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Por: Víctor H. Becerra*

Los malos resultados económicos para los mexicanos se confirman: Los datos oficiales dan cuenta de que la economía mexicana tuvo un desempeño de 0.0% durante el tercer trimestre del año. Leyó usted bien: 0.0%. Esto implica que la economía mexicana dejó de crecer mientras la población y sus necesidades aumentaban, significando menor bienestar general, repartiéndose entonces solo pobreza. Ni en sus peores sueños, los políticos que llegaron al poder hace nueve meses en México, hubieran imaginado tales resultados, ellos tan exigentes y vociferantes apenas hasta hace poco.

México se encamina así a su peor desempeño económico en muchos años, al menos desde la crisis suprime de 2009. Para mayor desgracia, parece que el mundo se dirige a una desaceleración económica generalizada, desde ahora y hasta el mediano plazo. Así, analistas de todos los colores dan por segura la entrada de EEUU a una recesión en los próximos uno o dos años. Al respecto, hace unos días, el rendimiento de los bonos del gobierno de EEUU a 30 años, por primera vez cayó por debajo del 2%. Por lo que los rendimientos de los bonos a largo plazo ahora están por debajo de la deuda a corto plazo, una curva de rendimiento invertida. Tal inversión ha precedido a todas las recesiones estadounidenses desde la década de 1960, como bien han indicado los estudiosos del tema.

Para apuntalar estas previsiones, la economía de Gran Bretaña se contrajo en el segundo trimestre; pero no se culpe al Brexit, porque también lo hizo la de Alemania y la de Italia apenas tuvo un poco mejor desempeño. Esto muestra que el comercio dentro de la eurozona se ha reducido drásticamente. Lo de Alemania es muy preocupante, con un derrumbe en sus exportaciones y su producción industrial, porque es la locomotora de la zona euro: Alemania supone casi un tercio de la economía de la zona. Si entra en recesión o su economía se estanca, el impacto sería generalizado por la elevada integración comercial y el importante peso que tienen las cadenas de valor en Europa, de las que Alemania es un eje fundamental.

El producto interior bruto (PIB) de la zona euro apenas aumentó un 0,2 % en el segundo trimestre del año con respecto al primero, por debajo del 0,4 % registrado entre enero y marzo, debido en buena medida a la contracción de la economía alemana y el estancamiento de la italiana. La ralentización de su crecimiento se debe a la debilidad del comercio internacional -con EEUU y China en la escalada de su guerra comercial-, que perjudica al sector exterior y manufacturero, y a las incertidumbres globales, en particular el “Brexit”.

A mayor abundamiento, China presentó en el segundo trimestre su crecimiento más bajo desde 1992, lo que ha encendido las alarmas en Pekín y ya se habla de “estimular” la economía, mediante mayores créditos a empresas y familias, proyectos de infraestructura, ayudas para reactivar ventas y algunas rebajas de impuestos. “Estimulo” es la palabra hoy de moda en las capitales financieras del mundo.

Pero ya sabemos lo que esto significa: Dar recursos a sectores ineficientes y a los que los han malgastado –gobiernos y sectores endeudados- , una escalada inflacionaria que afecta a los más pobres, sin mejorar la economía, y un agujero de endeudamiento que paga usted, sin evitar ajustes posteriores mucho más duros, demostrando que las políticas de gasto público y estimulo no son ‘sociales’, sino simple regalar dinero a la menor provocación a los amigos de políticos y poderosos. Los estímulos no son agua al fuego, sino más leña al incendio.

México está metido en una espiral donde no puede dar “estímulos” sin meterse en más problemas de gasto, ni puede pedir más deuda sin evitar la mirada acusadora de las calificadoras, en un tris de bajar la calificación crediticia del gobierno, ni aumentar impuestos sin incumplir un compromiso de campaña que el electorado le cobraría en la elección intermedia de 2021, justo en lo más duro de la recesión que se acerca. Sin querer, López Obrador nos ha recordado lo frágiles que son las economías extremadamente endeudadas, politizadas y clientelares.

El mayor problema económico de México es la recesión económica que se avecina, y cuyos efectos ya se empiezan a sentir en el país, a pesar de que el presidente López Obrador diga que le tiene sin ningún cuidado. Así que si el gobierno López Obrador fuera responsable, en lugar de hacer lo que ha hecho, que es crear intervencionismo, inseguridad y clientelas, aplicaría un modelo de mayor libertad económica, esto es, convertirnos en una economía de innovación, con empresas punteras que compiten y crean valor, con atracción de capital, seguridad jurídica, bajos impuestos, menor burocracia y mínima intervención estatal.

En México estamos tocando fondo. Lo muestran lo hasta aquí dicho y los malos datos oficiales, cada vez peores, mes tras mes. Nos vamos a otra década perdida, como la de los 80s. Quizá aún pueda evitarse, pero eso requiere autocrítica y responsabilidad del gobierno, dos ingredientes que ha demostrado claramente que le faltan.

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Víctor H. Becerra*

Los últimos acontecimientos en México prefiguran un mal porvenir, ominoso.

El gobierno de López Obrador actúa como otros gobiernos de izquierda en el pasado: como Sísifo, que una y otra vez carga la misma piedra con la esperanza de que (ahora sí, ahora sí!) algo varíe en su ya inmutable destino. Sin embargo, al final, la pesada roca siempre vuelve a precipitarse una y otra vez hacia abajo. El socialismo y todas sus variantes terminan invariablemente igual.

A diferencia de lo que afirman López Obrador y sus seguidores, México no es ningún país neoliberal. Es un país socialista. Y de los duros. Sólo por simple hipocresía los mexicanos no reconocemos nuestra situación. Así, México está en el lugar 82 en la última edición del Índice de Libertad Económica en el Mundo del Fraser Institute, justo en el último escalón de su categoría. En contraste, países como El Salvador, Honduras, Nicaragua o República Dominicana están por encima de México, y no se diga de países como Chile, España o Costa Rica, en la sección superior del Índice. México es simplemente un país lleno de intervenciones estatales, políticas redistributivas, impuestos arbitrarios, burócratas todopoderosos, donde para producir se requiere el permiso de quien no produce nada (Ayn Rand dixit). Es simple: Cuando ciudadanos y consumidores no son soberanos a la hora de decidir dónde se asignarán los recursos, lo son los burócratas y políticos, tal como sucede en México. 

Con López Obrador la situación amenaza con recrudecerse: Hace apenas unos meses cambió la Constitución para ampliar las causales de la figura de Extinción de Dominio. Antes ésta se limitaba, básicamente, a cuestiones relacionadas con el narcotráfico, pero tras la reforma, ahora involucra delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos violentos cometidos con armas, el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, extorsión, delitos en materia de hidrocarburos, abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, incluyendo las cometidas por particulares, delitos contra la Ley de Armas de Fuego, etc., etc., etc.

El tema volvió a la palestra tras la promulgación, hace unos días, de la ley reglamentaria de dicha figura de extinción de dominio, que según la norma aprobada, se define como la “pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a los que se refiere la presente ley declarada por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario”. Es una simple pérdida de los derechos de propiedad de los bienes de una persona, si éstos han sido utilizados supuestamente en la comisión de un hecho ilícito y, como consecuencia, pasan a ser del Estado sin que exista contraprestación alguna.

El asunto es muy grave porque el gobierno puede dictar la extinción de dominio antes de que exista una decisión de las autoridades judiciales. Puede asegurar dichos bienes por simple sospecha o denuncia sin bases. La extinción se aplicaría incluso cuando el imputado haya fallecido, dirigiéndose contra herederos y sucesores. La pérdida puede ser retroactiva, sobre delitos del pasado, infligiendo nuestro orden jurídico. Y en el grado sumo de la ilegalidad, las personas deberán comprobar que sus bienes tienen una procedencia lícita, en lugar de que el Estado compruebe su supuesta ilegalidad.

Es la “Ley Exprópiese” en alusión a esas escenas del fallecido Hugo Chávez ordenando expropiar diversos inmuebles. Quienes así la llamaron no están equivocados: Este instrumento puede ser utilizado para abusar del poder y perseguir opositores, y pone en riesgo la seguridad jurídica, la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la propiedad. En suma, la nueva Ley da facultades arbitrarias al Estado, por lo que es una aberración jurídica, que debiera recordarnos que cualquier poder que otorgues a políticos y burócratas para que lo usen contra otras personas, será finalmente utilizado por futuros políticos y burócratas en tu contra. Es, bien vista, un más tramo en el camino socialista al subdesarrollo.

Al respecto, en México, todos los días vemos el suplicio que viven hoy cubanos, venezolanos, nicaragüenses: Ellos son la verdadera cara del socialismo frente a nosotros. En ellos vemos no el paraíso traído a la tierra, sino el infierno trasplantado a esos países. Si no lo vemos, es porque nuestra hipocresía o indolencia es muy, muy grande.

Por ejemplo, desde la llegada al poder de Maduro, en 2013, la economía venezolana se contrajo en torno al 50% y este año caerá otro 35%, según estimaciones oficiales. Ese país sufrió una inflación del 1.370.000% tan sólo el año pasado. Y carga una deuda externa de 160.000 millones de dólares, insufrible, junto con una caída del 60% en sus exportaciones y un 39% de sus importaciones. Agréguele el conmovedor cuadro de sus 4 millones de migrantes en los últimos años, así como la caída en todos los servicios y satisfactorios básicos, que llevan a plantear una verdadera emergencia humanitaria.

Este cuadro es algo no visto en país alguno desde el crack del 29 o guerras civiles como la de Siria. Así, Venezuela retrocedió décadas en unos pocos años, gracias al socialismo. Según el Banco Mundial, la de Venezuela es la peor crisis en la historia de América Latina. Y ojo: ese podría ser el destino final de México.

Comparativamente, en su primer medio año de gobierno, López Obrador redujo la economía mexicana a su mínima expresión. Apenas se le siente el pulso, con un crecimiento oficial de menos del 0.1%.

En México, de continuar las cosas como van con López Obrador, con políticas tan desacertadas como la nueva Ley de Extinción de Dominio, las hojas del calendario no sólo seguirán deteniéndose, sino que pronto retrocederán, años, décadas atrás, como en Venezuela.

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Víctor H. Becerra*

El gobierno del presidente López Obrador está sembrando la semilla para que hechos sangrientos, o peores, como los de Salamanca y Minatitlán, se repitan. Recordemos que en Salamanca, el pasado 9 de marzo, se asesinó a 15 personas (aunque he escuchado versiones creíbles que hablan de un número mucho mayor) en un club nocturno mediante una ejecución con armas de alto poder. En Minatitlán, el recién pasado 19 de abril, hubo 14 muertos, incluyendo un niño de un año, en una violencia irracional, gratuita (ambas ciudades, por cierto, asiento de las principales instalaciones petroleras del país y ambas también gobernadas por el mismo partido del presidente López Obrador).

No hay mejor combustible para acrecentar la violencia que la impunidad. A varias semanas de estos hechos, la inacción del gobierno López Obrador para fincar responsabilidades sobre ellos, es pasmosa. Aunque hace un par de días se anunció la detención de dos supuestos autores materiales de la segunda masacre, todo hace suponer que tales detenciones no tienen mucho fundamento y podrían tratarse de meras escenificaciones teatrales. De Salamanca, nada: Ni detenciones, ni una versión de qué sucedió en realidad, ni atribución de posibles sospechosos, ni nada. Lo mismo sucederá con Minatitlán, acrecentando con el ejemplo y acicate de la impunidad los ya de por sí históricos niveles de violencia en el México.

2019 podría ser el año más violento en la historia del país: Se pronostica que la cifra de muertos por homicidios dolosos podría llegar a los 40 mil muertos, este año. Frente a esa expectativa, sorprende el pasmo de López Obrador y su gobierno: Su única acción ha sido poner en operación una Guardia Nacional militarizada (similar al modelo venezolano), que en realidad es una repetición de la misma estrategia militar puesta en practica por los gobiernos Calderón y Peña Nieto.

Una Guardia militarizada para la cual ni siquiera existe una ley reglamentaria ni ley orgánica, por lo que su puesta en operación en varios municipios conflictivos no es más que una farsa y, peor, un reciclamiento de los peores elementos policiacos del pasado, por lo que ya iniciaron los problemas de DDHH que tanto se le pronosticaron.

Por otra parte, López Obrador está dejando pasar la oportunidad de hacer una contribución real en contra de la violencia: Despenalizar el uso las drogas. Antes de iniciar su gobierno, prometió despenalizar el uso de la marihuana; han pasado así seis de su gobierno (una décima parte del mismo) y no se ha vuelto a tratar el tema, aunque si bien aparece en su Plan Nacional de Desarrollo, sin ningún aterrizaje práctico.

Tal despenalización permitiría destinar recursos hoy empleados en una lucha inútil, persiguiendo un “crimen” sin delito, hacia delitos de real impacto y peligrosidad: secuestro, robo de combustible, extorsión, etc. También descongestionaría al sistema penitenciario y al sistema de impartición de justicia, y evitaría que gente inocente pase a engrosar las ávidas filas del crimen organizados a través de su estancia en las cárceles.

Gracias a la impericia, inacción y frivolidad de López Obrador y su gobierno, México se enfila a niveles récord de violencia y delincuencia. De seguir como hasta ahora, Salamanca y Minatitlán no serán tragedias inusitadas, sino el signo incremental y distintivo de su gobierno. Niveles y escenarios que tendrán un responsable directo, inescapable: El propio López Obrador.

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Fausto Hernando Canto García*

Andrés Manuel Lopez Obrador siempre ha sido un político que está acostumbrado a tener la atención sobre sí cuando habla, eso le sirvió muchísimo como político de oposición: su acento fielmente tabasqueño, su voz rasposa y sus ademanes lo encajan perfectamente en el portador de alguna novedad de interés para las masas, como un merolico cuya verborrea atrae la atención de la gente sobre algún producto “milagro”.

En su más reciente “mañanera” (23/04/19) AMLO fustigó contra la oposición diciendo que esta se aprovechó de la tragedia sucedida de Minatitlán, Veracruz, el pasado 19 de abril, donde perdieron la vida 13 personas, entre ellas un infante de apenas un año de edad. El presidente aseguró que esta tragedia es motivo de golpeteo en su contra por parte de “los conservadores”.

Ahora bien, detengámonos un momento y reflexionemos querido lector ¿Quién era el opositor que se colgó de cuanta tragedia sucediera para criticar al presidente en turno? ¿Quién se aprovechó de la tragedia en la Guardería ABC para golpetear al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa? ¿Quién criticó la falta de una estrategia en materia de seguridad durante la gestión de Enrique Peña Nieto con la trágica muerte de los 43 jóvenes de Ayotzinapa? ¿Quien? Ah sí, fue nada más y nada menos que nuestro actual presidente: el señor Andrés M. López Obrador.

Por lo anterior, sin saber qué sentimiento nos invade más si la risa o el coraje, AMLO tiene incluso menos mérito que sus antecesores en el manejo de este tipo de crisis. Ser oposición mezquina y colgarse de las tragedias es algo que -desgraciadamente- es un hecho en la política mexicana, que nuestro presidente debería tener la madurez de asumir porque, después de todo, es algo que él hizo e hizo muy bien ¿Por qué quejarse ahora?

¿Por qué mejor no salir a brindar más solidaridad a las familias de las víctimas?

¿Por qué no pedir un cambio en la estrategia de seguridad -su estrategia de seguridad- como lo hacía antes?

¿Por qué no pedir una buena explicación a las policías del Estado Veracruz y del Municipio de Minatitlán -ambos gobernados por su partido MORENA- como debería hacer un presidente?

La respuesta es sencilla, porque es más fácil buscar culpables que soluciones, porque ahora el “changarro” es suyo y ya no puede “lucrar” sin “arriesgar” al menos ya no como el vendedor banquetero que invertía poco y ganaba mucho cuando era opositor. La verdadera tragedia -querido lector- es que el hábito de ser merolico jamás se le quitó.

*Fausto H. Canto García es columnista invitado de Wellington.MX

Por: Gerardo Garibay Camarena*

Las 9:40 de la noche. Palacio Nacional. En una oficina Andrés Manuel López Obrador y 2 de sus personas de confianza revisan los detalles de la conferencia mañanera del día siguiente. Afuera uno de los guardaespaldas espera con la mirada hacia el horizonte. A las 9:45, por los pasillos de Palacio se escuchan las llamadas de auxilio, mientras una marabunta de mensajes de WhatsApp recorre primero las oficinas y luego los chats de la prensa y la clase política, y las llamadas a los servicios de emergencia amenazan con entorpecer más que ayudar a las labores de auxilio. A las 9:55 un helicóptero ambulancia del ejército arriba a uno de los patios de Palacio, y se eleva nuevamente casi de inmediato, hacia el Hospital Central Militar. Mientras todavía está en el aire, lo impensable se vuelve confirmación: el Presidente de la República ha muerto.

Desde la misma noche del primero de julio la fantasía de que López Obrador se desvanezca del panorama político ha sido una conversación recurrente en muchos círculos de la oposición, especialmente entre aquellos que consideran que AMLO es el gran villano del México moderno, y que, de no ser por él, nuestro país avanzaría con mar calmo y viento a favor en las tibias aguas de la tecnocracia. Están muy equivocados.

No. Andrés Manuel no es la causa de la crisis política que vive el país. No, esa crisis no desaparecería si el presidente desaparece.

Obrador efectivamente está impulsando una serie de estrategias muy peligrosas para libertad política y económica, está centralizando cada vez más el poder en su persona y de tener éxito implementará en México un nuevo sistema de partido hegemónico, que tal vez permanezca incluso durante décadas, como lo hizo en su momento el PRI. A pesar de ello, no podemos dejar que el pánico nos impida entender una incómoda pero incontrovertible verdad: AMLO no es el problema, es el síntoma.

El indudable éxito electoral, que le ha permitido convertirse en el mandatario mexicano más poderoso de los últimos 40 años, se debe en parte a los aciertos de él y de su equipo, pero también es producto del desgaste de un sistema político de corte tecnócrata que logró grandes éxitos, pero fue absurdamente inepto para comunicarlos, porque, entre otras cosas, sus dirigentes (en el PAN, en el PRI, en las cámaras empresariales, en la academia y en los medios) no entendieron que hay vida más allá de sus hojas de Excel y sus títulos de economía, no involucraron a los ciudadanos en la modernización del país y no plantearon una visión de futuro con la que las personas se pudieran sentir involucradas.

Si a esto le añadimos la crónica falta de generosidad para superar diferencias de grupo (ejemplificada grotescamente con el pleito entre Meade y Anaya durante la campaña presidencial) o los obscenos niveles de corrupción de quienes convirtieron la impunidad en patente de burla, tenemos la receta del desastre, porque el pueblo perdona la incompetencia, y puede incluso entender la avaricia, pero lo que no tolera es la arrogancia.

Y, más allá de matices, a los ojos de la opinión pública, los tecnócratas lograron el tricampeonato: incompetentes, corruptos y arrogantes.

En un escenario así era solo cuestión de tiempo para que surgiera un vivo con la idea de aprovechar el resentimiento que estaba generando el consenso tecnocrático y canalizarlo hacia sus propios fines. Si no hubiera sido Obrador, habría sido alguien más, quizá incluso peor, lo que me lleva al siguiente punto:

Los problemas no desaparecerían junto con el presidente. Supongamos que Andrés Manuel se muere hoy en la noche. ¿Cómo amanecería el país al día siguiente? ¿Las personas despertarían de su hipnosis y proclamarían al primer sorbo de su café matutino que aman a Peña, que Anaya tiene carisma y que quieren un nuevo Pacto por México? Por supuesto que no.

Por el contrario, si Obrador se muere, incluso por causas evidentemente naturales, la desconfianza de las personas en el “sistema” y la “mafia del poder” derivaría en la certeza casi inmediata de un atentado, que en el peor de los casos resultaría en violencia a gran escala e incluso en el escenario más moderado tanto a la opinión pública como el propio Movimiento Regeneración Nacional tenderían a buscar opciones más radicales hacia la izquierda, para mantener la cohesión, en especial porque en momentos de incertidumbre el ímpetu de los fanáticos se vuelve decisivo ante la duda de los moderados.

Así que, en una situación como la que describí al inicio del artículo, bien podríamos dormirnos una noche con AMLO como presidente, para amanecernos con la noticia del nuevo presidente Noroña.

Peor tantito, ante un escenario de elecciones extraordinarias, nos encontraríamos políticamente indefensos, porque los partidos se han burocratizado hasta el punto de quedar inertes, porque los líderes de la “sociedad civil” lo son solo de su bolita de amigos en Polanco, porque las cámaras empresariales se han olvidado de lo que implica asumir un liderazgo más allá de sus temas, porque las voces de la oposición, social y partidizada, en términos generales simplemente no hablan el idioma del ciudadano normal, y mientras sus mensajes se sigan perdiendo en la traducción es punto menos que iluso soñar con ser competencia para la maquinaria corporativista que se construye desde ese mismo Palacio Nacional.

Por lo tanto, ¿Y si Obrador se muere esta noche? Estamos fritos.

Sí, hay que trabajar en contra de aquellas estrategias de Obrador que pongan en riesgo lo que hemos avanzado, pero esa es sólo la mitad de la lucha, porque la respuesta al dilema de nuestro tiempo no está en el huésped de Palacio, sino en la visión que construyamos de “nuestro México”.

Hablamos de una república moderna, libre y con estado de derecho, pero eso no enciende el ánimo, porque no se traduce en imágenes ni en sentimientos concretos.

Entonces ¿Cómo se ve nuestro México? ¿Por qué debería la gente tener esperanza en nuestro México? ¿Qué podemos proyectar que sea lo suficientemente poderoso como para que las personas resistan la tentación de los “apoyos sociales” y del cobijo autoritario que les ofrece Andrés Manuel? ¿Por qué habrían de afrontar las personas de a pie las dificultades inevitables en una lucha contra el nuevo partido de estado?

Tenemos que responder, y rápido, porque algo es seguro: Nadie está dispuesto a marchar -y menos a pelear o a morir a manos de la eventual represión oficialista- en defensa de los organismos autónomos, de las “reformas estructurales”, los consejeros del INE o de los sueldos del poder judicial.

Lo peor del caso es que, incluso a estas alturas, aquel diagnóstico de The Economist respecto al gobierno de Peña Nieto le sigue quedando justito a todo el consenso tecnocrático, ahora relegado a la oposición: No entienden que no entienden.

Mientras no entendamos, con o sin Obrador el país estará condenado.

¿Entenderemos?

*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.

Por: Gerardo Garibay Camarena*

Andrés Manuel López Obrador superó los primeros 100 días de su administración, y estos meses han permitido aclarar muchas de las dudas respecto a su estrategia de gobierno y sus planes para el país, que marcha al ritmo vertiginoso de las “conferencias mañaneras”, de las iniciativas del nuevo partido en el poder y del temor de una buena parte de la sociedad respecto a la posibilidad de que el obradorismo pueda repetir los vicios del estilo populista que ya experimentamos en México, especialmente durante los sexenios encabezados por Luis Echeverría y José López Portillo. Peor aún, el fantasma de un autoritarismo radical y catastrófico al estilo venezolano se mantiene en el ambiente, especialmente al recordar la declarada admiración que muchos de los líderes de MORENA -empezando por su presidenta, Yeidcol Polevensky- han mostrado hacia la “revolución bolivariana”.

Entonces ¿Qué es lo que está pasando?

Más que plantear un anecdotario de acciones y traspiés del gobierno, conviene entender las líneas transversales que orientan dichas decisiones.

En concreto, lo que estamos viendo es una concentración de poder en manos del presidente, respaldada en la incertidumbre como arma contra sus rivales e incluso sus propios aliados.

Multiplicar la fuerza gravitatoria

En términos generales toda la agenda del presidente López, desde las conferencias mañaneras y la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México hasta la decisión de eliminar los apoyos a estancias infantiles o incluso los refugios para mujeres víctimas de violencia, está orientada a un gran objetivo: Incrementar la fuerza gravitatoria de la oficina de la Presidencia de la República, concentrando en esta las facultades jurídicas y extralegales para el ejercicio del presupuesto y de la acción estatal.

Es decir, no se trata de un mero centralismo que pretenda concentrar las decisiones en la capital de la república, sino directamente en la figura presidencial, regresando en cierto modo a la llamada presidencia imperial del Siglo XX.

De forma similar a la concentración de masa, que en el ámbito de la física se traduce en fuerza de gravedad, que a su vez deforma el espacio-tiempo, en el territorio político la concentración del poder deforma el funcionamiento de la sociedad, multiplicando la atracción de los demás participantes hacia el origen de esa gravedad -en este caso, el señor Presidente- hasta el punto de alterar la estructura de las instituciones y los intercambios, ya sea por medio de reformas legislativas o de “leyes no escritas”.

Entre más “peso” político tiene la Presidencia, más deforma la vida institucional.

Lo peor del caso es que, para decirlo claro, la concentración de poder resulta en corrupción, porque incentiva a las personas a actuar fuera de la ley con tal de congraciarse con el mandatario y de recibir los beneficios que este le dispensa a quienes lo complacen.

¿Qué pasó con la antigua presidencia imperial?

Con las gravísimas crisis económicas que vivió México entre 1970 y 1995, la clase política y la sociedad civil organizada entendieron que era indispensable revertir la concentración de poder en la figura presidencial, porque se había convertido en un foco de corrupción y porque ese modelo dejaba al país en una situación muy vulnerable ante los caprichos, filias y fobias del gobernante en turno.

Por lo tanto, desde la década de los 90’s comenzó a impulsarse un profundo proceso de reformas, tanto a la constitución como a la legislación secundaria, para construir una serie de organismos autónomos e incluso ciudadanos en los cuales se repartió un importante porcentaje del margen de maniobra que solía monopolizar el Presidente de la República.

Así, por ejemplo, el Banco de México se volvió constitucionalmente autónomo desde 1994, y dos años después le siguió la plena ciudadanización de lo que actualmente es el Instituto Nacional Electoral. 3 años más tarde, en 1999 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adquirió su autonomía y en 2013 les tocó el turno a la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, seguidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, autónomo desde el 2014, entre muchos otros.

Esta fragmentación, acompañada del hecho de que, durante más de 20 años, entre 1997 y 2018, el partido en el poder no dispuso por sí mismo de una mayoría legislativa en las cámaras del Congreso de la Unión, llevó a que la figura presidencial sufriera una profunda disminución de su poder, e incluso trasmitiera una imagen de impotencia, particularmente clara en el caso de las reformas estructurales fallidas entre 1997 y 2012. Tras recuperar Los Pinos, el PRI aprovechó la inercia para consolidar el Pacto por México, pero no recuperó el brillo de la Presidencia, erosionado aún más por escándalos de corrupción y un pésimo manejo de crisis como la de Ayotzinapa.

Obrador, protagonista desde la oposición de ese desgaste de la oficina presidencial, se ha propuesto revertirlo, rompiendo las certezas institucionales encarnadas en los organismos autónomos y en la práctica de la administración pública.

La incertidumbre como estrategia de gobierno.

Uno de los principales instrumentos que el nuevo gobierno está utilizando para lograr esta concentración de masa política es el quiebre de las certezas institucionales, una estrategia que, con diversos matices, suelen compartir los gobiernos autoritarios.

¿Qué logra con esta incertidumbre?

En pocas palabras: que todos los actores del juego político se sientan inseguros respecto a sus posiciones actuales y por lo tanto acudan al Presidente, tanto para obtener la ratificación de sus espacios de poder como para adquirir más.

Ese fue el objetivo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: enviar el mensaje de que ni siquiera la obra de infraestructura más grande en la historia del país podía salvarse de la condena presidencial, ni siquiera estando a mitad de la construcción. Lo demás fueron pretextos. Obrador acusó supuestos actos de corrupción en el otorgamiento de los contratos del NAIM, pero luego negó que existieran elementos para procesar a alguien por dichas acusaciones, también puso en entredicho la vinculación de capital privado en una gran obra de infraestructura, y poco después anunció básicamente el mismo esquema para el Tren Maya.

¿Cómo esparce esta incertidumbre?

A través de golpes de mano, como el ya mencionado del aeropuerto, y también a través de la duda respecto a la continuidad de las reformas (por ejemplo, sus continuas críticas a la reforma energética) y a la permanencia de los organismos autónomos. Un claro ejemplo de ambos fenómenos es la hostilidad que el presidente y su partido han demostrado hacia la Comisión Reguladora de Energía.

Veamos.

Inmediatamente después de tomar protesta, los nuevos legisladores de Morena presionaron para que la Comisión Reguladora de Energía quedara a cargo de la Secretaría de Energía, pero luego cedieron y la reforma a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no contemplo dicha modificación. Sin embargo, cuando llegó el momento de proponer a los nuevos integrantes de este organismo, el gobierno obradorista dejó en claro su desprecio hacia la CRE, recurriendo a una serie de personas sin conocimientos básicos del tema energético, y cerrando el ciclo, el propio López Obrador acusó al Presidente de la Comisión de tener un conflicto de interés.

Es decir, existe una estrategia de debilitamiento que busca avanzar tanto en el terreno de la legislación como en el de la política. Proponen directamente anular la autonomía; si esto no funciona, optan por presentar ternas de personas cuya única cualificación es su lealtad al presidente, para manejar la Comisión a trasmano y, si esta se queja por ello, entonces el titular del ejecutivo aprovecha sus recursos mediáticos para amedrentar al opositor de sus planes. Podemos estar seguros de que los integrantes de todos los demás organismos autónomos estuvieron muy atentos a todo el drama, conscientes de que a ellos les puede pasar lo mismo.

Y en eso consiste la incertidumbre.

El presidente López no está anunciando por sí mismo drásticas reformas, o expropiaciones, o cacerías de brujas, pero deja que sus aliados del PT y sus legisladores de Morena presenten iniciativas que implicarían la destrucción de la autonomía de los organismos de derechos humanos, además de eliminar los Organismos Públicos Locales en materia electoral o entorpecer el trabajo de las calificadoras de inversión, entre muchos otros. Así las tiene disponibles como armas potenciales mientras se presenta como el hombre indispensable para contener y canalizar las pasiones reivindicadoras del pueblo. El mensaje tácito es indiscutible: O yo o el incendio.

Y lo mismo sucede respecto a que él no buscará juzgar a sus antecesores, pero los culpa constantemente de todos los males del país y anuncia que hará una consulta para que “el pueblo” decida si llevarlos a proceso o no, con la evidente intención de que la incertidumbre le permita mantener bajo control a estos personajes cuyo peso y experiencia los convierte en referencias obligadas de la oposición.

La incertidumbre como incentivo de la gratitud

Una función similar cumple la drástica reorientación o incluso eliminación de programas y apoyos que los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil ya daban como algo normal. Si Obrador hubiera mantenido la entrega de esos recursos, no le hubieran agradecido, porque de antemano tenían certeza de que los recibirían.

Por el contrario, al cambiar las reglas del juego, el nuevo gobierno obtiene una ventaja múltiple: consigue margen de maniobra para reorientar recursos hacia sus prioridades y obliga a estados y ONG’s a rogarle por los fondos que hasta el presupuesto 2018 eran considerados algo normal, de forma que el presidente pueda usarlos como fichas de negociación y muestras de su benevolencia.

El ejemplo de este fenómeno es la transformación del programa PROSPERA, que desde la década de los 90’s y bajo diversos nombres (Progresa, Oportunidades, etc.) había servido para que la federación canalizara a los estados cientos de millones de pesos en recursos para personal médico, pero que a partir del 2019 se convirtió en un mero padrón de becas, dejando a las entidades federativas con la necesidad de pedirle al presidente que se apiade de ellas y les envíe recursos que permitan pagar el salario de los médicos y enfermeras en campo.

Y, por supuesto, algo así pasa con las estancias infantiles y los refugios de mujeres violentadas, que han perdido sus tradicionales subsidios a cambio de un esquema de apoyos directos, de forma que los beneficiarios sepan que su gratitud debe dirigirse específicamente a la figura presidencial.

Es de resaltar que tan es prioritaria la estrategia de incrementar la fuerza de gravedad de la oficina del presidente que este incluso se ha mostrado dispuesto a desafiar a liderazgos sociales tradicionalmente muy vinculados a la izquierda del espectro político y concretamente a las redes de apoyo que lo llevaron a la presidencia, porque Obrador apuesta a que incluso si estos bastiones se enojan inicialmente con él, eventualmente le agradecerán cuando les ofrezca una solución intermedia, como sucedió con los refugios, evitando en el camino “perder autoridad”, en el sentido en que lo explicó él mismo en una conferencia de prensa.

Entonces, ¿qué esperar?

Debemos tener en cuenta que para el nuevo gobierno federal la incertidumbre no es un error o una suma de casos involuntarios, sino una táctica recurrente como parte de su estrategia para reforzar a la Presidencia de la República, debilitando en consecuencia los tradicionales contrapesos institucionales y sociales que se construyeron desde mediados de la década de los 90’s. 

Un socialista burdo, como por ejemplo Hugo Chávez cuando ya tenía el control absoluto de Venezuela, puede darse “el lujo” de caminar por las calles proclamando la expropiación de casas y comercios. Obrador está siendo mucho más sutil: amenaza y reconforta a inversionistas, políticos y ciudadanos. Nos recuerda cotidianamente que, si quisiera volverse un tirano, no podríamos impedírselo, pero que en vista de su magnanimidad no lo será, por ahora…

Entonces, ¿qué hacer?

Necesitamos construir y reforzar la fuerza de gravedad de centros de influencia independientes al presidente: empresas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, familias, etc.

Necesitamos aprender a navegar la incertidumbre que el gobierno federal ha convertido en su obra maestra, y para ello la mejor opción consiste en adaptar al análisis político una estrategia básica del futbol: al defender no hay que concentrarse en seguir los movimientos del atacante, sino los del balón.

Lo mismo en la cancha que en la política, la agilidad en los movimientos, la “gambeta” es una forma de desorientar a través de la incertidumbre, y los grandes defensas siempre tienen esto en mente; no se preocupan por los malabares del delantero, sino por el avance del balón, que en este caso son las reformas a la ley, los nombramientos y alianzas que va tejiendo el presidente.Ojos en lo prioritario, y que no nos distraiga la anécdota, porque de eso depende que podamos defender al país.

*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.

Por: Gerardo Garibay Camarena*

Andrés Manuel López Obrador superó los primeros 100 días de su administración, y estos meses han permitido aclarar muchas de las dudas respecto a su estrategia de gobierno y sus planes para el país, que marcha al ritmo vertiginoso de las “conferencias mañaneras”, de las iniciativas del nuevo partido en el poder y del temor de una buena parte de la sociedad respecto a la posibilidad de que el obradorismo pueda repetir los vicios del estilo populista que ya experimentamos en México, especialmente durante los sexenios encabezados por Luis Echeverría y José López Portillo. Peor aún, el fantasma de un autoritarismo radical y catastrófico al estilo venezolano se mantiene en el ambiente, especialmente al recordar la declarada admiración que muchos de los líderes de MORENA -empezando por su presidenta, Yeidcol Polevensky- han mostrado hacia la “revolución bolivariana”.

Entonces ¿Qué es lo que está pasando?

Más que plantear un anecdotario de acciones y traspiés del gobierno, conviene entender las líneas transversales que orientan dichas decisiones.

En concreto, lo que estamos viendo es una concentración de poder en manos del presidente, respaldada en la incertidumbre como arma contra sus rivales e incluso sus propios aliados.

Multiplicar la fuerza gravitatoria

En términos generales toda la agenda del presidente López, desde las conferencias mañaneras y la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México hasta la decisión de eliminar los apoyos a estancias infantiles o incluso los refugios para mujeres víctimas de violencia, está orientada a un gran objetivo: Incrementar la fuerza gravitatoria de la oficina de la Presidencia de la República, concentrando en esta las facultades jurídicas y extralegales para el ejercicio del presupuesto y de la acción estatal.

Es decir, no se trata de un mero centralismo que pretenda concentrar las decisiones en la capital de la república, sino directamente en la figura presidencial, regresando en cierto modo a la llamada presidencia imperial del Siglo XX.

De forma similar a la concentración de masa, que en el ámbito de la física se traduce en fuerza de gravedad, que a su vez deforma el espacio-tiempo, en el territorio político la concentración del poder deforma el funcionamiento de la sociedad, multiplicando la atracción de los demás participantes hacia el origen de esa gravedad -en este caso, el señor Presidente- hasta el punto de alterar la estructura de las instituciones y los intercambios, ya sea por medio de reformas legislativas o de “leyes no escritas”.

Entre más “peso” político tiene la Presidencia, más deforma la vida institucional.

Lo peor del caso es que, para decirlo claro, la concentración de poder resulta en corrupción, porque incentiva a las personas a actuar fuera de la ley con tal de congraciarse con el mandatario y de recibir los beneficios que este le dispensa a quienes lo complacen.

¿Qué pasó con la antigua presidencia imperial?

Con las gravísimas crisis económicas que vivió México entre 1970 y 1995, la clase política y la sociedad civil organizada entendieron que era indispensable revertir la concentración de poder en la figura presidencial, porque se había convertido en un foco de corrupción y porque ese modelo dejaba al país en una situación muy vulnerable ante los caprichos, filias y fobias del gobernante en turno.

Por lo tanto, desde la década de los 90’s comenzó a impulsarse un profundo proceso de reformas, tanto a la constitución como a la legislación secundaria, para construir una serie de organismos autónomos e incluso ciudadanos en los cuales se repartió un importante porcentaje del margen de maniobra que solía monopolizar el Presidente de la República.

Así, por ejemplo, el Banco de México se volvió constitucionalmente autónomo desde 1994, y dos años después le siguió la plena ciudadanización de lo que actualmente es el Instituto Nacional Electoral. 3 años más tarde, en 1999 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adquirió su autonomía y en 2013 les tocó el turno a la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, seguidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, autónomo desde el 2014, entre muchos otros.

Esta fragmentación, acompañada del hecho de que, durante más de 20 años, entre 1997 y 2018, el partido en el poder no dispuso por sí mismo de una mayoría legislativa en las cámaras del Congreso de la Unión, llevó a que la figura presidencial sufriera una profunda disminución de su poder, e incluso trasmitiera una imagen de impotencia, particularmente clara en el caso de las reformas estructurales fallidas entre 1997 y 2012. Tras recuperar Los Pinos, el PRI aprovechó la inercia para consolidar el Pacto por México, pero no recuperó el brillo de la Presidencia, erosionado aún más por escándalos de corrupción y un pésimo manejo de crisis como la de Ayotzinapa.

Obrador, protagonista desde la oposición de ese desgaste de la oficina presidencial, se ha propuesto revertirlo, rompiendo las certezas institucionales encarnadas en los organismos autónomos y en la práctica de la administración pública.

La incertidumbre como estrategia de gobierno.

Uno de los principales instrumentos que el nuevo gobierno está utilizando para lograr esta concentración de masa política es el quiebre de las certezas institucionales, una estrategia que, con diversos matices, suelen compartir los gobiernos autoritarios.

¿Qué logra con esta incertidumbre?

En pocas palabras: que todos los actores del juego político se sientan inseguros respecto a sus posiciones actuales y por lo tanto acudan al Presidente, tanto para obtener la ratificación de sus espacios de poder como para adquirir más.

Ese fue el objetivo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: enviar el mensaje de que ni siquiera la obra de infraestructura más grande en la historia del país podía salvarse de la condena presidencial, ni siquiera estando a mitad de la construcción. Lo demás fueron pretextos. Obrador acusó supuestos actos de corrupción en el otorgamiento de los contratos del NAIM, pero luego negó que existieran elementos para procesar a alguien por dichas acusaciones, también puso en entredicho la vinculación de capital privado en una gran obra de infraestructura, y poco después anunció básicamente el mismo esquema para el Tren Maya.

¿Cómo esparce esta incertidumbre?

A través de golpes de mano, como el ya mencionado del aeropuerto, y también a través de la duda respecto a la continuidad de las reformas (por ejemplo, sus continuas críticas a la reforma energética) y a la permanencia de los organismos autónomos. Un claro ejemplo de ambos fenómenos es la hostilidad que el presidente y su partido han demostrado hacia la Comisión Reguladora de Energía.

Veamos.

Inmediatamente después de tomar protesta, los nuevos legisladores de Morena presionaron para que la Comisión Reguladora de Energía quedara a cargo de la Secretaría de Energía, pero luego cedieron y la reforma a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no contemplo dicha modificación. Sin embargo, cuando llegó el momento de proponer a los nuevos integrantes de este organismo, el gobierno obradorista dejó en claro su desprecio hacia la CRE, recurriendo a una serie de personas sin conocimientos básicos del tema energético, y cerrando el ciclo, el propio López Obrador acusó al Presidente de la Comisión de tener un conflicto de interés.

Es decir, existe una estrategia de debilitamiento que busca avanzar tanto en el terreno de la legislación como en el de la política. Proponen directamente anular la autonomía; si esto no funciona, optan por presentar ternas de personas cuya única cualificación es su lealtad al presidente, para manejar la Comisión a trasmano y, si esta se queja por ello, entonces el titular del ejecutivo aprovecha sus recursos mediáticos para amedrentar al opositor de sus planes. Podemos estar seguros de que los integrantes de todos los demás organismos autónomos estuvieron muy atentos a todo el drama, conscientes de que a ellos les puede pasar lo mismo.

Y en eso consiste la incertidumbre.

El presidente López no está anunciando por sí mismo drásticas reformas, o expropiaciones, o cacerías de brujas, pero deja que sus aliados del PT y sus legisladores de Morena presenten iniciativas que implicarían la destrucción de la autonomía de los organismos de derechos humanos, además de eliminar los Organismos Públicos Locales en materia electoral o entorpecer el trabajo de las calificadoras de inversión, entre muchos otros. Así las tiene disponibles como armas potenciales mientras se presenta como el hombre indispensable para contener y canalizar las pasiones reivindicadoras del pueblo. El mensaje tácito es indiscutible: O yo o el incendio.

Y lo mismo sucede respecto a que él no buscará juzgar a sus antecesores, pero los culpa constantemente de todos los males del país y anuncia que hará una consulta para que “el pueblo” decida si llevarlos a proceso o no, con la evidente intención de que la incertidumbre le permita mantener bajo control a estos personajes cuyo peso y experiencia los convierte en referencias obligadas de la oposición.

La incertidumbre como incentivo de la gratitud

Una función similar cumple la drástica reorientación o incluso eliminación de programas y apoyos que los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil ya daban como algo normal. Si Obrador hubiera mantenido la entrega de esos recursos, no le hubieran agradecido, porque de antemano tenían certeza de que los recibirían.

Por el contrario, al cambiar las reglas del juego, el nuevo gobierno obtiene una ventaja múltiple: consigue margen de maniobra para reorientar recursos hacia sus prioridades y obliga a estados y ONG’s a rogarle por los fondos que hasta el presupuesto 2018 eran considerados algo normal, de forma que el presidente pueda usarlos como fichas de negociación y muestras de su benevolencia.

El ejemplo de este fenómeno es la transformación del programa PROSPERA, que desde la década de los 90’s y bajo diversos nombres (Progresa, Oportunidades, etc.) había servido para que la federación canalizara a los estados cientos de millones de pesos en recursos para personal médico, pero que a partir del 2019 se convirtió en un mero padrón de becas, dejando a las entidades federativas con la necesidad de pedirle al presidente que se apiade de ellas y les envíe recursos que permitan pagar el salario de los médicos y enfermeras en campo.

Y, por supuesto, algo así pasa con las estancias infantiles y los refugios de mujeres violentadas, que han perdido sus tradicionales subsidios a cambio de un esquema de apoyos directos, de forma que los beneficiarios sepan que su gratitud debe dirigirse específicamente a la figura presidencial.

Es de resaltar que tan es prioritaria la estrategia de incrementar la fuerza de gravedad de la oficina del presidente que este incluso se ha mostrado dispuesto a desafiar a liderazgos sociales tradicionalmente muy vinculados a la izquierda del espectro político y concretamente a las redes de apoyo que lo llevaron a la presidencia, porque Obrador apuesta a que incluso si estos bastiones se enojan inicialmente con él, eventualmente le agradecerán cuando les ofrezca una solución intermedia, como sucedió con los refugios, evitando en el camino “perder autoridad”, en el sentido en que lo explicó él mismo en una conferencia de prensa.

Entonces, ¿qué esperar?

Debemos tener en cuenta que para el nuevo gobierno federal la incertidumbre no es un error o una suma de casos involuntarios, sino una táctica recurrente como parte de su estrategia para reforzar a la Presidencia de la República, debilitando en consecuencia los tradicionales contrapesos institucionales y sociales que se construyeron desde mediados de la década de los 90’s. 

Un socialista burdo, como por ejemplo Hugo Chávez cuando ya tenía el control absoluto de Venezuela, puede darse “el lujo” de caminar por las calles proclamando la expropiación de casas y comercios. Obrador está siendo mucho más sutil: amenaza y reconforta a inversionistas, políticos y ciudadanos. Nos recuerda cotidianamente que, si quisiera volverse un tirano, no podríamos impedírselo, pero que en vista de su magnanimidad no lo será, por ahora…

Entonces, ¿qué hacer?

Necesitamos construir y reforzar la fuerza de gravedad de centros de influencia independientes al presidente: empresas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, familias, etc.

Necesitamos aprender a navegar la incertidumbre que el gobierno federal ha convertido en su obra maestra, y para ello la mejor opción consiste en adaptar al análisis político una estrategia básica del futbol: al defender no hay que concentrarse en seguir los movimientos del atacante, sino los del balón.

Lo mismo en la cancha que en la política, la agilidad en los movimientos, la “gambeta” es una forma de desorientar a través de la incertidumbre, y los grandes defensas siempre tienen esto en mente; no se preocupan por los malabares del delantero, sino por el avance del balón, que en este caso son las reformas a la ley, los nombramientos y alianzas que va tejiendo el presidente.Ojos en lo prioritario, y que no nos distraiga la anécdota, porque de eso depende que podamos defender al país.

*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.

Por: Gerardo Garibay Camarena*

[dropcap type=”default”]E[/dropcap]s el 1 de julio a las 11:00 de la noche. En las pantallas de la televisión nacional aparece el rostro tenso y demacrado de Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, listo para anunciar los resultados de las elecciones tras una hora de espera y de especulación desatada en las redes sociales y en la prensa. Se acomoda la corbata, mira fijamente a la cámara y anuncia:



Los resultados del conteo rápido ordenado por el Instituto Nacional Electoral nos permiten en estos momentos anunciar una tendencia que consideramos irreversible respecto a sus resultados de la elección presidencial 2018: Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos Haremos Historia” registra el 43% de los votos; Ricardo Anaya, de la coalición “Por México al Frente” ocupa el segundo lugar con un 36%; José Antonio Meade, de la coalición  “Todos por México”, aparece en tercer sitio con 14%, los candidatos independientes Jaime Rodríguez y Margarita Zavala suman en 4% en conjunto, y un 3% corresponde a votos nulos.

A lo largo del país, los gritos de júbilo se entremezclan con los suspiros de temor y los de la resignación.

De inmediato las redes obradoristas celebran la contundencia de su victoria, mientras que en los grupos de Facebook y WhatsApp de los simpatizantes de Anaya y Meade se intercambien tanto visiones apocalípticas como análisis que pretenden ser más centrados y llaman a la calma diciendo que lo importante no es sólo la elección presidencial, sino la composición del congreso. “Hay que esperar, seguramente Obrador no va a tener mayoría en las cámaras y entre la autonomía de Banxico y un congreso opositor, vamos a parar sus locuras.

Sin embargo, conforme avanzan los conteos distritales incluso esa esperanza se vuelve amarga en la boca. Los partidos de AMLO suman 257 diputados federales y 61 senadores. Aún entonces, la menguante esperanza se centra en que le faltan cuatro senadores para llegar a los 65 que implican mayoría en el Senado. “No tiene carro completo.”

Una vez más, rápidamente la ilusión defrauda. Conforme avanzan las negociaciones del presupuesto 2019 queda claro que Andrés Manuel cuenta no sólo con los 257 diputados y 61 senadores de su coalición, sino con varias decenas de otros legisladores que de manera formal o subrepticia han aceptado apoyar la agenda obradorista a cambio de recursos para obras en sus distritos y prebendas políticas que los ayuden a reelegirse. Antes de final de año la duda ya no es sobre si “El Peje” tiene mayoría en el congreso, sino sobre si alcanzará el apoyo de dos terceras partes de los legisladores.

Desde el primer minuto del 2019 quedan claros los nefastos efectos del centralismo presupuestal que empezó Peña Nieto y ahora fortalece Obrador. A los gobernadores de oposición se les niega siquiera un peso de recursos federales, amenazando con el colapso de las finanzas en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Querétaro, entre otros estados.

A los gobernadores se les cita en la Secretaría de gobernación y se les plantea directamente una decisión: Quedarse sin ningún recurso federal o integrarse a la agenda de López Obrador, ya sea cambiándose de manera directa a Morena o manteniéndose simbólicamente en sus partidos de origen, pero cediendo todas las capacidades de operación del gobierno del Estado a las nuevas estructuras de Movimiento Regeneración Nacional en sus respectivas entidades.

Los gobernadores Corral, de Chihuahua y Alfaro, de Jalisco, aceptan con mal disimulada alegría subirse al barco de Morena, mientras que Sinhué, de Guanajuato y Pancho Domínguez, de Querétaro, recurren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exigir los recursos presupuestales que por ley les corresponden a sus estados. Sin embargo, la Corte, sometida a cada vez más presiones políticas, movilizaciones violentas afuera de sus tribunales y a las insinuaciones por parte de Obrador en el sentido de que es necesario “renovar al poder judicial”, opta por no entrar al fondo del asunto y desecha sus amparos con base en algún tecnicismo irrisorio.

Sólo el gobierno de Nuevo León logra mantener una cierta independencia financiera, pero está se mantiene sólo unos cuantos meses, pues el Congreso de la Unión, controlado por Morena, aprueba una serie de reformas que limitan prácticamente por completo la capacidad recaudadora de los estados, dejándolos completamente en manos de la buena o mala voluntad del gobierno federal.

Mientras tanto, utilizando abiertamente el presupuesto para desarrollar su capacidad de movilización corporativa, el gobierno de Andrés Manuel suplanta o al menos limita a las élites políticas locales y prepara el camino para una victoria absoluta de sus huestes en las elecciones intermedias de 2021, que confirman el triunfo del nuevo oficialismo obradorista en 240 de los 300 distritos, dándole un total 270 de 400 curules en la Cámara de Diputados (pues previamente eliminaron 100 plurinominales, pretextando austeridad).

Mientras tanto, la impresión desatada de dinero público impulsa artificialmente la economía y genera enormes fortunas para los “empresarios” cercanos al régimen, pero el fantasma de la inflación no tarda en aparecer y con las primeras señales de crisis económica se recrudece la virulencia del discurso oficialista, echándole fuego a la gasolina de los rencores que entre 2018 y 2021 ya se habían traducido en disturbios y actos de violencia aislados, pero que al acercarse las elecciones generales de 2024 alcanzan niveles nunca antes vistos, provocando un círculo vicioso de agresiones, incertidumbre, desempleo, pobreza, marginación y resentimiento.

Eventualmente, tras la reelección de Andrés Manuel, las condenas a los “traidores a la patria” saltan de las planas de la prensa oficialista a las hojas de los expedientes penales y los siniestros pasos de los pelotones de fusilamiento vuelven a escucharse en los pasillos de las cárceles mexicanas. Primero despliegan su plomo contra los líderes de la resistencia empresarial que no lograron salir del país, y luego voltean hacia los demás.

Aquellos “fifís”, “intelectuales” y políticos “progresistas” o “liberales” a quienes, en su momento, antes de las elecciones del 2018, les tembló la mano para denunciar el peligro, ahora les tiembla el resto del cuerpo frente a las bocas de los fusiles. Uno de ellos suplica misericordia del subsecretario, diciéndole: “Pero yo en 2018 descalifiqué a quienes lo criticaban, señor Taibo, diciéndoles que no estaban a la altura de la obra que usted ha escrito”. Pero el ahora coronel Francisco Ignacio está más interesado en las purgas políticas que en las críticas literarias, y da la orden de abrir fuego.

Mientras esto ocurre en las sombras, la prensa proclama a una voz los triunfos de la “Revolución de la Esperanza” y la “República del amor”, que también se explaya en sendos carteles y pintas a lo largo de las calles, en las que cientos de personas hacen fila ante la “Tienda Solidaria de Abasto Popular” para hacer válidas sus tarjetas de racionamiento, por supuesto, por culpa de la guerra económica norteamericana.



¿Y dónde están los Estados Unidos? Se pregunta la gente mientras pasa una y otra hora en la fila. La respuesta es muy sencilla: del otro lado de su muro. En 2020, como parte de su campaña de reelección, el expresidente Trump terminó la construcción del muro fronterizo y llegó a un acuerdo extraoficial con el gobierno mexicano: Washington dejaría que Obrador hiciera lo que quisiera en México, a cambio de que este cuidara el muro del lado mexicano y contuviera la migración proveniente de Centroamérica. Ese mismo acuerdo permaneció en vigor después del triunfo en 2024 del demócrata Joe Kennedy III, disfrazado ahora de “respeto por la soberanía mexicana”.

¿Y la opinión pública internacional? Demasiado ocupada con el colapso europeo y la guerra en medio oriente como para brindarle mucha atención a los mexicanos atrapados en su folclor y su violencia cotidiana.

Y mientras tanto en México, el eco de los fusilamientos rompe el silencio de la desesperanza con gritos de agonía, seguidos de un nuevo silencio, el de la resignación. Después de todo, mañana habrá que hacer fila temprano por la nueva tarjeta de racionamiento, y los que llegan primero siempre alcanzan un poco más de frijol, el arroz hace 6 meses que ya desapareció.

Igual que la carne, igual que el color.

Por supuesto, probablemente esta historia resulte más que exagerada, quizá el AMLOcalipsis no sea tan terrible, pero el riesgo existe y a esas alturas el negarlo ya no es simplemente cosa de necios, sino de suicidas. Basta ver los ríos de odio y de amenazas contra de quienes no son obradoristas, y como respuesta la vergonzosa sumisión de Televisa y Milenio al sacrificar a Ricardo Alemán.

Basta, peor tantito, con ver los insultos hacia Eugenio Derbez, por el aparentemente imperdonable pecado de opinar que: “No estoy seguro de que AMLO sea la mejor opción.” El actor ni siquiera afirmó oponerse a Andrés Manuel, simplemente expresó dudas, y cuando las dudas son tratadas como herejías, es señal de que los fanáticos llevan la voz cantante, y si no entendemos nos harán bailar a su ritmo.

Conste.

*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.

Por: Gerardo Enrique Garibay Camarena*

[dropcap type=”default”]J[/dropcap]osé Antonio Meade es probablemente el mejor candidato presidencial que haya lanzado el PRI en su historia: con impecables credenciales académicas, una trayectoria muy destacada en el servicio público y sin estar marcada por la militancia partidista, un perfil alejado de escándalos de corrupción y una capacidad administrativa que le reconocen propios y extraños, al grado de que hasta el propio Ricardo Anaya en su momento lo calificó como “un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos” y de una “extraordinaria calidad humana”. De todos modos va a perder.



El hecho es que, por razones que no cabe discutir aquí, la marca PRI se ha convertido a nivel nacional en un lastre tan pesado que simplemente esta fuera de la competencia, y ni siquiera Pepe Meade ha podido sobreponerse al inmenso arrastre hacia el abismo de esas infernales anclas de los 22 gobernadores priístas acusados de corrupción durante los últimos seis años, varios de los cuales están ahora en la cárcel por malversaciones que podrían superar los $258 mil millones de pesos.

Tampoco se ha podido quitar la losa de la condena en la opinión pública por escándalos como el de “la Casa Blanca” o “la estafa maestra”, que involucran directamente a la actual administración federal y que se suman a las secuelas del caso Ayotzinapa, a la fuga del Chapo y a los “gasolinazos”, todos ellos preservados frescos en la memoria de los votantes a través de la caja de resonancia de las redes sociales, consolidando una nefasta imagen del gobierno federal, cuya dolorosa incompetencia en términos de comunicación ha exacerbado el problema.

A Meade el lastre de la marca PRI le está pesando demasiado.

A principios de diciembre y a pesar de todo lo anterior, tras una operación de destape impecablemente ejecutada, parecía que Meade tenía el impulso para posicionarse como la opción competitiva ante Andrés Manuel López Obrador y que incluso podría absorber a buena parte de los simpatizantes panistas a través del fenómeno del voto útil. Sin embargo, a dos meses de distancia de su registro como precandidato, la tendencia de los sondeos de opinión es cada vez más clara: aunque tuvo un ligero aumento en sus niveles de apoyo inmediatamente después de su lanzamiento oficial, conforme avanzan las semanas y ante los ojos de la sociedad Meade se identifica más con el PRI, el peso de los “pecados de la marca” se acumula sobre el candidato, y lo está hundiendo.

Veamos los números.

  • A principios de semana El Financiero publicó su más reciente encuesta: Obrador aparece con 38% de los apoyos, Anaya tiene un 27% y Meade está claramente en el tercer lugar con un 22%.
  • Un día después Reuters y Parametría dieron a conocer otro sondeo: Una vez más Obrador muestra una ventaja de dos dígitos, con 34% de los apoyos, contra 23% de Anaya y sólo 18% de Meade.
  • Cifras que también se asemejan a las publicadas un par de semanas por El Universal: 32% AMLO, 36% Anaya y 16% Meade.

Lo verdaderamente grave de este escenario para José Antonio Meade no es estar en tercer lugar, sino que, tomando como referencia la encuesta de El Financiero, su porcentaje de apoyos (22%) es notoriamente menor al del PRI como partido en cuanto a la intención de voto para senadores (25%, y 30% cuando sumamos al PVEM y Nueva Alianza). Es decir, que casi 1 de cada 3 priístas/aliancistas de “voto duro” le está negando el respaldo.



Este fenómeno era de esperarse, después de todo el candidato nunca ha militado en el PRI y su perfil dista mucho de ser el de un tricolor promedio. Sin embargo, originalmente el plan era que esos rechazos dentro del voto priísta se compensarían con la suma de voluntades de ciudadanos independientes o de otros partidos, y se suponía que para ello lo único necesario era que las personas conocieran a Pepe Meade y se dieran cuenta de sus fortalezas. Pero eso no pasó.

¿Cómo lo sabemos?

Porque, gracias a la multitud de anuncios de su precampaña, los porcentajes de reconocimiento de Meade se triplicaron en el lapso de un par de meses, pero sus porcentajes apoyo en lugar de aumentar, disminuyeron. Para mediados de noviembre, entre un 28% y un 40% de las personas lo identificaban, ahora ya lo ubican entre el 70% y el 85% de los electores potenciales, pero en la intención de voto bajó de aproximadamente un 20% a un 18%.

  • Es decir, prácticamente nadie que se haya enterado de la existencia de Pepe Meade a través de la precampaña se convenció de votar por él.

Por el contrario, generó una mala percepción. Tanto los sondeos de El Universal como de El Financiero coinciden en que la imagen del candidato priísta es notoriamente más negativa que la de AMLO e incluso que la de Ricardo Anaya.

  • Es decir, tras iniciar su campaña Meade heredó los monumentales niveles de rechazo ciudadano al PRI como partido y a la administración Peña Nieto como gobierno. Puesto en números, casi un 60% de la gente afirma que nunca votaría por el PRI y más de un 70% rechaza la labor de Enrique Peña.

Con la suma de todos estos elementos la única conclusión posible es que, a pesar de todas sus innegables cualidades personales, Meade no es la opción para evitar que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia de la República el próximo 1 de julio.

El único que le puede competir realmente a AMLO es Ricardo Anaya.

Es más, incluso para Anaya el camino es cuesta arriba. Está entre 6 y 10 puntos por detrás de AMLO, y encabeza un Frente cuyo funcionamiento en el fragor de la batalla electoral sigue siendo un misterio. La buena noticia es que los niveles de rechazo a Acción Nacional son mucho menores que los del PRI y que el candidato de la coalición Por México al Frente está subiendo de forma ligera, pero generalizada, en los sondeos. Si aquellos simpatizantes de Meade, Zavala y el Bronco que repudian el proyecto de Andrés Manuel deciden a tiempo, Anaya podrá alcanzar a Obrador y definir la elección en una lucha de dos, en lugar de que el candidato de Morena se vaya solo.

  • Es decir, a partir de los datos actuales, la única esperanza realista para evitar que el viejo PRI de López Obrador regrese al gobierno federal es que el voto anti-AMLO se sume a la campaña de Ricardo Anaya. Meade no es opción.

*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.

Por: Gerardo Enrique Garibay Camarena*

[dropcap type=”default”]O[/dropcap]brador va a ganar. Me lo han dicho con variables niveles de angustia por lo menos unos 20 amigos en las últimas dos semanas, y esa conclusión es comprensible. Cuando observamos las encuestas, los movimientos en redes sociales y la consolidación de Morena incluso en estados donde en 2015 no tuvo mayor presencia es inevitable llegar a la conclusión de que Andrés Manuel López Obrador ganará las elecciones de julio próximo. Yo mismo, desde hace un año (Quién le teme al peje feroz) reconocí que AMLO es el precandidato con mayores posibilidades de llegar a la presidencia en el 2018, y a lo largo de los últimos 12 meses han ocurrido pocas cosas que pudieran cambiar esa percepción.



Sin embargo, la posición de Andrés Manuel es mucho menos sólida de lo que parece y de lo que nos podrían hacer pensar las encuestas y las redes sociales. Es cierto que él es -y por mucho- el candidato con más puntos fuertes en esta contienda, pero también es el que tiene más puntos débiles encarnados incluso dentro de sus mismas fortalezas, entre las que destacan:

  • López Obrador tiene a los seguidores más convencidos y más activos en redes sociales, algo que resulta evidente para cualquier persona que participe en una discusión de política en las áridas regiones de Facebook y Twitter. Ciertamente también hay fans de Anaya y de Meade, pero la abrumadora mayoría están con AMLO.

Sin embargo, el contar con los seguidores más decididos y entusiastas no es garantía de triunfo. Para mayor referencia esta la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en 1994: el entonces candidato perredista arrasó en la lucha por la plaza pública, llevando sus mítines a millones de entusiastas seguidores… Y aun así terminó en tercer lugar. ¿Por qué? Como lo explicó en su momento y de forma brillante el ya fallecido Adolfo Aguilar Zínser, existía una diferencia entre el poder de convocatoria selectivo y la lejanía respecto a amplios sectores de la población. Esa diferencia sigue existiendo; la izquierda de AMLO, como en su momento la de Cárdenas, logra movilizar a muchos activistas, pero ese mismo radicalismo aleja a muchísimos ciudadanos normales, lo cual nos lleva al siguiente punto.

  • López Obrador está sumando a su proyecto una alianza de empresarios y líderes políticos que amplían su alcance mucho más allá de lo que tenía en 2006 y 2012, cuando estuvo a punto de ganar la presidencia, lo que a primera vista significaría que ahora está incluso mejor posicionado que en sus dos intentos anteriores.

Sin embargo, el lastre de cada uno de los políticos y empresarios que se suman a Morena acaba convirtiéndose en una losa para el candidato. Al mismo tiempo en que estas alianzas amplían su alcance de simpatizantes y lo hacen verse menos amenazador para las clases medias y los empresarios, lo vuelven más vulnerable a la crítica y debilitan su denuncia respecto a la “mafia del poder”, pues aquellos que antes fueron condenados por AMLO ahora tienen su perdón y su bendición para ser hasta candidatos. Para acabar pronto, la presencia en su equipo de gente como la impresentable Gabriela Cuevas (que durante décadas fue símbolo de ese enjambre de víboras que es el PAN-DF), Lino Korrodi (el tenebroso financiero detrás de Amigos de Fox), el dinosaurio Manuel Bartlett y la parentela de Elba Esther Gordillo amenaza con restarle en credibilidad mucho más de lo que podría sumarle en ilusiones de voto.

  • López Obrador ha logrado deshacerse en parte de su imagen de radical y está consiguiendo el apoyo, o al menos la neutralidad de sectores más amplios de las clases media y alta. Esto es evidente en las propias redes sociales, en las conversaciones familiares y en las oficinas. Muchas personas que en el 2006 estaban radicalmente opuestas a AMLO ahora parecen dispuestas a apoyarlo, o al menos a tolerarlo, porque se han desencantado de los demás partidos.

Sin embargo, el fantasma de la tiranía en Venezuela lo sigue persiguiendo, y no va a poder liberarse de él. La semejanza entre obrador y Chávez y entre morena y la “revolución bolivariana” no es sólo una acusación de mala fé o una campaña negra, sino un motivo de orgullo y un anhelo que han expresado abiertamente los dirigentes partidistas más cercanos a Andrés Manuel, incluyendo a Yeidckol Polevnsky (Presidenta de Morena) y Héctor Díaz Polanco (presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena) cuya fidelidad al chavismo está grabada hasta en video. Este punto débil de AMLO se agravó aún más después de que Nicolás Maduro anunció que las elecciones presidenciales de aquel país se adelantarán de diciembre a abril, lo que colocará el inevitable conflicto postelectoral venezolano en el centro de la atención política justo cuando las campañas mexicanas entran en su fase culminante.

El fantasma de la tiranía en Venezuela lo sigue persiguiendo, y no va a poder liberarse de él.

  • López Obrador es el más conocido de los candidatos. La ventaja de Andrés Manuel no se limita al reconocimiento de nombre, sino que se extiende también al conocimiento de los ciudadanos en cuanto a su trayectoria y perfil. Fuera del círculo rojo tanto Anaya como Meade son perfectos desconocidos, que apenas y a base de una avalancha de spots han logrado que la gente empiece a relacionar su cara con su nombre.

Sin embargo, en realidad esto no es una ventaja, sino una desventaja para AMLO. ¿Por qué? Porque al ser tan conocido es mucho más difícil que convenza a nuevos simpatizantes. El hecho es que Andrés Manuel lleva 18 años en campaña permanente, y le han alcanzado para sumar un 35% del electorado. Tiene la ventaja de que es prácticamente imposible que sus votantes lo abandonen, pero es igualmente improbable que quienes incluso ahora no lo apoyan decidan hacerlo en los próximos meses. Por el contrario, al ser desconocidos, tanto Meade como especialmente Ricardo Anaya tienen la oportunidad, a base de una buena campaña, de moldear a su favor la opinión del público con mucha mayor facilidad que Obrador, y eso en una contienda cerrada puede hacer la diferencia.



Es cierto, AMLO lleva una clara ventaja en las encuestas, sus seguidores son los más entusiastas, está logrando hacer avances en sectores que le parecían negados y es el más conocido de los candidatos, pero también es claro que seguidores entusiastas no equivalen a urnas repletas, que sus alianzas con la “mafia en el poder” le restan credibilidad, que el fantasma venezolano lo acompañará durante la campaña y que de aquí a las elecciones le será mucho más difícil ganar conversos. Su margen de maniobra para crecer es más limitado y su margen de desplome es mayor que el de sus rivales.

¿Obrador va a ganar? Mis amigos los pesimistas siguen pensando que sí, y aunque yo no descarto el escenario tampoco lo veo como un resultado inevitable. Si Meade y/o Anaya hacen bien las cosas, a Obrador otra vez se le va a caer la esperanza con la última campanada de las 12.

*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.