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Por: Víctor H. Becerra*

El viernes pasado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, suscribió un acuerdo que entrega, “de manera extraordinaria”, a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública del país.

Es una militarización del Estado, de hecho y de Derecho: No sólo durante el gobierno de López Obrador se han asignado al Ejército servicios públicos como la construcción del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía y la prestación de servicios de salud por covid-19, sino que además ahora militariza la seguridad pública, apoyado presuntamente en la Constitución.

Recordemos, al margen, que México es uno de los pocos países en la región que no cuenta con un ministro de las Fuerzas Armadas que sea civil, y que el gobierno no ha establecido mecanismos para garantizar el control civil total sobre los militares (en realidad, el principal y casi único papel de supervisión del Congreso mexicano sobre el Ejército es aprobar su presupuesto), y ni siquiera es posible someterlos al aparato de justicia civil.

El acuerdo de López Obrador es una repetición de las estrategias fallidas de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que no redujeron la violencia (más bien al contrario) y provocaron gravísimas y reiteradas violaciones a los derechos humanos. Así, por ejemplo, desde 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 10 mil quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. Adicionalmente, entre 2007 y junio de 2017, la CNDH emitió 148 recomendaciones dirigidas a las Fuerzas Armadas de México por violaciones graves a los derechos humanos, incluidos casos documentados de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegal de la fuerza, entre otras.

Tendremos ahora una repetición, con el agravante de que López Obrador tardó año y medio, un cuarto de su administración, en darse cuenta del fracaso de su estrategia de combatir con “besos y abrazos” a los carteles del crimen organizado, y de crear una Guardia Nacional que no ha rendido resultados, más allá de la vergüenza de videos que muestran la corrupción de sus integrantes o como éstos son apaleados por vecinos soliviantados.

El acuerdo presidencial simula cumplir con la Constitución, pero no señala cómo acatar las obligaciones de fiscalización, regulación y subordinación sobre el Ejército en estas nuevas tareas, obligaciones que la misma Constitución establece. De esa manera, tendremos un Ejército metido en las calles, deteniendo a civiles y combatiendo a los carteles del crimen, pero sin fiscalización, ni regulación ni mando civil: el escenario ideal para la violación sistemática e impune de los derechos individuales.

Ahora bien: ante el incontenible clima de violencia en el país (con cifras alucinantes como un homicidio cada 15 minutos en promedio), ¿fue esta la mejor decisión que se podía tomar? Probablemente no había otra. Pero también reconozcamos que ni este gobierno ni los anteriores se preocuparon por construir una nueva y mejor solución. Incluso, en campaña, el propio López Obrador e integrantes importantes de su partido, hoy miembros prominentes de su gobierno, del Congreso o de los programas de comunicación oficialistas, criticaron las estrategias de militarización de los anteriores gobiernos, marcharon contra ellas y hasta las impugnaron ante la Justicia; López Obrador incluso prometió regresar a los militares a su cuartel en seis meses. A cambio, en estos 17 meses de gobierno, no presentó ninguna nueva idea o plan. Todo fue engaño y mero oportunismo político para atacar a los adversarios.

Esto demuestra que a López Obrador y su gente realmente no les molestaba la conducción del país ni las decisiones por parte de Calderón o Peña Nieto y sus equipos. Lo único que querían era ocupar sus puestos y disfrutar sus privilegios.

Al final, la traición política del presidente a sus electores, establece una mayor centralización de las labores de seguridad pública en el Ejército, un nuevo y poco auspicioso arreglo civil-militar en el país, y una inédita concepción del entramado de seguridad nacional, en donde el factor castrense será el eje principal de una renovada visión de poder y control, sin contrapesos. Similar a tantos países que cayeron en el llamado Socialismo del Siglo XXI.

En este escenario, el recargado empoderamiento castrense será clave para fortalecer y retroalimentar el autoritarismo de López Obrador, el cual es cada vez más y más palpable. De ese modo, una mayor concentración de poder en la persona de López Obrador, ahora con las Fuerzas Armadas como su clientela política, podría servir para imponer fácilmente en México un régimen dictatorial en el mediano plazo, si el presidente quisiera. Y para muchos mexicanos, eso es precisamente lo que López Obrador quiere y hacia allá tiende, sin tregua ni descanso.

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Víctor H. Becerra*

Calladamente, México y Venezuela vienen confirmando la conocida frase de Milton Friedman: “Si pones al gobierno a cargo del Desierto del Sahara, en cinco años habría escasez de arena”. Pues justo eso está pasando: El Estado y los políticos que lo dirigen, acabaron, esfumaron la fabulosa riqueza petrolera de esos países. 

Probablemente, ambas naciones nunca más verán tanta riqueza natural junta. Sus políticos la desaparecieron como si del desagüe de un WC se tratara. Paso por sus manos, enriqueciendo sólo a políticos y dirigentes sindicales ambiciosos, no a sus habitantes y menos a los más pobres. ¿Las causas? Pésima gestión del gobierno, corrupción desenfrenada, políticas públicas erróneas, politización en detrimento de la capacidad técnica, deudas impagables, falta de previsión, megaproyectos ruinosos, sindicatos gigantescos y voraces, y finalmente, la caída en los precios del petróleo, fueron el dedo en la palanca de desagüe.

Por un lado, en lo que respecta a Venezuela, la dictadura de ese país estaría negociando el privatizar la petrolera estatal, PDVSA, como única salida para reflotarla y ponerla de nuevo a producir. En 1998 -a la llegada del chavismo al poder-, PDVSA era la tercera empresa en el mundo en capacidad de refinanciación, procesando 3,3 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy, en cambio, apenas procesa 700.000 barriles por día, según el último informe de la OPEP.

La idea sería reestructurar parte de las impagables deudas millonarias de PDVSA a cambio de activos. Para pagar parte de las deudas contraídas por los gobiernos chavistas, Rusia y China han estado recibiendo petróleo venezolano, en trueque, o hasta oro de sus reservas monetarias. Ahora sería privatizar toda la estatal petrolera, trasladando su propiedad y administración.

Claro: Disfrazando tal privatización, ya que una acción de este tipo debería contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición y único organismo legislativo reconocido internacionalmente. Pero no debiéramos de perder de vista que, ahora, privatizar PDVSA, sería robar dos veces: Una por las deudas ya contraídas por el chavismo, y que terminaron en el bolsillo de sus jerarcas, y dos, para pagarlas, justamente a las empresas que ahora se harían con el dominio y que prestaron el dinero, sin precauciones, sabiendo a qué se dedicaría.

En México, en contraparte, la declinación de la industria petrolera sigue el camino de Venezuela: La situación de PDVSA, hoy, es el destino final de la estatal PEMEX en unos años.

En México, la producción petrolera viene disminuyendo año con año, a pesar del malabarismo con las cifras de producción o el constante ajuste en las metas. La producción de PEMEX cayo 8.2% durante 2019, comparado con 2018, según datos oficiales de la petrolera. En tanto, ciertamente su deuda bajo de 105 a 100 billones de dólares (gracias a la insostenible cantidad de recursos destinados por la administración de López Obrador, para “rescatar la soberanía”), pero tendrá una pérdida de 30 billones en 2019.

Adicionalmente, el gobierno de López Obrador ha echado para atrás la apertura petrolera, que permitía la subasta de campos petroleros y las inversiones público/privadas. Sin los recursos privados, el gobierno mexicano simplemente no tiene el dinero para sacar adelante a la petrolera estatal, con el consiguiente agotamiento de los principales campos productores. Y en el horizonte, la posibilidad de una baja en su calificación crediticia, para dejar su deuda al nivel de los bonos basuras. 

En contraste a estos dos países, un país minúsculo y hasta hoy la segunda nación más pobre de Sudamérica, Guyana, de la mano de la empresa privada y sin poner un solo centavo de erogación pública, podría convertirse en pocos años en el mayor productor de petróleo de América Latina, superando a Venezuela, México, Brasil y Colombia. Hoy supera ya la producción de Venezuela. Incluso, se habla de que en 2025, el PIB de Guyana aumentará entre un 300% y un 1.000%, convirtiéndolo en el país más rico del hemisferio y, potencialmente, en el país más rico del mundo. Claro, si el Estado no se mete a manejar esa riqueza y trae consigo los males que ya conocemos: corrupción, sindicatos venales, politización, desperdicio… 

El Estado poniéndose a manejar las riquezas de un país es una garantía de desperdicio, gasto ineficiente, proyectos sin sustento, bancarrota. Con estos antecedentes sobre la mala actuación estatal, no es casual pues, que todo lo que administran el Estado mexicano o el venezolano, no funcione: petróleo, salud, educación, jubilaciones del sector público y pensiones, programas sociales, etc. y que hoy sean países inviables.

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Víctor H. Becerra*

López Obrador quisiera ser Hugo Chávez. Pero no puede. Simplemente no cuenta con el dinero con que el cual contó Hugo Chávez, a manos llenas. Y tampoco cuenta con una empresa petrolera que sostenga sus proyecto faraónicos o que pueda sostenerlos en un hipotético futuro; más bien al contrario: PEMEX es el lastre colgado en el cuello de su administración.

Debilidad de las finanzas públicas y un PEMEX convertido en un barril sin fondo y sin remedio, son dos fenómenos paralelos: Así, por ejemplo, por esa astringencia de recursos, el nuevo Proyecto de Egresos del gobierno federal que discute el Congreso, establece el menor nivel de inversión pública en casi un siglo! Y todavía peor: Por cada 100 pesos que el Estado mexicano invertirá en infraestructura durante 2020, 50 pesos serán para PEMEX, tres para salud y dos para educación.

López Obrador quiere que PEMEX incremente notablemente su producción, pero sin entregarle el dinero que necesita para que ello ocurra, porque sencillamente no lo tiene. La obsesión de López Obrador por PEMEX, en la esperanza de lograr que la empresa financie todos sus proyectos, ha costado hasta hoy niños sin tratamiento para el cáncer y adultos enfermos de SIDA sin medicamentos; mujeres perseguidas y sin refugio; burócratas despedidos sin ninguna prestación, y muchos dramas humanos más. La astringencia presupuestal que el Presidente llama “austeridad” contra la corrupción tiene como uno de sus beneficiaros a una empresa lastrada por lustros, décadas de ineptitud y deshonestidad.

En su desesperación por salvar a PEMEX y que la empresa salve a su vez a su gobierno, López Obrador mintió al decir que no endeudaría más al país. Así, hace unos días tuvo que conseguir prestados 7,500 mdd para pagar puntualmente los vencimientos de la deuda de PEMEX en 2019 y 2020.

López Obrador ciertamente recibió la empresa petrolera más endeudada del mundo y colocó al frente a funcionarios bisoños que en unas cuantas semanas perdieron la confianza de los mercados. De modo que sólo le queda endeudarse para pagar intereses, lo cual es inviable en el largo plazo. Refinanciar sólo es sostenible en el largo plazo, si esperas generar más dinero del que pides. Si por el contrario empiezas a generar menos dinero (como hoy sucede) eventualmente la situación va a ser insostenible, que es exactamente lo que ya está pasando con PEMEX. Así, la petrolera eventualmente va a llevar a López Obrador (y al país) a la quiebra. La única solución entonces será vender activos para cubrir sus obligaciones, reducir su pasivo laboral, vía despidos, y todavía así lo más probable es que no le alcance para generar dinero suficiente para cubrir sus crecientes obligaciones.

Todo esto es lo que actualmente le está pasando a PEMEX: Ya no genera dinero suficiente para cubrir sus pasivos (el precio del petróleo ha bajado y todo parece indicar que seguirá bajando). Su producción extractiva ha caído sin remedio y esa es su principal fuente de ingresos, mientras que la refinación nunca ha sido un verdadero negocio: en estricta racionalidad económica, le sería más barato comprar toda la gasolina en EEUU.

Es indudable que, en el pasado lejano y reciente, hubo una pésima administración en PEMEX y que por eso ha llegado a su situación actual: de otro modo no estaría tan endeudada a los niveles fabulosos en los que se encuentra. Pero también es innegable que la administración de López Obrador no está ayudando en nada a que salga de su situación actual, sino que parece empecinarse en cavar más hondo bajo sus pies.

PEMEX simplemente no es sostenible, algo que se ha dicho en todos los tonos y por todos los analistas serios de este país; así que al final vendrá una baja en su calificación crediticia, lo que va a arrastrar a su vez la calificación del país. Al poco tiempo será el riesgo país el degradado, lo que va a tener un impacto en el tipo de cambio y en el consumo interno, pues muchas de las cosas que consumimos son importadas.

PEMEX hoy es básicamente una maquina beoda que quema miles de millones de dólares. Siendo realista y pragmático, López Obrador debería quebrarla o deshuesarla y venderla por partes. La única manera de evitar esto es retomar las subastas de campos petrolíferos o permitir la inversión con socios, todo a lo que se niega el gobierno mexicano por sinrazones ideológicas. Y que no parece que cambiará en el futuro cercano.

Proyectos como la refinería de Dos Bocas van a terminar convirtiéndose en otros barriles sin fondo y van a agravar aún más la situación financiera de PEMEX, todo por la búsqueda del sueño lopezobradorista de autosuficiencia energética, a pesar de que la tendencia a nivel mundial es reducir la dependencia de hidrocarburos y orientarse hacia otras fuentes energéticas.

El único consuelo, si lo hay, es que López Obrador no tendrá los recursos para convertirse en la versión mexicana de Hugo Chávez. Simplemente no tiene con qué. Y qué bueno que así sea: En vista de la terrible situación en la que el chavismo dejó a Venezuela (y el kirchnerismo a Argentina, y el sandinismo a Nicaragua, y…) cualquier otra alternativa es el mal menor.

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Víctor H. Becerra*

La nueva edición anual del Foro de Sao Paulo, la XXV, inició sus sesiones el jueves pasado, 25 de julio, en Caracas y culminó este domingo, bajo el lema “Por la Paz”. Este encuentro de militantes de la izquierda más recalcitrante, se realiza anualmente en un país diferente. Recibe su nombre de la ciudad que celebró el primer encuentro, en 1990, en Brasil.

Ese año, los creadores del Foro, Fidel Castro y Lula Da Silva, siguiendo la receta castrista, trataron entonces de “multiplicar los ejes de confrontación” a fin de disfrazar el fracaso del enfrentamiento del comunismo contra el capitalismo y de la revolución proletaria, tras la caída del Muro de Berlín y la debacle de la Unión Soviética. Para ello, se buscó incorporar al discurso de la izquierda temas de grupos sociales, sectoriales, funcionales y territoriales, tales como el feminismo, el indigenismo, el ecologismo, el regionalismo, la defensa de género, de grupos estudiantiles y todos los temas posibles para enfrentar a la democracia liberal, que entonces se tildó como “neoliberalismo”. Así de atrasada es esa izquierda nucleada alrededor del Foro.

Casi 30 años después, el Foro es, hoy, un mero recordatorio de glorias pasadas: Con líderes muertos, como Hugo Chávez y Fidel Castro. O presos o, bien, cargando acusaciones de corrupción, como es caso de Lula Da Silva, hoy preso. De Rafael Correa, proscrito legalmente. O de Cristina Kirchner, indiciada. O de Pepe Mujica, investigado. Pocos son sus líderes no investigados, tales como Evo Morales o Daniel Ortega, pero solamente porque conservan el poder y la capacidad de manipular a jueces y fiscales.

Cuando el Foro se realizó por primera vez, solo uno de sus partidos miembros estaba en el poder, en ese caso en Cuba. Dos décadas después, en 2008 y 2009, la reunión se convirtió en el punto de encuentro estelar de mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, entre otros. En ese lapso, la constructora Odebrecht, de la mano del gobierno de Lula, y el petróleo venezolano del régimen de Caracas, financiaron el éxito de los proyectos políticos de izquierda promovidos desde el Foro de Sao Paulo. En ese mismo lapso, solo Colombia, Honduras y Guatemala no fueron gobernados por un partido miembro del foro.

Hoy, en contraste, el petróleo caro y la corrupción promovida por Odebrecht se acabaron. De modo que el Foro es solo un canal de propaganda para gobiernos como los de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Podría decirse, quizá frívolamente, que es un mero Club de la Nostalgia, de no ser una nostalgia alimentada por sangre, como vemos diariamente en Venezuela o Nicaragua, o por ilegalidades y represión, como vemos en Bolivia y Cuba. Un Club sin muchas posibilidades de regresar a su etapa estelar, a menos que, como se sospecha, los fondos del narcotráfico del que es beneficiario principal el régimen venezolano, comiencen a ser usados para financiar los nuevos proyectos políticos del Foro.

Por eso, el Foro de Sao Paulo es, hoy, más un sindicato delictivo que un proyecto político, una real y criminal mafia política más que una militancia partidista-ideológica. En tal sentido, cobra legitimidad la declaración de “non grato” hecha por la oposición venezolana. O el que los estudiantes venezolanos lo hayan calificado como el “foro de la muerte”, máxime en la crítica situación que vive Venezuela.

Venezuela presentó nuevos apagones eléctricos masivos el pasado martes y miércoles, en la víspera del Foro. En el mismo, la dictadura venezolana gastó 200 millones de dólares, en momentos de crisis económica en Venezuela, para recibir 700 delegados de movimientos y partidos políticos de izquierda, de 79 países. Y esto para escenificar un teatro: Todo fue solo una reunión para aclamar y apoyar a la dictadura venezolana: 700 delegados sólo llevados para vitorear al matarife que les pagó transporte, alimentación y alojamiento.

El Foro culminó con la “Declaración y Plan de Lucha”, que sólo es una serie de declaraciones en favor de la libertad de Lula, del presidente boliviano o del fin del imperialismo. De redoblar los esfuerzos de promoción del modelo de revolución instaurado en Cuba pero por medios electorales como lo hizo en Venezuela el fallecido Hugo Chávez. Por la unión de los pueblos “en su lucha permanente para seguir defendiendo las revoluciones y seguir construyendo lo que tengamos que construir”. También fue suscrita en la Declaración, la lucha contra el patriarcado, el racismo, la xenofobia y la criminalización de la migración, y contra cualquier forma de discriminación por motivos religiosos, étnicos o de orientación sexual.

En fin: Toda una escenificación teatral para simular que el Foro es un bastión de respaldo de la dictadura venezolana ante la comunidad internacional. Un “bastión” con delegados pagados, acomodaticios, que vivieron cuatro días a expensas del hambre del pueblo venezolano. Con una ideología sin respuestas a los retos actuales ni arrepentimientos por todos sus crímenes, pasados y presentes. Y con líderes cuestionados e ilegítimos desde hace mucho tiempo. Un Foro, pues, del crimen, del anacronismo y de la desvergüenza, que no puede ser un ejemplo para nadie en América Latina.

Finalmente: Por México asistieron representantes del oficialista Morena y su aliado Partido del Trabajo, además del “opositor” Partido de la Revolución Democrática (los movimientos que dentro del PRD dicen querer “modernizar” a ese partido, ¿no se deslindarán de su participación en el Foro?). Cabe hacer notar que el respaldo clamoroso que está dando el gobierno mexicano y su alianza partidista a la dictadura venezolana, costó unos millones de dólares: Así de barata y acomodaticia se ha vuelto la diplomacia mexicana.

*Víctor Hugo Becerra: Especialista en comunicación política (ITAM) y planeación metropolitana (UAM). Secretario general de México Libertario. Ha creado una gran cantidad de organizaciones libertarias en México y América Latina. Tiene interés en el estudio y la creación de redes libertarias y la organización de actividades académicas de divulgación de las ideas de la libertad.

Por: Gerardo Garibay Camarena*

Andrés Manuel López Obrador superó los primeros 100 días de su administración, y estos meses han permitido aclarar muchas de las dudas respecto a su estrategia de gobierno y sus planes para el país, que marcha al ritmo vertiginoso de las “conferencias mañaneras”, de las iniciativas del nuevo partido en el poder y del temor de una buena parte de la sociedad respecto a la posibilidad de que el obradorismo pueda repetir los vicios del estilo populista que ya experimentamos en México, especialmente durante los sexenios encabezados por Luis Echeverría y José López Portillo. Peor aún, el fantasma de un autoritarismo radical y catastrófico al estilo venezolano se mantiene en el ambiente, especialmente al recordar la declarada admiración que muchos de los líderes de MORENA -empezando por su presidenta, Yeidcol Polevensky- han mostrado hacia la “revolución bolivariana”.

Entonces ¿Qué es lo que está pasando?

Más que plantear un anecdotario de acciones y traspiés del gobierno, conviene entender las líneas transversales que orientan dichas decisiones.

En concreto, lo que estamos viendo es una concentración de poder en manos del presidente, respaldada en la incertidumbre como arma contra sus rivales e incluso sus propios aliados.

Multiplicar la fuerza gravitatoria

En términos generales toda la agenda del presidente López, desde las conferencias mañaneras y la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México hasta la decisión de eliminar los apoyos a estancias infantiles o incluso los refugios para mujeres víctimas de violencia, está orientada a un gran objetivo: Incrementar la fuerza gravitatoria de la oficina de la Presidencia de la República, concentrando en esta las facultades jurídicas y extralegales para el ejercicio del presupuesto y de la acción estatal.

Es decir, no se trata de un mero centralismo que pretenda concentrar las decisiones en la capital de la república, sino directamente en la figura presidencial, regresando en cierto modo a la llamada presidencia imperial del Siglo XX.

De forma similar a la concentración de masa, que en el ámbito de la física se traduce en fuerza de gravedad, que a su vez deforma el espacio-tiempo, en el territorio político la concentración del poder deforma el funcionamiento de la sociedad, multiplicando la atracción de los demás participantes hacia el origen de esa gravedad -en este caso, el señor Presidente- hasta el punto de alterar la estructura de las instituciones y los intercambios, ya sea por medio de reformas legislativas o de “leyes no escritas”.

Entre más “peso” político tiene la Presidencia, más deforma la vida institucional.

Lo peor del caso es que, para decirlo claro, la concentración de poder resulta en corrupción, porque incentiva a las personas a actuar fuera de la ley con tal de congraciarse con el mandatario y de recibir los beneficios que este le dispensa a quienes lo complacen.

¿Qué pasó con la antigua presidencia imperial?

Con las gravísimas crisis económicas que vivió México entre 1970 y 1995, la clase política y la sociedad civil organizada entendieron que era indispensable revertir la concentración de poder en la figura presidencial, porque se había convertido en un foco de corrupción y porque ese modelo dejaba al país en una situación muy vulnerable ante los caprichos, filias y fobias del gobernante en turno.

Por lo tanto, desde la década de los 90’s comenzó a impulsarse un profundo proceso de reformas, tanto a la constitución como a la legislación secundaria, para construir una serie de organismos autónomos e incluso ciudadanos en los cuales se repartió un importante porcentaje del margen de maniobra que solía monopolizar el Presidente de la República.

Así, por ejemplo, el Banco de México se volvió constitucionalmente autónomo desde 1994, y dos años después le siguió la plena ciudadanización de lo que actualmente es el Instituto Nacional Electoral. 3 años más tarde, en 1999 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adquirió su autonomía y en 2013 les tocó el turno a la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, seguidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, autónomo desde el 2014, entre muchos otros.

Esta fragmentación, acompañada del hecho de que, durante más de 20 años, entre 1997 y 2018, el partido en el poder no dispuso por sí mismo de una mayoría legislativa en las cámaras del Congreso de la Unión, llevó a que la figura presidencial sufriera una profunda disminución de su poder, e incluso trasmitiera una imagen de impotencia, particularmente clara en el caso de las reformas estructurales fallidas entre 1997 y 2012. Tras recuperar Los Pinos, el PRI aprovechó la inercia para consolidar el Pacto por México, pero no recuperó el brillo de la Presidencia, erosionado aún más por escándalos de corrupción y un pésimo manejo de crisis como la de Ayotzinapa.

Obrador, protagonista desde la oposición de ese desgaste de la oficina presidencial, se ha propuesto revertirlo, rompiendo las certezas institucionales encarnadas en los organismos autónomos y en la práctica de la administración pública.

La incertidumbre como estrategia de gobierno.

Uno de los principales instrumentos que el nuevo gobierno está utilizando para lograr esta concentración de masa política es el quiebre de las certezas institucionales, una estrategia que, con diversos matices, suelen compartir los gobiernos autoritarios.

¿Qué logra con esta incertidumbre?

En pocas palabras: que todos los actores del juego político se sientan inseguros respecto a sus posiciones actuales y por lo tanto acudan al Presidente, tanto para obtener la ratificación de sus espacios de poder como para adquirir más.

Ese fue el objetivo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: enviar el mensaje de que ni siquiera la obra de infraestructura más grande en la historia del país podía salvarse de la condena presidencial, ni siquiera estando a mitad de la construcción. Lo demás fueron pretextos. Obrador acusó supuestos actos de corrupción en el otorgamiento de los contratos del NAIM, pero luego negó que existieran elementos para procesar a alguien por dichas acusaciones, también puso en entredicho la vinculación de capital privado en una gran obra de infraestructura, y poco después anunció básicamente el mismo esquema para el Tren Maya.

¿Cómo esparce esta incertidumbre?

A través de golpes de mano, como el ya mencionado del aeropuerto, y también a través de la duda respecto a la continuidad de las reformas (por ejemplo, sus continuas críticas a la reforma energética) y a la permanencia de los organismos autónomos. Un claro ejemplo de ambos fenómenos es la hostilidad que el presidente y su partido han demostrado hacia la Comisión Reguladora de Energía.

Veamos.

Inmediatamente después de tomar protesta, los nuevos legisladores de Morena presionaron para que la Comisión Reguladora de Energía quedara a cargo de la Secretaría de Energía, pero luego cedieron y la reforma a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no contemplo dicha modificación. Sin embargo, cuando llegó el momento de proponer a los nuevos integrantes de este organismo, el gobierno obradorista dejó en claro su desprecio hacia la CRE, recurriendo a una serie de personas sin conocimientos básicos del tema energético, y cerrando el ciclo, el propio López Obrador acusó al Presidente de la Comisión de tener un conflicto de interés.

Es decir, existe una estrategia de debilitamiento que busca avanzar tanto en el terreno de la legislación como en el de la política. Proponen directamente anular la autonomía; si esto no funciona, optan por presentar ternas de personas cuya única cualificación es su lealtad al presidente, para manejar la Comisión a trasmano y, si esta se queja por ello, entonces el titular del ejecutivo aprovecha sus recursos mediáticos para amedrentar al opositor de sus planes. Podemos estar seguros de que los integrantes de todos los demás organismos autónomos estuvieron muy atentos a todo el drama, conscientes de que a ellos les puede pasar lo mismo.

Y en eso consiste la incertidumbre.

El presidente López no está anunciando por sí mismo drásticas reformas, o expropiaciones, o cacerías de brujas, pero deja que sus aliados del PT y sus legisladores de Morena presenten iniciativas que implicarían la destrucción de la autonomía de los organismos de derechos humanos, además de eliminar los Organismos Públicos Locales en materia electoral o entorpecer el trabajo de las calificadoras de inversión, entre muchos otros. Así las tiene disponibles como armas potenciales mientras se presenta como el hombre indispensable para contener y canalizar las pasiones reivindicadoras del pueblo. El mensaje tácito es indiscutible: O yo o el incendio.

Y lo mismo sucede respecto a que él no buscará juzgar a sus antecesores, pero los culpa constantemente de todos los males del país y anuncia que hará una consulta para que “el pueblo” decida si llevarlos a proceso o no, con la evidente intención de que la incertidumbre le permita mantener bajo control a estos personajes cuyo peso y experiencia los convierte en referencias obligadas de la oposición.

La incertidumbre como incentivo de la gratitud

Una función similar cumple la drástica reorientación o incluso eliminación de programas y apoyos que los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil ya daban como algo normal. Si Obrador hubiera mantenido la entrega de esos recursos, no le hubieran agradecido, porque de antemano tenían certeza de que los recibirían.

Por el contrario, al cambiar las reglas del juego, el nuevo gobierno obtiene una ventaja múltiple: consigue margen de maniobra para reorientar recursos hacia sus prioridades y obliga a estados y ONG’s a rogarle por los fondos que hasta el presupuesto 2018 eran considerados algo normal, de forma que el presidente pueda usarlos como fichas de negociación y muestras de su benevolencia.

El ejemplo de este fenómeno es la transformación del programa PROSPERA, que desde la década de los 90’s y bajo diversos nombres (Progresa, Oportunidades, etc.) había servido para que la federación canalizara a los estados cientos de millones de pesos en recursos para personal médico, pero que a partir del 2019 se convirtió en un mero padrón de becas, dejando a las entidades federativas con la necesidad de pedirle al presidente que se apiade de ellas y les envíe recursos que permitan pagar el salario de los médicos y enfermeras en campo.

Y, por supuesto, algo así pasa con las estancias infantiles y los refugios de mujeres violentadas, que han perdido sus tradicionales subsidios a cambio de un esquema de apoyos directos, de forma que los beneficiarios sepan que su gratitud debe dirigirse específicamente a la figura presidencial.

Es de resaltar que tan es prioritaria la estrategia de incrementar la fuerza de gravedad de la oficina del presidente que este incluso se ha mostrado dispuesto a desafiar a liderazgos sociales tradicionalmente muy vinculados a la izquierda del espectro político y concretamente a las redes de apoyo que lo llevaron a la presidencia, porque Obrador apuesta a que incluso si estos bastiones se enojan inicialmente con él, eventualmente le agradecerán cuando les ofrezca una solución intermedia, como sucedió con los refugios, evitando en el camino “perder autoridad”, en el sentido en que lo explicó él mismo en una conferencia de prensa.

Entonces, ¿qué esperar?

Debemos tener en cuenta que para el nuevo gobierno federal la incertidumbre no es un error o una suma de casos involuntarios, sino una táctica recurrente como parte de su estrategia para reforzar a la Presidencia de la República, debilitando en consecuencia los tradicionales contrapesos institucionales y sociales que se construyeron desde mediados de la década de los 90’s. 

Un socialista burdo, como por ejemplo Hugo Chávez cuando ya tenía el control absoluto de Venezuela, puede darse “el lujo” de caminar por las calles proclamando la expropiación de casas y comercios. Obrador está siendo mucho más sutil: amenaza y reconforta a inversionistas, políticos y ciudadanos. Nos recuerda cotidianamente que, si quisiera volverse un tirano, no podríamos impedírselo, pero que en vista de su magnanimidad no lo será, por ahora…

Entonces, ¿qué hacer?

Necesitamos construir y reforzar la fuerza de gravedad de centros de influencia independientes al presidente: empresas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, familias, etc.

Necesitamos aprender a navegar la incertidumbre que el gobierno federal ha convertido en su obra maestra, y para ello la mejor opción consiste en adaptar al análisis político una estrategia básica del futbol: al defender no hay que concentrarse en seguir los movimientos del atacante, sino los del balón.

Lo mismo en la cancha que en la política, la agilidad en los movimientos, la “gambeta” es una forma de desorientar a través de la incertidumbre, y los grandes defensas siempre tienen esto en mente; no se preocupan por los malabares del delantero, sino por el avance del balón, que en este caso son las reformas a la ley, los nombramientos y alianzas que va tejiendo el presidente.Ojos en lo prioritario, y que no nos distraiga la anécdota, porque de eso depende que podamos defender al país.

*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.

Por: Gerardo Garibay Camarena*

Andrés Manuel López Obrador superó los primeros 100 días de su administración, y estos meses han permitido aclarar muchas de las dudas respecto a su estrategia de gobierno y sus planes para el país, que marcha al ritmo vertiginoso de las “conferencias mañaneras”, de las iniciativas del nuevo partido en el poder y del temor de una buena parte de la sociedad respecto a la posibilidad de que el obradorismo pueda repetir los vicios del estilo populista que ya experimentamos en México, especialmente durante los sexenios encabezados por Luis Echeverría y José López Portillo. Peor aún, el fantasma de un autoritarismo radical y catastrófico al estilo venezolano se mantiene en el ambiente, especialmente al recordar la declarada admiración que muchos de los líderes de MORENA -empezando por su presidenta, Yeidcol Polevensky- han mostrado hacia la “revolución bolivariana”.

Entonces ¿Qué es lo que está pasando?

Más que plantear un anecdotario de acciones y traspiés del gobierno, conviene entender las líneas transversales que orientan dichas decisiones.

En concreto, lo que estamos viendo es una concentración de poder en manos del presidente, respaldada en la incertidumbre como arma contra sus rivales e incluso sus propios aliados.

Multiplicar la fuerza gravitatoria

En términos generales toda la agenda del presidente López, desde las conferencias mañaneras y la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México hasta la decisión de eliminar los apoyos a estancias infantiles o incluso los refugios para mujeres víctimas de violencia, está orientada a un gran objetivo: Incrementar la fuerza gravitatoria de la oficina de la Presidencia de la República, concentrando en esta las facultades jurídicas y extralegales para el ejercicio del presupuesto y de la acción estatal.

Es decir, no se trata de un mero centralismo que pretenda concentrar las decisiones en la capital de la república, sino directamente en la figura presidencial, regresando en cierto modo a la llamada presidencia imperial del Siglo XX.

De forma similar a la concentración de masa, que en el ámbito de la física se traduce en fuerza de gravedad, que a su vez deforma el espacio-tiempo, en el territorio político la concentración del poder deforma el funcionamiento de la sociedad, multiplicando la atracción de los demás participantes hacia el origen de esa gravedad -en este caso, el señor Presidente- hasta el punto de alterar la estructura de las instituciones y los intercambios, ya sea por medio de reformas legislativas o de “leyes no escritas”.

Entre más “peso” político tiene la Presidencia, más deforma la vida institucional.

Lo peor del caso es que, para decirlo claro, la concentración de poder resulta en corrupción, porque incentiva a las personas a actuar fuera de la ley con tal de congraciarse con el mandatario y de recibir los beneficios que este le dispensa a quienes lo complacen.

¿Qué pasó con la antigua presidencia imperial?

Con las gravísimas crisis económicas que vivió México entre 1970 y 1995, la clase política y la sociedad civil organizada entendieron que era indispensable revertir la concentración de poder en la figura presidencial, porque se había convertido en un foco de corrupción y porque ese modelo dejaba al país en una situación muy vulnerable ante los caprichos, filias y fobias del gobernante en turno.

Por lo tanto, desde la década de los 90’s comenzó a impulsarse un profundo proceso de reformas, tanto a la constitución como a la legislación secundaria, para construir una serie de organismos autónomos e incluso ciudadanos en los cuales se repartió un importante porcentaje del margen de maniobra que solía monopolizar el Presidente de la República.

Así, por ejemplo, el Banco de México se volvió constitucionalmente autónomo desde 1994, y dos años después le siguió la plena ciudadanización de lo que actualmente es el Instituto Nacional Electoral. 3 años más tarde, en 1999 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adquirió su autonomía y en 2013 les tocó el turno a la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, seguidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, autónomo desde el 2014, entre muchos otros.

Esta fragmentación, acompañada del hecho de que, durante más de 20 años, entre 1997 y 2018, el partido en el poder no dispuso por sí mismo de una mayoría legislativa en las cámaras del Congreso de la Unión, llevó a que la figura presidencial sufriera una profunda disminución de su poder, e incluso trasmitiera una imagen de impotencia, particularmente clara en el caso de las reformas estructurales fallidas entre 1997 y 2012. Tras recuperar Los Pinos, el PRI aprovechó la inercia para consolidar el Pacto por México, pero no recuperó el brillo de la Presidencia, erosionado aún más por escándalos de corrupción y un pésimo manejo de crisis como la de Ayotzinapa.

Obrador, protagonista desde la oposición de ese desgaste de la oficina presidencial, se ha propuesto revertirlo, rompiendo las certezas institucionales encarnadas en los organismos autónomos y en la práctica de la administración pública.

La incertidumbre como estrategia de gobierno.

Uno de los principales instrumentos que el nuevo gobierno está utilizando para lograr esta concentración de masa política es el quiebre de las certezas institucionales, una estrategia que, con diversos matices, suelen compartir los gobiernos autoritarios.

¿Qué logra con esta incertidumbre?

En pocas palabras: que todos los actores del juego político se sientan inseguros respecto a sus posiciones actuales y por lo tanto acudan al Presidente, tanto para obtener la ratificación de sus espacios de poder como para adquirir más.

Ese fue el objetivo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: enviar el mensaje de que ni siquiera la obra de infraestructura más grande en la historia del país podía salvarse de la condena presidencial, ni siquiera estando a mitad de la construcción. Lo demás fueron pretextos. Obrador acusó supuestos actos de corrupción en el otorgamiento de los contratos del NAIM, pero luego negó que existieran elementos para procesar a alguien por dichas acusaciones, también puso en entredicho la vinculación de capital privado en una gran obra de infraestructura, y poco después anunció básicamente el mismo esquema para el Tren Maya.

¿Cómo esparce esta incertidumbre?

A través de golpes de mano, como el ya mencionado del aeropuerto, y también a través de la duda respecto a la continuidad de las reformas (por ejemplo, sus continuas críticas a la reforma energética) y a la permanencia de los organismos autónomos. Un claro ejemplo de ambos fenómenos es la hostilidad que el presidente y su partido han demostrado hacia la Comisión Reguladora de Energía.

Veamos.

Inmediatamente después de tomar protesta, los nuevos legisladores de Morena presionaron para que la Comisión Reguladora de Energía quedara a cargo de la Secretaría de Energía, pero luego cedieron y la reforma a la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no contemplo dicha modificación. Sin embargo, cuando llegó el momento de proponer a los nuevos integrantes de este organismo, el gobierno obradorista dejó en claro su desprecio hacia la CRE, recurriendo a una serie de personas sin conocimientos básicos del tema energético, y cerrando el ciclo, el propio López Obrador acusó al Presidente de la Comisión de tener un conflicto de interés.

Es decir, existe una estrategia de debilitamiento que busca avanzar tanto en el terreno de la legislación como en el de la política. Proponen directamente anular la autonomía; si esto no funciona, optan por presentar ternas de personas cuya única cualificación es su lealtad al presidente, para manejar la Comisión a trasmano y, si esta se queja por ello, entonces el titular del ejecutivo aprovecha sus recursos mediáticos para amedrentar al opositor de sus planes. Podemos estar seguros de que los integrantes de todos los demás organismos autónomos estuvieron muy atentos a todo el drama, conscientes de que a ellos les puede pasar lo mismo.

Y en eso consiste la incertidumbre.

El presidente López no está anunciando por sí mismo drásticas reformas, o expropiaciones, o cacerías de brujas, pero deja que sus aliados del PT y sus legisladores de Morena presenten iniciativas que implicarían la destrucción de la autonomía de los organismos de derechos humanos, además de eliminar los Organismos Públicos Locales en materia electoral o entorpecer el trabajo de las calificadoras de inversión, entre muchos otros. Así las tiene disponibles como armas potenciales mientras se presenta como el hombre indispensable para contener y canalizar las pasiones reivindicadoras del pueblo. El mensaje tácito es indiscutible: O yo o el incendio.

Y lo mismo sucede respecto a que él no buscará juzgar a sus antecesores, pero los culpa constantemente de todos los males del país y anuncia que hará una consulta para que “el pueblo” decida si llevarlos a proceso o no, con la evidente intención de que la incertidumbre le permita mantener bajo control a estos personajes cuyo peso y experiencia los convierte en referencias obligadas de la oposición.

La incertidumbre como incentivo de la gratitud

Una función similar cumple la drástica reorientación o incluso eliminación de programas y apoyos que los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil ya daban como algo normal. Si Obrador hubiera mantenido la entrega de esos recursos, no le hubieran agradecido, porque de antemano tenían certeza de que los recibirían.

Por el contrario, al cambiar las reglas del juego, el nuevo gobierno obtiene una ventaja múltiple: consigue margen de maniobra para reorientar recursos hacia sus prioridades y obliga a estados y ONG’s a rogarle por los fondos que hasta el presupuesto 2018 eran considerados algo normal, de forma que el presidente pueda usarlos como fichas de negociación y muestras de su benevolencia.

El ejemplo de este fenómeno es la transformación del programa PROSPERA, que desde la década de los 90’s y bajo diversos nombres (Progresa, Oportunidades, etc.) había servido para que la federación canalizara a los estados cientos de millones de pesos en recursos para personal médico, pero que a partir del 2019 se convirtió en un mero padrón de becas, dejando a las entidades federativas con la necesidad de pedirle al presidente que se apiade de ellas y les envíe recursos que permitan pagar el salario de los médicos y enfermeras en campo.

Y, por supuesto, algo así pasa con las estancias infantiles y los refugios de mujeres violentadas, que han perdido sus tradicionales subsidios a cambio de un esquema de apoyos directos, de forma que los beneficiarios sepan que su gratitud debe dirigirse específicamente a la figura presidencial.

Es de resaltar que tan es prioritaria la estrategia de incrementar la fuerza de gravedad de la oficina del presidente que este incluso se ha mostrado dispuesto a desafiar a liderazgos sociales tradicionalmente muy vinculados a la izquierda del espectro político y concretamente a las redes de apoyo que lo llevaron a la presidencia, porque Obrador apuesta a que incluso si estos bastiones se enojan inicialmente con él, eventualmente le agradecerán cuando les ofrezca una solución intermedia, como sucedió con los refugios, evitando en el camino “perder autoridad”, en el sentido en que lo explicó él mismo en una conferencia de prensa.

Entonces, ¿qué esperar?

Debemos tener en cuenta que para el nuevo gobierno federal la incertidumbre no es un error o una suma de casos involuntarios, sino una táctica recurrente como parte de su estrategia para reforzar a la Presidencia de la República, debilitando en consecuencia los tradicionales contrapesos institucionales y sociales que se construyeron desde mediados de la década de los 90’s. 

Un socialista burdo, como por ejemplo Hugo Chávez cuando ya tenía el control absoluto de Venezuela, puede darse “el lujo” de caminar por las calles proclamando la expropiación de casas y comercios. Obrador está siendo mucho más sutil: amenaza y reconforta a inversionistas, políticos y ciudadanos. Nos recuerda cotidianamente que, si quisiera volverse un tirano, no podríamos impedírselo, pero que en vista de su magnanimidad no lo será, por ahora…

Entonces, ¿qué hacer?

Necesitamos construir y reforzar la fuerza de gravedad de centros de influencia independientes al presidente: empresas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, familias, etc.

Necesitamos aprender a navegar la incertidumbre que el gobierno federal ha convertido en su obra maestra, y para ello la mejor opción consiste en adaptar al análisis político una estrategia básica del futbol: al defender no hay que concentrarse en seguir los movimientos del atacante, sino los del balón.

Lo mismo en la cancha que en la política, la agilidad en los movimientos, la “gambeta” es una forma de desorientar a través de la incertidumbre, y los grandes defensas siempre tienen esto en mente; no se preocupan por los malabares del delantero, sino por el avance del balón, que en este caso son las reformas a la ley, los nombramientos y alianzas que va tejiendo el presidente.Ojos en lo prioritario, y que no nos distraiga la anécdota, porque de eso depende que podamos defender al país.

*Gerardo Garibay Camarena es editor de Wellington.mx, columnista en diversos medios digitales y autor de los libros “Sin Medias Tintas” y “López, Carter, Reagan”.

Por: Víctor H. Becerra*

Todos queremos que el porvenir de Venezuela sea distinto a su tragedia actual. Ojalá que así sea.

La caída de Nicolás Maduro se ve cerca, por primera vez en mucho tiempo. No hay forma ni escenario en que Maduro sobreviva la actual crisis. Pero no debemos olvidar que, al final, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los colectivos militarizados tendrán la última palabra. En tal sentido, la caída puede tardar unos días. O meses. Dependiendo de qué tan cara quieran vender su posición los militares.

¿Qué será de Venezuela tras la salida de Maduro? Cabe dejar clara una cosa, de inicio: La renuncia de Maduro será una salida al actual impassepolítico, pero no una solución per se.

Al respecto, por ejemplo, tomará años estabilizar la producción petrolera y más tiempo, mucho más aún, estabilizar y encarrilar a la propia economía venezolana. Incluso con una transición pacifica de gobierno, es poco probable que el proceso resulte en mejoras significativas para la población más vulnerable, de manera inmediata.

Aunque no es imposible: países como Ruanda y Sri Lanka han registrado, en los últimos diez años, aumentos en sus niveles de prosperidad tras crisis políticas, genocidios y guerras intestinas. Y es posible también en Venezuela, porque su tragedia ha sido política y económica, y por lo tanto, plenamente rectificable y superable.

Lo terrible es que por ahora, todo el programa de la oposición a Maduro se limita a desalojarlo del poder. Quizá no podía ser distinto. Pero no hay un planteamiento serio de cómo reconstruir la economía y no volver a caer en la misma situación. No hay planes, no hay planteamientos, no hay soluciones distintas a las del chavismo.

Con un doble agravante: Por un lado, muchísimos venezolanos (incluyendo parte de la oposición) quisieran un vuelta al chavismo, solo que sin Maduro, creyendo erróneamente que el fracaso generalizado de Venezuela, fue culpa de Maduro, no de Chávez, en la creencia de que “Chávez era Chávez”. Obviamente se equivocan: Chávez instituyó una forma de robo generalizado, organizado por el gobierno, con apariencias de legalidad, que destruyó la economía venezolana. Su nombre es Socialismo. Volverlo a instituir y legitimarlo es cavar más hondo el hoyo en que se encuentra el país.

En el mismo sentido, van tomando posiciones para insertarse en un hipotético futuro nuevo gobierno, expresiones políticas que uno creería irredimibles, como el llamado “chavismo democrático”. En realidad, muchos de estos “chavistas democráticos” siguen aferrados a sus ideas sobre la economía y la sociedad, a pesar de la hecatombe económica y ética que causaron, porque creen que solo ellos son capaces de reunir empatía, bondad e inteligencia; incluso, creyendo en su buena fe, siguen pensando en llegar al poder mediante el voto (como Allende, como Chavez), para desde allí tomar el control total de la economía por parte del sistema político, y partir y repartir de acuerdo a su peculiar idea de superioridad moral.

El “chavismo democrático” y tantos tránsfugas en el exilio son el mismo chavismo de siempre. Solo tuvieron la suerte de no estar en las primeras filas del chavismo e irse o encabezar instituciones “desde el exilio” antes de que los echaran (en esos periódicos ajustes de cuentas en el socialismo), o se documentaran suficientemente sus propias tropelías.

Ese “chavismo democrático” y muchos “opositores” en instituciones “desde el exilio”, son parte de los asesinos intelectuales de la economía venezolana, y de muchísimos venezolanos, triturados en las fauces de una ideología asesina.

Quizá sea inevitable contar con ellos en las tareas verdaderamente urgentes de expulsar a Maduro del poder, y de constituir después un gobierno mínimamente eficaz y representativo. Pero mal harían los venezolanos en olvidar y perdonar todos sus crímenes, y volverlos a encumbrar al poder.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Hiram Pérez Cervera*

La reciente crisis que vive Venezuela ha tomado un nuevo giro cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tomó protesta como presidente encargado en medio de una inmensa manifestación en las calles de la ciudad de Caracas. Todo esto dentro del contexto del desconocimiento al proceso electoral del año pasado, donde Nicolás Maduro resultó electo, en medio de polémicas, debido a lo dudoso que fue el resultado de los comicios[1].

Luego de asumir como presidente encargado, Guaidó recibió de inmediato el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos con lo que se desató una oleada que ya suma el apoyo de 16 países alrededor del mundo, siendo Australia el más reciente al momento en que se escribe esta nota.

Sin embargo, hubo un gran ausente dentro de todo este apoyo hacia el pueblo de Venezuela. México decidió continuar reconociendo el gobierno de Nicolás Maduro y con ello, dar de facto respaldo a su gobierno. Desde 2015, México tuvo como parte importante de su política convencer a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) de que en Venezuela existía una situación que atentaba contra la democracia y los Derechos Humanos, el resultado fue la creación del Grupo de Lima. Con el cambio de administración y la entrada del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, la política exterior ha dado un giro de 180° con el retorno de una vieja práctica política en relaciones exteriores conocida como doctrina Estrada.

Esta decisión ha causado inconformidad que va desde la sociedad hasta la esfera política, porque da la impresión de que el gobierno mexicano hace ojos ciegos a la represión que hoy suma 29 muertos[2], y la pregunta que queda por hacerse es ¿Qué es la doctrina Estrada?

Formulada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Félix Estrada en 1930, esta doctrina establece que México, en virtud del respeto a la autodeterminación de los pueblos, no hará pronunciamiento alguno sobre la calidad o legitimidad de ningún gobierno, reduciendo así las acciones a la retirada o mantenimiento del personal diplomático según sea la valoración del gobierno mexicano, misma que terminó por consagrarse en el artículo 89, fracción X de la Constitución.

Su principal función fue defender a México de una práctica en relaciones exteriores muy común en esa época, la de conseguir el reconocimiento de otros países para que el gobierno tuviese legitimidad dentro de la Comunidad Internacional, lo que propiciaba acuerdos entre potencias y países emergentes que resultaban muy desfavorables para los segundos. México, en décadas anteriores había padecido, no sólo el desconocimiento sino también de estos acuerdos desfavorables.

Con el paso del tiempo, el contexto de las relaciones entre países cambio drásticamente y estos acuerdos fueron saliendo del escenario, por lo que la principal tarea de esta doctrina perdió vigencia, incluso México tomó parte muy activa en sucesos internacionales como su protesta ante la Sociedad de Naciones, en 1938, por la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, siendo el único país en mostrar su rechazo o como su participación en caídas de gobiernos autoritarios como el de Anastasio Somoza en Nicaragua en 1970.

No debe dudarse de las intenciones con las que fue elaborada esta doctrina, sin embargo, como toda práctica o teoría política elaborada con buenas intenciones, no hay garantía de que no pueda usarse para propósitos reprochables. Una de las principales metas de esta doctrina fue la reciprocidad, es decir que, si México no hacía pronunciamientos sobre la legitimidad de ningún gobierno, esperaba que ningún país emitiera pronunciamiento alguno sobre la legitimidad del gobierno mexicano y así evitar críticas sobre la violación de Derechos Humanos, que era una constante durante el mandato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 En este punto radica la principal crítica que ha de hacerse a esta doctrina, ya que, al evitar hacer señalamientos de esta índole, México se cierra al escrutinio que otras naciones pudieran hacer sobre el proceder político del gobierno mexicano.

No pronunciarse sobre la falta de legitimidad de un gobierno, abiertamente autoritario, y apelar a la doctrina Estrada, debe ser para nosotros un aviso sobre lo que podría suceder en un futuro no muy lejano dentro de nuestro país. Tan sólo basta analizar quienes han mostrado respaldo, junto con México, al régimen de Nicolás Maduro para notar que hay bastantes gobiernos que comparten la característica de ser autoritarios. Si sumamos esta postura a las acciones emprendidas por el gobierno encabezado por López Obrador, parece que tenemos suficiente información para advertir que estamos ante el retorno de esos gobiernos autoritarios que pensamos habíamos dejado atrás en el año 2000.

¿No le parecen muchas coincidencias, estimado lector?

*Hiram Pérez Cervera es internacionalista, enfocado en el estudio del impacto de la política sobre la economía. En twitter lo encontrará como: @hiram_perezc


[1] Para más información sobre las irregularidades en la elección, consultar: https://www.lanacion.com.ar/2136369-denuncias-y-alta-abstencion-en-las-cuestionadas-elecciones-en-venezuela

[2] Fuente: https://www.excelsior.com.mx/global/se-eleva-a-29-cifra-de-muertos-por-protesta-en-venezuela/1292655

Por: Víctor H. Becerra*

Venezuela está en un laberinto, del que será difícil que salga. Es un laberinto de muchos recovecos y riesgos, dónde están metidos muchísimos actores. Pero estar conscientes de esa dificultad es el primer paso para salir.

También hay que reconocer que esa salida estará siempre a medio camino entre los principios y la realidad.

Los principios son establecer, al contrario de lo que dicen los cómplices de la dictadura, que Juan Guaidó no se “auto proclamó” presidente: La mayoría parlamentaria lo instó a asumir la Presidencia de Venezuela, de acuerdo al artículo 288 de la Constitución promulgada (ojo) por el propio chavismo. Esto al cesar automáticamente la Presidencia de Nicolás Maduro el 9 de enero pasado, al no tener legitimidad alguna la elección presidencial de mayo pasado. Entonces, el único presidente legítimo es Guaidó, por más que Maduro se autonombre y él sí se haya autoproclamado. En los hechos, Maduro está usurpando la Presidencia.

En tal sentido, que la comunidad internacional reconozca a Guaidó es una indispensable contribución a lograr que en Venezuela haya una salida pacífica y democrática, no un derramamiento de sangre. Posponer su reconocimiento bajo el disfraz de la “neutralidad” es, por el contrario, abogar por una salida a sangre y fuego del impasse, impuesta por quienes tienen el control de la fuerza.

Para dejar contentos a quienes enarbolan esa supuesta neutralidad, ¿debe negociarse con el régimen chavista? Yo creo que debe negociarse con todos los involucrados en el conflicto y por ende, también todo puede negociarse, menos una cosa: la renuncia automática del usurpador a seguir detentando el poder. Con Maduro solo pueden negociarse los términos de su renuncia inmediata.

Al respecto, ¿puede ser López Obrador un intermediario para el diálogo y la paz, como propone el gobierno mexicano? La invitación a Maduro a su toma de posesión, y el envío de una representación de su gobierno a la teatral toma de posesión de Maduro, lo descalifican como un intermediario neutral y de buena voluntad. Y lo mismo puede afirmarse con relación al gobierno uruguayo, que sostiene una propuesta similar.

Igualmente, pedir como hace la Unión Europea, a instancias del gobierno de España, que antes de reconocer al presidente Guaidó Maduro debe convocar a elecciones, es un despropósito. No repara que en Venezuela no hay un árbitro electoral imparcial y que todo el aparato de justicia está partidizado a favor del PSUV. Que hay posibles candidatos presos, inhabilitados o exiliados. Que hay partidos inhabilitados o perseguidos. Que todos los medios de comunicación están controlados por el chavismo. Así es imposible que se hagan unas elecciones limpias, convocadas y organizadas por el propio chavismo. Por tanto, Guaidó debe ser reconocido como presidente, sin ninguna condición previa, porque así lo marca la propia Constitución venezolana.

Hasta aquí los valores que se deben privilegiar en la construcción de una salida al laberinto venezolano. Pero la realidad también cuenta y debe considerarse con la misma atención.

La realidad es que Maduro sigue manteniendo el control de las Fuerzas Armadas y éstas son las que impiden que éste se desplome, arrastrándolas con él. Sin ellas, Maduro sería un mero extra cinematográfico o un figurín de moda. Y no lo es, por desgracia.

Considerando que Maduro no dejará de motu propio el poder, mientras siga contando con el monopolio de la fuerza, ¿debe prometer Guaidó algo más allá de la Constitución para que Maduro abandone pacíficamente el poder? Para la mayoría, eso es anatema: quizá lo único que creen debe prometérsele es realizar un referéndum para legislar una amnistía y poco más.

Al respecto, muchos creen, legítimamente, que millones de venezolanos debieron de abandonar todo y huir al exilio, donde sobreviven mendigando, por lo que no sería justo que a cambio, a Maduro (y en general a la plana mayor del chavismo) se le dejara tranquilo con sus riquezas mal habidas, viviendo impunemente fuera del poder.

La verdad es que pensar en desocupar a Maduro sin darle alguna garantía, sin negociar con la Fuerza Armada Nacional y ofrecerle algo a sus mandos (considerando que perderán sus negocios en el narco y otras actividades ilegales), o sin negociar con Rusia o China, poseedores reales del petróleo venezolano y cuya posesión se vería en peligro (negociando en contrapartida posiciones en Medio Oriente o en el Extremo Oriente o el retiro de algunas sanciones económicas) no es realista. Está bien ser puro o principista en la filosofía política, pero la real politik es otra cosa. Como dice mi amigo y tocayo venezolano, Hugo González @hugonz: “Si saben que van a terminar presos, no entregan nunca el coroto ni por las malas”.

Igualmente, debe considerarse que prolongar el conflicto sin negociar, creyendo que solo la movilización de la ciudadanía presionará al régimen, podría ser una estrategia que termine jugando a favor del autócrata. Lo mismo creer que la presión internacional será suficiente, lo que podría terminar asustando a los ciudadanos indecisos pero nacionalistas, aglomerando a las fuerzas pro gubernamentales y dando justificaciones al régimen para presentarse como víctima y tomar medidas represivas más duras.

Finalmente, debe tenerse siempre en mente que con Guaidó o con quien sea quien finalmente sustituya a Maduro (incluyendo un personero del chavismo, como podría ser Tareck El Aissami), la sociedad venezolana seguirá creyendo que es el Estado quien crea y debe partir y repartir (y quedarse con la mayor parte) de la riqueza, por encima del mercado. Y que incluso, con Guaidó (un convencido socialdemócrata, cuyo partido está afiliado a la Internacional Socialista) las cosas podrían cambiar poco o casi nada en lo económico. En tal sentido, no tener demasiadas ilusiones sobre Guaidó y su futuro gobierno, sería razonable: daría tiempo y calma a su gobierno para implementar y corregir las primeras medidas necesarias y dolorosas. Ese posible gobierno tendrá un aprendizaje duro, largo y quien sabe si infructuoso al final.

*Víctor H. Becerra es Secretario general de México Libertario. En Twitter: @victorhbecerra

Por: Gerardo Garibay Camarena*

Mañana Venezuela se juega la vida.

Mañana el pueblo venezolano tiene una oportunidad irrepetible para sacar al tirano de la presidencia. Está convocada una manifestación a nivel nacional, en respaldo de la democracia, de las instituciones mancilladas por Nicolás Maduro y de la Asamblea Nacional, que es la única autoridad legítima jurídicamente hablando.

Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea es (de acuerdo a la ley) el verdadero presidente de Venezuela, y así lo están reconociendo cada vez más gobiernos. Este asambleista, desconocido hasta hace unos meses, tiene la responsabilidad inmensa de consolidar una salida en paz a la pesadilla del chavismo.

Ya en 2002 los venezolanos pudieron liberarse del chavismo. El grupo a cargo del golpe de estado logró incluso arrestar a Hugo Chávez, pero fracasaron, porque no hubo consenso entre los opositores. Chávez regresó al poder unas horas después y el resto de la historia la sabemos todos.

Han pasado casi 17 años desde entonces, 17 años en que los venezolanos han pagado con sangre y lágrimas su estupidez doble de llevar a Chávez al poder y de luego no respaldar el golpe de estado.

Tras casi dos décadas de locura y delirio, Venezuela puede regresar a tierra, para empezar desde cero a reconstruir lo que destruyó Chávez y pulverizó Maduro. Suena improbable, la verdad, pero incluso así vale la pena la esperanza de intentarlo.

Los opositores venezolanos no son maravillosos ni inmaculados, pero son lo menos malo que hay en el escenario actual de un país que se ha sumido en un barranco muy profundo.

Mañana, líderes y ciudadanos se juegan la vida, para corregir los errores pasados y mantener vivo el anhelo del camino hacia un futuro libre de la tiranía. Los acompañamos, a la distancia de los kilómetros, pero en la solidaridad de la esperanza.

A ellos, mis mejores deseos, por ellos mis oraciones y nuestra atenta mirada, para aprender.

*Gerardo Garibay Camarena is a Mexican writer and political analyst with experience in the private and public sector. He’s editor of Wellington.mx, author of two books – Sin Medias Tintas and López, Carter, Reagan – and a weekly columnist for many online news organizations.