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Por Efrén Zúñiga*

Al diablo con la sensatez. En economía, los incentivos dirigen a los agentes económicos a tomar una u otra decisión. En Pemex ya se dan a notar. Ante los reveses sufridos por las calificadoras; la salida de capitales, así como el encarecimiento del crédito son dos males irremediables. Como cualquier mercado de crédito, ante mayor riesgo, mayor será el costo del crédito; esto ante la tentación de refinanciarse, lo cual será casi un hecho. Añada que dado el precio actual del crudo (el cual no mejorará en demasía durante un buen tiempo), la empresa será más ineficiente. Los Estados Unidos, nuestro principal cliente, enfrenta una sobre oferta del hidrocarburo. Por si fuera poco, falta conocer a cuánto han ascendido las pérdidas de la paraestatal. Aquí solo queda (o debería) haber espacio para la sensatez, pero sobre todo para la prudencia; esto es, detener la producción y parar la obra de Dos Bocas. El Presidente Andrés Manuel no reculará, se morirá con la suya, llevándose entre las patas a millones de mexicanos.

Que nos agarren confesados. Si por algo han sido merecedores de desprestigio, mis colegas economistas, es por la gran cantidad de predicciones erráticas. Sobresalen, sobre todo, en situaciones tan dramáticas como lo fue en la crisis financiera del 2008. No obstante, no hay mejor forma de intuir lo venidero que siguiendo sus expectativas. Lo que auguran para México puede, por lo menos, dejarnos sin aliento: Standard & Poor’s pronostica una caída del -6.7%, en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas -6.7%, Banorte -7.8%, JP Morgan -7.5%, Scotiabank -8.4%, entre otros. Pero esto no es lo peor, me llama la atención los casos de Citibanamex y BBVA, quienes en sus estimaciones contemplan dos escenarios, uno pesimista y otro optimista, esto en el sentido de las medidas que pueda o no tomar la actual administración.  Dichos pronósticos son del -9% y -11% para Citibanamex, mientras que para BBVA son del -9% y -12%. El consenso es la recesión (lo cual es obvio), la discrepancia es la magnitud. Hoy los mercados no ven una señal clara de cuando podrá repuntar la economía, y es que el principal ignoto sigue siendo el mismo que ocurría antes de la pandemia, la desconfianza en el actual gobierno.

A rio revuelto, ganancia de pescadores. Como casi siempre ocurre, ante la desgracia económica, ciertos sectores emergen con mayor fuerza. Tal es el caso de las aplicaciones móviles como Uber Eats o Rappi, por mencionar algunas, que ante el llamado #quédateencasa, se han adueñado de buena parte del mercado de comida para llevar. Otro ejemplo, es el incremento en el consumo de ciertos bienes, tales como las bebidas alcohólicas con un 63% (motivado en gran parte por la cerveza), la leche con un 30% y los refrescos con un 15%. Más aún, la aseguradora Qualitas reportó una utilidad del 20.3%, ante el descenso del registro de siniestralidad durante el primer trimestre, ocasionado por la reducción de salidas en vehículos particulares. En otro ámbito, tenemos que quizá sea el activo más seguro, y me refiero al oro, reportó un avance en su precio del 11.2%, ello como consecuencia de la búsqueda de activos que sirvan de refugio. Con ello nos damos cuenta, que ante una u otra circunstancia, y durante algún lapso, habrá quienes hagan su agosto.

Pataleando boca arriba. Bastante irrisible parece la promesa del Presidente López Obrador de generar 2 millones de empleos, más aún, si no deja ver cómo lo conseguirá. Entes como la Organización Mundial del Trabajo, Coparmex y Concamin ya auguran una pérdida de empleos entre 1.5 y 2.1 millones. La Asociación de Emprendedores de México por su parte, pone sobre la mesa que el 87% de las Mipymes perderán, clientes, ventas y nuevos trabajos; además de que una de cada cuatro despedirá personal. Hubiera sido más sensato que López Obrador prometiera retener en lugar de generar, pero eso es mucho pedir. Otro golpe en el proyecto de la 4T será el que concierne a la deuda pública. Primero que nada, dejemos claro que éste, como los otros gobiernos, se ha endeudado. La obsesión del Presidente, en voz de sus colaboradores, consiste en el cociente de la deuda pública con respecto al PIB. El año anterior fue del 44.9%, este año, de acuerdo a documentos oficiales, será del 51.2%, esto es, un incremento de más del 6.3%, muy cercano al 7.7% de la administración de Peña Nieto. En lo que refiere a crecimiento económico, el Presidente se fijó un objetivo del 4% promedio y cerrar con un 6%. Sin Covid-19 se creció 0%, para el presente, por ahora, el consenso ronda entre el -7%. Dicho esto, el objetivo del crecimiento también se ha desvanecido. Naturalmente, estos datos no serían muy distintos si en la silla presidencial estuviera Meade o Anaya, la tragedia deriva de la pandemia; sin embargo, lo que sí es absolutamente cuestionable son las absurdas propuestas con las que se ha salido a mitigar la tragedia. No, las economías no se componen por decreto.

EL PILÓN. Es casi unánime el conceso de los economistas, en que para salir más rápido de esta tragedia se debe caer en déficit. Si bien esto casi del todo cierto, también debemos seguir de cerca otro aspecto ¿a dónde va el dinero? ¡Ahí está el detalle!  

*Efrén Zúñiga es Licenciado en Economía por la Universidad de Guanajuato. En twitter: @EfrenZuS

Por: Víctor H. Becerra*

Lo que se temió durante mucho tiempo, finalmente llegó: una réplica fuerte y severa de los mercados a los proyectos irresponsables del nuevo gobierno mexicano, en este caso sobre PEMEX (Petróleos Mexicanos), la petrolera estatal y principal empresa del país.

PEMEX es un buen ejemplo de que el intervencionismo estatal conlleva siempre pobreza, desperdicio y corrupción: A las empresas estatales les conviene prolongar los problemas y la pobreza que supuestamente están destinadas a curar. Trabajan no para solucionar los problemas encomendados, sino para favorecer y corromper a grupos de interés, ya que nadie cuida con responsabilidad el dinero ajeno. La situación precisamente que condujo a la petrolera pública a su actual situación.

PEMEX ha sido siempre una empresa sujeta a la influencia política, usada como caja chica del gobierno mexicano, y como botín y pieza fundamental de políticos, burócratas y sindicato, en el chantaje político. López Obrador trató de usarla en el mismo sentido, recargada, dando marcha atrás a algunos progresos importantes del pasado reciente, y fue entonces que vino la respuesta de los mercados.

Así, hace unos días, Fitch Ratings le recetó una rebaja en su calificación crediticia, es una de las advertencias más severas sobre la inviabilidad financiera de la principal empresa mexicana y, con ello, preocupantemente, de las finanzas públicas del país. Era una baja que ya se esperaba desde hace tiempo, sin que a nadie en el nuevo gobierno mexicano le hubiera preocupado y actuado en consecuencia. Al margen, habría que decir que otra de las tres grandes calificadoras, Moody’s Investors Service, decidió no hacer cambios en la calificación por ahora, dando el “beneficio de la duda” al gobierno López Obrador antes de hacer un cambio.

El golpe de Fitch costó de inmediato un incremento anualizado de mil – 1.5 mil millones de dólares, entre el servicio de deuda y los intereses acumulados de capital; es decir, PEMEX (o mejor dicho: los contribuyentes mexicanos) deberá pagar más intereses por la deuda que tiene. Aparte, significó una baja generalizada en la Bolsa Mexicana de Valores, un aumento en los intereses de la deuda corporativa y la del gobierno, y un aumento en el tipo de cambio. Todo ello incide en un mal clima de negocios en el país, con menos empleos e inversiones.

Al respecto, cabe señalar que PEMEX tiene hoy una deuda de 110 mil millones de dólares, que corresponde ya al 15 por ciento del Producto Interno Bruto del país; incluso todos los activos de la empresa son inferiores a su deuda. Y fue una deuda que se canalizó para pagar favores políticos, corrupción política y sindical, e inversiones y empleos improductivos. Así, PEMEX tiene el dudoso honor de ser la empresa petrolera más endeudada e ineficiente del mundo.

Adicionalmente, PEMEX enfrenta este año vencimientos de deuda por 5,400 millones de dólares, y un gasto de capital por 19,700 millones de dólares, un 22% más que el año pasado, en contraste con una producción petrolera que declina año con año, y con ella caen también sus ingresos. Como ha quedado claro, no hay claridad sobre cómo conseguirá PEMEX estos recursos, sobre cómo elevará la producción de crudo, ni sobre el futuro de la reforma energética. Esos fueron los elementos que juzgó Fitch para dar su calificación. En síntesis, las ocurrencias de López Obrador y su equipo no son rentables.

Uno esperaría que un gobierno desautorizado en sus planes financieros por una de las principales calificadoras del mundo, buscaría dar calma a inversionistas y delinear una solución de fondo. Pero López Obrador no: inmediatamente desacreditó e insultó a Fitch, la culpó de ser cómplice y no haber opinado antes sobre los problemas de corrupción y robo de combustible en la empresa y ratificó, finalmente, el mal rumbo emprendido.

López Obrador se equivoca (una vez más): La tarea de una calificadora es solo medir la fortaleza y certidumbre de una entidad que pide prestado y que para ello emite bonos de deuda. No es detener ni alertar sobre la corrupción ni el huachicoleo ni el “neoliberalismo”. Solo valora si tal país o entidad enfrentará problemas para cumplir con sus obligaciones y, en consecuencia, alerta a los inversionistas.

En tal sentido, el gobierno de López Obrador puede culpar de sus males al “neoliberalismo” de los gobiernos que le antecedieron y tratar de lavarse las manos; puede también desacreditar a Fitch y decir que se confabula contra su gobierno. Pero la realidad termina siempre por llegar: “Se puede ignorar la realidad. Pero no se pueden ignorar las consecuencias de ignorar la realidad” (Ayn Rand). Así que en la salvaguarda de sus intereses, a los inversionistas no les importa lo que digan López Obrador y su equipo, sino lo que dice Fitch.

Nadie niega que López Obrador recibió una empresa en problemas, pero tampoco que éste en solo 60 días cavó bajo sus pies, con proyectos faraónicos, con la amenaza de revertir en los hechos la reforma energética, con su improvisación y sus mentiras (como las que causaron el actual desabasto de gasolinas), con los nombramientos insensatos de los nuevos directivos de la empresa (sin experiencia en el ramo y al final sumamente ineficientes) y con la reversión del sistema de gobierno corporativo que la Reforma Energética buscaba implantar y que podía ser parte de la solución a los problemas de PEMEX. O al menos, de posponer su explosión.

En sus estrechos marcos ideológicos, López Obrador puede confundirse y creer que los “neoliberales” atacan a su gobierno. No, no es así: es una simple respuesta de la racionalidad de los mercados a sus malas e irreales decisiones. Y sin un plan de inversión para incrementar la producción y contar con los recursos que requiere PEMEX, y sin incorporar a la iniciativa privada en tales tareas, así como tecnologías como el fracking , podrían venir más duras respuestas de los mercados.

El gobierno de López Obrador descalifica e insulta en lugar de solucionar los problemas y evitar lo prioritario por ahora: que PEMEX no pierda el grado de inversión y que como consecuencia, los inversionistas se deshagan por ley de la deuda de PEMEX, causando una hecatombe financiera.

Si se pierde el grado de inversión de PEMEX, el gobierno federal tendría que apoyar los requerimientos de capital de la petrolera, aumentando transferencias, o dándole aportes de capital, o inyección de liquidez, o peor aún, tendría que garantizar directamente la deuda de la empresa, trasladando el problema de su pérdida del grado de inversión a la propia deuda pública del gobierno mexicano, multiplicando el problema. Para el país, sería como tratar de nadar con una rueda de molino en el cuello.

Si eso sucediera, los mexicanos perderán por partida triple: como usuarios de los productos de PEMEX (más caros y escasos), como sus supuestos “dueños”, ante una “inversión” malograda y perdida, y como contribuyentes obligados a rescatar a una empresa improductiva en quiebra, echando más dinero a un barril sin fondo.

México podría volver a repetir la historia de los 80s, cuando en medio de una larga y espantosa crisis económica, por la caída de los precios del petróleo, el líder petrolero de la época trató de chantajear al entonces candidato presidencial Carlos Salinas: “Si PEMEX se hunde, se hunde México y se hunde usted”, le dijo. Si las cosas se salen de control, hoy eso podría pasar, mutatis mutandis, con el gobierno de López Obrador.

Y es que los problemas se acumulan sobre la petrolera estatal. No es solo la ineficiente lucha contra el robo de combustible, con muchas más pérdidas que ganancias, sino hechos más inquietantes. Así, hace unos días se descubrió un automóvil con explosivos en una de las entradas de la Refinería Antonio M. Amor de Salamanca, la más grande del país.

Esto recordó el caso de la explosión de 2013, en las oficinas corporativas de PEMEX, que dejó varios muertos y que pudo ser producto de una bomba colocada por narcotraficantes, según fuentes estadounidenses. En el mismo sentido, al parecer lo de la Refinería de Salamanca fue una operación del llamado cartel Jalisco Nueva Generación, buscando culpar a su rival, el cartel Santa Rosa de Lima. Pero lo fundamental es notar que la refinería no es solo el epicentro del robo de combustible, sino también que ya es uno de los principales centros de tráfico y venta de estupefacientes en la región: Nada peor que ver de pronto como las instalaciones petroleras del país se pueden convertir en un sangriento campo de batalla entre bandas rivales de narcotraficantes, trasladando a su interior la perversa dinámica criminal de las zonas por donde pasan los ductos petroleros.

El caso de PEMEX es un ejemplo de manual de los problemas que aquejan a toda empresa estatal, que pese a su ineficiencia siguen funcionando, solo por la protección del Estado. PEMEX muestra que el resultado natural del intervencionismo estatal es un daño general a la sociedad y, en contraste, una renta injustificada para grupos paraestatales: políticos, burócratas y sindicatos. Y es que solo a estos grupos privilegiados se les puede ocurrir que crear más empresas públicas y más empleos improductivos (o peor aún: francamente anti-productivos) en ellas, pueden ser medidas positivas y beneficiosas.

Por eso, precisamente, los países pobres y subdesarrollados solo tienen burocracias. Mientras que los países ricos y libres, tienen mercados.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Víctor H. Becerra*

[dropcap type=”default”]N[/dropcap]etflix, la plataforma de streaming, recientemente estrenó la primera temporada de su serie El mecanismo, basada en hechos y personajes reales y que en tono de thriller policial, busca mostrar los engranajes de la operación “Lava Jato” (Autolavado), el multimillonario esquema de sobornos y lavado de dinero que estremeció la política de Brasil, con fuertes reverberaciones en el resto de América Latina con el caso Odebrecht (tema de la segunda temporada). Todos aquellos que, por muchos años e incluso hasta hoy, pese a toda evidencia, endiosaron a la izquierda de Lula en Brasil como un modelo idóneo para América Latina, deberían darse un rato para verla.



El mecanismo al que alude el título es el del mercantilismo (o capitalismo de amigos), la connivencia interesada entre empresarios y políticos, mediante los favores, privilegios y protecciones que se otorgan unos a otros y les permiten medrar y prosperar. Pero ciertamente la serie televisiva no es un tratado de economía política, por lo que el mecanismo que narra es sólo una fracción del mecanismo real de saqueo y enriquecimiento de unos cuantos, a expensas de la mayoría, que funciona en América Latina.

El mecanismo real funcionaría así: Nuestras sociedades han fijado la igualdad económica como un fin ético en sí mismo y por tanto, con la intervención del Estado, se organiza nuestra vida política y económica sobre los cimientos de la envidia. Así que el Estado tiene la función asignada (ratificada promesa tras promesa, elección tras elección) de robar al trabajador y al exitoso para, con lo robado, mantener satisfechos, callados y votando a los vagos o pocos exitosos (que son la mayoría), incluyendo a intelectuales y académicos, que dado que el mercado no premia su “gran saber”, frecuentemente inútil o poco capitalizable, son propensos a ser activistas de tiempo completo en contra del mercado y a favor de la igualdad, del Estado y de los servicios públicos, “gratuitos” y de pésima calidad.

Pero el secreto de este mecanismo es que a estos vagos y/o pocos exitosos, se le dan migajas de lo saqueado (precisamente por algo son poco exitosos: se les engaña fácilmente o se conforman con lo necesario) siendo el político el que realmente se enriquece, escudándose en los “pobres” a los que dice ayudar, y legalizando el robo desde el Estado. La sociedad (como cualquiera de las nuestras) se convierte de esa manera en una sociedad de saqueadores. Y si aún quedara en nuestras manos algún dinero a salvo, tarde o temprano llegará un político a quedárselo, con el cuento de la “justicia social”.

Ese es el mecanismo real que está en el trasfondo del funcionamiento de las sociedades de América Latina, de norte a sur, y que es la explicación, en buena medida, de nuestro fracaso histórico, el que nos ha hecho países trituradores de riqueza, sociedades abusadoras que destruyen valor, iniciativas, personas.

Necesitamos desmontar ese mecanismo. Y sólo lo lograremos desalojando al Estado del centro de la economía, limitando y achicando todo lo posible la posibilidad de que políticos y burócratas manejen discrecionalmente decisiones estratégicas y fondos públicos, y reorientando con educación los valores sociales, para que el propósito no sea acabar con “los ricos” (que frecuentemente son aquellos que apenas tienen un poco más que cualquiera de nosotros), sino acabar con la pobreza y con ella, tal vez, con la envidia y el resentimiento que muchas veces generan.



Hacerlo no es una tarea fácil, aunque otros países lo han logrado, como deja ver cualquier índice de libertad económica. Por ello debemos esforzarnos, a riesgo de perpetuar nuestro fracaso y seguir siendo las sociedades intervencionistas y destructoras que somos desde hace mucho, que premian la envidian, castigan el éxito y tienen al Estado como saqueador y distribuidor, gracias al perverso mecanismo señalado.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Luis Pazos*

[dropcap type=”default”]E[/dropcap]l gobierno panista de Vicente Fox denunció ante la PGR la triangulación de recursos de Pemex al PRI vía su sindicato. Salieron a la luz pública documentos donde se probó que “ayudas” al sindicato de Pemex por aproximadamente 1,500 millones de pesos fueron canalizadas al PRI para apoyar en la elección presidencial a su candidato en el año 2000, aunque aproximadamente la mitad de esos recursos quedaron en manos de los operadores, como es costumbre en ese partido.



El gobierno de Fox acusó a quien fungía como director en ese tiempo de Pemex y a dos líderes de su sindicato por esos desvíos. El PRI, con mayoría en el Congreso, le otorgó una senaduría a uno de los líderes y una diputación al otro, para darles fuero. Y contrató a los mejores abogados para defender al ex director de Pemex. Lograron que quedara impune el financiamiento ilícito de Pemex al PRI vía sindicato.

En las elecciones presidenciales del 2012 se dio una historia parecida. Una “ayuda”, en principio de 3 millones de dólares que, según datos dados a conocer por ex ejecutivos de la compañía brasileña Odebrecht, entregaron a quien fungía como Coordinador de vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI a la Presidencia fue el inicio de un nuevo Pemexgate. El ex miembro del equipo del candidato priista a la Presidencia, ya como director de Pemex, compensó con creces mediante millonarios contratos a sobreprecios a Odebrecht, “benefactora” del PRI.

El cese del Fiscal para Delitos Electorales (FEPADE) por publicar una carta relacionada con la investigación de los donativos ilegales de Odebrecht al PRI vía un director de Pemex, muestra la decisión del actual gobierno de no solo tomar una actitud pasiva hacia los actos corruptos donde son protagonistas ex gobernadores del PRI o altos funcionarios de su gobierno, sino de salvaguardar su impunidad.



Las consignaciones y detenciones de ex “gobers” priistas corruptos fueron posibles gracias a las denuncias en el extranjero o por los nuevos gobers de otros partidos. El actual gobierno no ha luchado contra la corrupción, sino por garantizar impunidad a quienes con recursos ilícitos ayudaron a las campañas priistas.

*Luis Pazos es economista, autor de decenas de libros y director del Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empresa, A.C

Por: Luis Pazos*

[dropcap type=”default”]D[/dropcap]urante los primeros cuatro años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la ya maltrecha petrolera estatal agudizó sus desequilibrios debido a la corrupta y pésima administración que culminó con la tardía  decisión de cambiar a su director, en gran parte responsable del empeoramiento de sus finanzas.