada, es la combinación de pobreza, violencia extrema, crisis económica, violación a Derechos Humanos y falta de oportunidades que caracteriza desde hace décadas la vida en esos países, la que es decisiva para entender por qué tantas personas parecen dispuestas a todo con tal de huir de sus países de origen.

Todo esto no se puede ignorar con discursos, o aduciendo que es un gran complot. Al respecto, hay mexicanos que piden mano dura, que se cierra completamente la frontera a los centroamericanos. Sin embargo, exigir mano dura independientemente de las condiciones de violencia y deterioro económico, solo erosionaría la calidad de las instituciones, y abriría la puerta a la corrupción en la policía y la burocracia migratoria, y a actos de prepotencia y violación de Derechos Humanos. Además de que sería un regalo a las mafias de coyotes. Al respecto, desde hace años que la USAID trabaja con diferentes instituciones mexicanas: una política de mano dura implacable contra centroamericanos honestos vendría a tirar por la ventana años de trabajo. Sería un golpe para la diplomacia mexicana en su relación con Latinoamérica.

A las personas que tienen causas legitimas para huir de la violencia de Centroamérica se les debe permitir encontrar refugio. Las personas honestas que huyen de la violencia deben tener la certidumbre de que su caso será escuchado. Es importante sacar a las personas buenas que sufren de un ambiente tóxico, para que no sean agredidas y no caigan en manos de mafias, engrosándolas o financiándolas a la fuerza. Esa sería una forma inteligente de debilitar al crimen organizado en Centroamérica, sacando a las personas honestas de un ambiente tóxico.

A los cubanos que huyen del gobierno autoritario no se les debe regresar: sería un golpe duro para personas que buscan mayor libertad. El gobierno del presidente López Obrador lo está realizando, fijándolo como una política sistemática de su gobierno. Ello demuestra que no son prioridades de su gobierno ni los Derechos Humanos ni las garantías individuales, subordinados más bien a su cooperación con las dictaduras de izquierda. Para la sociedad mexicana debe ser hipócrita pasar horas criticando al comunismo, a Fidel Castro, al Che Guevara si cuando hay inmigrantes cubanos que piden asilo se les rechaza.

El libre mercado es la mejor arma en la resolución de este asunto.  Es necesario acercarse y cooperar con las empresas a las que les falta mano de obra, como son las maquiladoras en la frontera, en la construcción, o la agricultura, y ofrecer visas de trabajo para los centroamericanos que quieran quedarse en México y puedan ocupar puestos que no son ocupados por mexicanos. Un mercado de trabajo flexible es la mejor manera de absorber este shock de refugiados. Si se les habla claramente y se les abren oportunidades para que centroamericanos y cubanos se puedan quedar en México y puedan trabajar, muchos de ellos tomarían la oportunidad, ya que México sería un paraíso comparado a la violencia y pobreza de sus países. No habría necesidad de caravanas, ni de pagar coyotes, simplemente con su permiso de trabajo podrían abordar los autobuses o tomar el avión en paz.

Creemos que es importante tomar en cuenta el ejemplo de Líbano y Jordania. Estos dos países han recibido refugiados sirios. Líbano recibió cerca de 900 mil y Jordania cerca de 660 mil. Alex Nowrasteh del Cato Institute ha mencionado que Jordania ha tenido más flexibilidad laboral, les ha permitido trabajar, crear empresas, lo cual ha facilitado una mayor integración. En Líbano tienen más restricciones para trabajar y crear empresas, lo cual ha mantenido marginados a los migrantes en los campos de refugiados, con menos posibilidad de integrarse.

Si a pesar de dar oportunidades para quedarse en México todavía hay algunos que quisieran hacer una demanda de asilo en EEUU u otro país, se podría canalizar por la vía institucional a países que tienen experiencia en recibir refugiados, así como países que utilizan mano de obra inmigrante como los países del Golfo Pérsico: Emiratos, Kuwait, Qatar. Si se trabaja en equipo con las diferentes embajadas se puede llegar a acuerdos razonables que hagan innecesarias las caravanas.

Si se maneja bien este asunto puede contribuir positivamente a las maquiladoras en México, la industria de la construcción, restaurantes, turismo, la agricultura.  Si México lo maneja con sabiduría ayudaría además a mejorar la calidad institucional.

Finalmente, es importante que Norteamérica trabaje junto con Centroamérica en una perspectiva de largo plazo para mejorar las instituciones y el comercio. Los tres países (Canadá, EEUU y México) tienen acuerdos de libre comercio por separado con Centroamérica. Esto es un verdadero plato de espagueti, con diferentes tratados que se traslapan.  Sería mucho mejor fusionar el TMEC con los acuerdos de Centroamérica para trabajar en una región próspera a largo plazo, trabajando mano a mano con Centroamérica. Una política de trabajar por separado no es sostenible a largo plazo, ni tiene fundamentos éticos, económicos e históricos. México no puede olvidar las raíces históricas, étnicas y en muchos otros órdenes que le unen a Centroamérica.

Al final, no debemos de dejar de mirar fenómeno de las caravanas migrantes como una expresión, una más, legítima, justa, de lo que lo que Adam Smith llamó en 1776 “el plan liberal de igualdad [social], libertad [económica] y justicia [legal]”, y que aún inspira, poderosamente, a la gente común a buscar la gran oportunidad de una vida mejor.

*Miguel Cervantes: Graduado de la Universidad de Texas en el Paso. Catedrático de economía internacional en la Burgundy School of Business de Francia. Ha sido también economista para el Fraser Institute en Canada. Tiene interés en la investigación sobre la libertad económica, y su incidencia sobre el bienestar de las personas.

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Hiram Pérez Cervera*

“Ninguna sociedad puede existir, si no impera en algún grado el respeto a las leyes.”

Frederic Bastiat.

Es evidente que existe una barrera que, a lo largo del tiempo, evita que nuestro país pueda recorrer el camino del progreso económico y la solidez política. La cifra constante que oscila entre los 40 y 50 millones de mexicanos en pobreza es algo que despierta una diversidad de explicaciones que van desde la desigualdad social hasta la corrupción, esto sin lograr aún una respuesta al problema que nos permita ejecutar un plan de acción.



Este fracaso se debe a que el diagnóstico que políticos y académicos han hecho esta equivocado de raíz, están confundiendo los síntomas con la enfermedad. Esto es como si un médico argumentara que el problema es la fiebre y no el resfriado, es así como me he dedicado a ofrecer, brevemente, una explicación sobre los problemas de fondo que tenemos en el país.

De acuerdo con el índice de libertad económica elaborado por Heritage Foundation[1], México ocupa el lugar número 63, penosamente por debajo de países como Kosovo, Filipinas o Jordania. Esto sin que nuestro país tenga una carga aplastante de impuestos como sucede en otros países, sin embargo, se advierte cuando se consulta el apartado que tiene que ver con el Estado de Derecho, que nuestro país obtiene calificaciones muy pobres e incluso quienes elaboran este índice señalan que la debilidad del sistema jurídico y las demoras en los procesos fomentan prácticas como la corrupción.

Un panorama más claro de lo anterior surge al consultar el Índice de Calidad Institucional, elaborado por el Dr. Martín Krauze a través de la Red Liberal de América Latina (RELIAL)[2], y que evalúa la calidad de las instituciones del Estado en todos los países, en el que nuestro país se encuentra en el puesto número 92. Cabe destacar que desde el año 2007 a la fecha, nuestro país ha perdido 16 puestos en este índice, lo cual nos muestra cuan dramática es la situación por la que estamos pasando y, sobre todo, explica de fondo por qué las reformas estructurales no pudieron ofrecer los resultados esperados. Para rematar, si hiciéramos una clasificación con base únicamente en la calidad de las instituciones políticas, México se ubicaría en un desastroso lugar número 123. En este punto, no es de extrañar porque también tiene una alta percepción de corrupción.

Si el problema se encuentra dentro del Estado, la falta de certeza va a impactar de manera negativa en otras esferas como la democrática que, dicho sea de paso, es el gran reclamo de sociedad y academia hacia el gobierno. De acuerdo con el Índice Mundial de Libertad Electoral (IMLE), elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad[3],  quiero destacar que México ocupa el lugar número 92 de acuerdo con el indicador sobre desarrollo político y un lugar número 70 de acuerdo con el ranking general sobre libertad electoral.

Con todos estos datos se puede concluir que México es un país políticamente inmaduro, en el que las instituciones y la aplicación de la ley están bajo discreción de la élite en turno, sin embargo, este problema no es exclusivo del gobierno, también la sociedad tiene un rol importante al escoger gobernantes con tendencias hacia el uso del poder para beneficio propio, a través de corporativizar diferentes grupos de la sociedad. Un ejemplo muy claro de lo anterior es el caso de la líder sindical Elba Esther Gordillo, que en el año de 2013 fue a prisión no porque hubiese una efectividad en el sistema judicial mexicano, más bien por no mostrar sumisión a la élite en turno cuando intentó impulsar una reforma educativa que tocaba los privilegios sindicales que le permitieron a ella enriquecerse del trabajo de los demás. Hoy, que hubo un cambio radical en las cúpulas del poder, la maestra fue declarada inocente y su inmediata libertad ordenada por un juez. Mientras tanto, los crímenes por los que se le debió procesar quedarán ahí en el olvido.

El escándalo de Odebrecht, que evidenció la cantidad de sobornos que se hacían hacia los gobernantes para obtener beneficios del poder, tuvo consecuencias muy fuertes en casi toda América Latina. Presidentes renunciaron a sus cargos para enfrentar los procesos legales, expresidentes fueron presos al comprobárseles casos de corrupción, sin embargo, en México no sucedió nada. Nadie fue enjuiciado y nadie fue a prisión, es más, hoy ya nadie en las esferas del poder menciona el tema tan siquiera.



La barrera de la que hablaba al principio, son los incentivos perversos que surgen del poder para invitar a usarlo con el fin obtener beneficios y mientras no entendamos esto como sociedad continuaremos hundiéndonos en el fango de la discrecionalidad política.

Los países que lograron un desarrollo económico que les permitió superar la barrera de la pobreza, tienen en común que sus sistemas de gobierno tienen bien delimitados los alcances del poder del gobierno, cuentan con reglas muy claras y tienen la certeza de que estas reglas se van a hacer cumplir sin importar de quién se trate.

México tiene que transitar el camino desconocido de la libertad y la responsabilidad individual.

*Hiram Pérez Cervera es internacionalista, enfocado en el estudio del impacto de la política sobre la economía. En twitter lo encontrará como: @hiram_perezc

[1] Los datos se encuentran disponibles en: https://www.heritage.org

[2] Índice disponible en: http://www.caminosdelalibertad.com/resources/uploads/pdf/20180420_112242_6a69675e9b6395c3d21dade8536927a9.pdf

[3] Índice disponible en: http://www.fundalib.org/wp-content/uploads/2018/01/IMLE2018.pdf

 

Por: Ricardo Stern*

[dropcap type=”default”]I[/dropcap]ncluso en sociedades pequeñas, es casi impensable poder fiarse por completo de los otros miembros. Siempre puede haber gente no digna de confianza entre ellos. Todos observamos que hasta en grupos de amigos o matrimonios es común que alguien traicione la confianza; cuánto más en sociedades grandes o naciones. Y mientras esto suceda, hablar de sociedades libres seguirá siendo una utopía o una forma relativa de expresarse. La libertad absoluta es una imposibilidad para el ser humano, en tanto exista un solo delincuente.

Hay varias razones para lo que acabo de afirmar, pero con una basta, y es que un sistema hipotético donde hubiera total libertad para el justo, implicaría también total libertad para el injusto, ya que no es posible adivinar cuál es cuál, y solo es posible concebir restricciones para todos o libertades para todos. Es cosa de elemental sentido común, que prevenir el delito siempre será mejor que castigarlo cuando ya ocurrió, y la prevención del delito implica, básicamente, restricciones sobre la población. Se pueden hacer pequeñas “discriminaciones” para intentar molestar menos a quienes tienen menos probabilidad de ser delincuentes, pero hay un límite y al final tendrá que optarse por una serie de restricciones generalizadas. Lo contrario implicaría, sí, libertad para la gente de bien, pero también para los delincuentes, quienes usarían invariablemente dicha libertad para atentar e intentar destruir la libertad de los justos. De este modo, el máximo grado de libertad se obtiene, paradójicamente, a través de cierta restricción de la misma.



En otras palabras, “libertad total” en una agrupación humana es un contrasentido, ya que pasado cierto grado de libertad, ésta se empieza a destruir a sí misma, en manos de los delincuentes. Si se requiere aún de un ejemplo para entender, podemos tomar, de entre muchos que me vienen a la mente, el de la facultad que tiene un gobierno para espiar a los ciudadanos. Este es un tema que suscita innumerables protestas y molestias entre gente que asegura ser inocente de cualquier delito y, por lo tanto, que debería tener el derecho de que nadie invada su privacidad. Estrictamente hablando, esto es cierto, y quien no ha violado ninguna ley debería ser dejado en paz. Pero lo que no notan es que nadie tiene poderes adivinatorios para saber si son inocentes o no, y la manera de averiguarlo es precisamente invadiendo hasta cierto punto su privacidad. Y lo mismo aplica con retenes en las carreteras, revisiones en aeropuertos, detenciones preventivas, obligación de presentarse a testificar, traer en regla la documentación del vehículo en que se transita, y un largo etcétera. La única otra forma sería tener poderes divinos o de adivinación, o que desaparecieran por completo los delincuentes (y además tener poderes de adivinación para saberlo con certeza). Es decir, no en esta realidad y en algún plazo previsible. Así que si en verdad son gente de bien y ciudadanos que cumplen con las leyes, deben ser los primeros no sólo en aceptar, sino incluso en aplaudir que el Estado realice su trabajo para beneficio de ellos. No es razonable pedir, por un lado, que el Estado les dé seguridad, y al mismo tiempo criticar las acciones que este realiza para la consecución de tal fin.

Hablamos, por supuesto, de acciones que, en general causan pequeñas molestias (aunque en tiempos muy críticos pueden ser mayores, obviamente, como toques de queda, etc.), y por eso es racional pedir que sean aceptada incluso con gusto por parte del que la sufre sin merecerlo, ya que gracias a su utilización es posible detectar a verdaderos delincuentes que ponen en peligro a toda la sociedad, incluyendo al quejoso. En otras palabras, el sistema opera a favor de quien protesta, lo que hace ridícula dicha protesta. San Pablo lo explica inmejorablemente: “Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella”. (Rom. 13:3)



Mucho más grave sería la violación a sus derechos que haría el delincuente si no se le detecta y detiene. Como decía Roussseau, sólo hay dos opciones: o se obedece a la Ley o se obedece a un Amo. Y la ley puede ser incómoda a veces, pero mucho menos que el amo, a menos que realmente se exceda y, pasando cierto límite, se convierta ella en el nuevo amo.

La verdadera discusión, pues, entre personas que ponen a la libertad como centro de sus valores cívicos y políticos, no es si puede tenerse una libertad total o no, sino cuál es el punto exacto en que las restricciones darán un grado de libertad óptimo, esto es, el punto de equilibrio justo entre incomodidades aceptables y opresión, entre una ley eficaz y una ley que ya se convirtió de pronto en el Amo del que tendría que habernos librado. Mi regla es que, siendo imposible una ley que dé gusto a todos, debe tomarse por óptima aquella que sólo incomode a delincuentes, nihilistas, anarquistas y plañideros profesionales que protestan de todo.

*Ricardo Stern, Ciudad de México, 1976. Estudió piano, literatura dramática y arquitectura del paisaje. Es autor de Aquí no se sirve café (novela, Sediento, 2012) y La razón ardiente (ensayo, Galma, 2015). Actualmente trabaja en consultoría política e investigación.